CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Entre enero a diciembre de 2025, tiempo que coincide con el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acontecieron 338 agresiones contra mujeres periodistas, lo cual representa un aumento en comparativa con el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador en el que se registraron 154 casos, de acuerdo con el último informe de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) "Entre el discurso y la desprotección".

Los hallazgos de CIMAC indican que el año 2025 se posicionó como el año más violento para las mujeres periodistas, por lo que consideran que las directrices gubernamentales no se han modificado de fondo, es decir, no se han tocado las estructuras que sostienen esa violencia, por eso la organización manifestó que:

Aunque el contexto político actual se presenta como un “tiempo de mujeres”, los datos recabados en esta investigación evidencian que la presencia de mujeres en los más altos cargos de poder político no se ha traducido en condiciones reales de libertad de expresión, seguridad, protección, acceso a la justicia, ni garantía de derechos humanos para las periodistas.

Es de resaltar que Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) genera este tipo de documentación desde hace más de 18 años para visibilizar la violencia en que viven las mujeres periodistas cuando se enfrentan a agresiones o violaciones de sus derechos humanos por su labor y lo han hecho en los diferentes sexenios a través de su Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG).

Se detalló que parte de su metodología para recabar esta información realizan un Acompañamiento Integral Feminista (AIF) hacia las mujeres periodistas el cual coloca en el centro el cuidado colectivo, su autonomía y la defensa del derecho a informar y a la libertad de expresión.

Y es a través de esto que logran reconocer que la violencia contra las mujeres periodistas es una consecuencia directa de las desigualdades estructurales y de la asimetría de poder entre mujeres y hombres, y que su erradicación exige respuestas institucionales diferenciadas, integrales y con perspectiva de género.

Ahora, este monitoreo realizado por el Programa de Libertad de Expresión y Género (PLEG) de CIMAC, señalan que los 338 casos registrados en el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo representan un récord histórico y supera las 245 agresiones documentadas en el mismo periodo del 2020, año que hasta ahora ocupaba el primer lugar.

Este informe indica que la Ciudad de México concentró la mayoría de los casos (18.93%) seguido de Coahuila (11.24%), Guerrero (10.06%), Puebla (9.17%) y Baja California (7.4%), para la organización esto no indica que la capital es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo, sino que se trata de un espacio de acogida para las periodistas desplazadas internamente por motivos de seguridad.

Entre los tipos de agresiones persisten las amenazas (14.79%), descrédito de su labor y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campaña de desprestigio (8.88%). En los casos donde existen graves violaciones a los derechos humanos se encuentra la privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, agresión sexual, feminicidio y atentado.

Entre los perfiles de las mujeres periodistas agredidas, el PLEG encontró que la mayoría fueron directoras (41.12%), reporteras (38.46%), columnistas (3.85%), locutoras (3.55%) y periodistas de investigación (3.25%). La mayoría de ellas laboraban en medios digitales (68.93%) o impresos (10.36%) y se dedicaban a las fuentes de política, derechos humanos, seguridad y sociedad.

Respecto a los perpetuadores de violencia, la mayoría fueron funcionarios estatales (19.53%), funcionarios municipales (12.72%), civil (11.83%), otros periodistas (8.58%) y medio (7.1%). Dichas mujeres fueron violentadas desde espacios institucionales, comunitarios, digitales, laborales y feminicidas en los cuales se ejerció violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual.

«Cada agresión documentada por CIMAC en este informe, no es únicamente un registro estadístico, sino la huella imborrable de una voz que se negó a callar y de una red que se activó para acompañarla. Nombrar esta fuerza colectiva no exime al Estado de su responsabilidad; al contrario, deja en evidencia que, mientras el poder falla en garantizar derechos humanos, son las propias mujeres quienes sostienen la defensa de la libertad de expresión» -Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

CIMAC advirtió que en los últimos 23 años ha existido una tendencia preocupante, ya que la violencia contra las mujeres periodistas está cerrando la brecha histórica respecto a las agresiones dirigidas contra los hombres, lo cual menciona que dicho acercamiento numérico debe interpretarse como una alerta sobre la intensificación de violencia contra ellas en un contexto donde su presencia en el espacio público y mediático es incómoda para los actores de poder.

Para CIMAC, la violencia contra las mujeres periodistas también responde a la calidad democrática en el país, pues intentar silenciar a una periodista mediante amenazas, estigmatización o violencia basada en el género vulnera los derechos individuales y limita el derecho de la sociedad a estar informada.

Vías empleadas contra las periodistas

CIMAC también identificó que el acoso judicial es una práctica empleada para restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que durante 2025 se documentaron 16 casos contra mujeres periodistas. En dichos casos predomina la violencia económica ya que son demandadas por provocar daños morales y patrimoniales. A esto se suma la violencia psicológica que se manifiesta por las medidas impuestas por las sentencias.

En algunos casos las obligan a eliminar sus publicaciones y ofrecer disculpas lo cual desacredita su trabajo ante la sociedad y su propio gremio. La organización señala que el efecto del acoso judicial es castigar a las periodistas que cuestionan el poder político, indagan sobre los recursos públicos, denuncian actos de corrupción o nepotismo, visibilizan redes macrociminales o exponen casos de violación a derechos humanos.

Instrumentalizar el sistema de justicia para castigar el ejercicio periodístico crítico mediante demandas por daño moral o violencia política contra las mujeres en razón de género, constituye una forma de censura institucional que no solo repercute en las periodistas directamente involucradas, sino que envía un mensaje disuasivo al resto del gremio. Ello evidencia, además, una profunda asimetría en el acceso a la justicia, que refuerza la impunidad y legítima estas prácticas como mecanismos eficaces de silenciamiento -Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).

De esta manera, las periodistas quedan en situación de vulnerabilidad y expuestas a un sistema que no juzga los casos con perspectiva de género convirtiéndose así en un mecanismo de intimidación. Generalmente son denunciadas por daños patrimoniales, morales, económicos y en el último año por violencia política de género, una figura creada para proteger a las mujeres en el espacio político, pero que está siendo instrumentalizada contra las periodistas.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 494 personas han sido registradas y 447 han sido sancionadas, de las cuales, 84 personas son periodistas, o entran dentro de alguna otra categoría referente a medios de comunicación; de estas, 11 son mujeres.

Sanciones por violencia política en razón de género son usadas como herramienta de censura – cimacnoticias.com.mx

CIMAC señaló que los fallos y las penas impartidas por incurrir en Violencia Política de Género y su relación con la libertad de expresión y la protección de los derechos políticos-electorales deben abordarse con criterios proporcionados, es decir, considerar si existe un componente de crítica política y descalificaciones fundamentadas en el género: «Por ello, las resoluciones judiciales deberían considerar tanto la intención comunicativa como el impacto real de los mensajes difundidos, evitando sancionar expresiones cuyo objetivo principal sea informar o inspeccionar el poder público», advierte la organización.

Finalmente, CIMAC considera que este informe demuestra que las formas de violencia contra las mujeres periodistas se reconfiguraron. Las agresiones físicas ahora coexisten con formas más normalizadas y sofisticadas de violencia, como la estigmatización desde el poder, las campañas de desprestigio, la violencia digital que se potencia con tecnologías como la inteligencia artificial, así como la instrumentalización del sistema legal para silenciarlas.

Con información de CIMAC.