CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde hace más de 10 años un empresario mexicano invirtió y perdió miles de dólares para consolidar la llegada oficial de las aeronaves de Gippsaero Mahindra Aerospace a México y, luego de un litigio que fue resuelto de manera “exprés”, una Corte de Estados Unidos lo condenó a pagar más de 70 mil dólares a la empresa que afirma que lo defraudó.

Alfonso Salas Cabrera, socio fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Aeronáutica, afirmóque, en este caso, no sólo perdió el dinero de su inversión, sino que para defenderse ante la justicia estadunidense pagó cerca de medio millón de dólares a abogados que quedaron atados de manos ante una juez que dictó resoluciones contradictorias, permitió que el juicio continuara sin la comparecencia de la empresa demandada e incluso le subsanó algunas fallas técnicas.

El hombre solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, mediante un apoyo consular, el gobierno mexicano estuviera enterado de que estaba siendo víctima de la justicia estadunidense, pero no obtuvo respuesta.

El caso se inició en 2016 cuando Salas Cabrera demandó a Gippsaero Mahindra Aerospace, empresa hindú fabricante de aeronaves australianas, con la que dos años antes el ingeniero pactó la entrega de una aeronave demostradora que sería la primera en México, misma que no se concretó pese a que él pagó la cantidad requerida por la empresa para la fabricación del avión.

En el proyecto el ingeniero figuraba como socio mayoritario, pero finalmente la empresa entregó la aeronave a otra moral de Florida por 33% de su valor real.

Por ello en 2016 Salas Cabrera acudió a la justicia estadunidense para demandar a la empresa australiana por fraude, pero no fue sino hasta 2022 que el caso comenzó a avanzar, pues los representantes legales de Gippsaero Mahindra Aerospace debían trasladarse desde India y Australia, lo que produjo diversos retrasos en el litigio.

Durante el juicio el Tribunal de Circuito del Décimo Noveno Circuito Judicial en y para la India, condado de River, Florida, encabezado por la jueza Cynthia L. Cox, citó a audiencia en la que el CEO de la empresa demandada sería interrogado y advirtió que hasta en tanto no se presente físicamente, no continuaría con el proceso.

Luego de observar las dificultades que representaba el traslado de quienes debían ser interrogados, la juez les permitió llevar las audiencias por videoconferencia sin que los demandados se presenten a varias de estas diligencias.

Tanto la Corte como los abogados de los demandados se mantenían todos ellos informados en todo momento a través y con copias de los correos electrónicos que se generaron entre ellos mismos y dirigidos con copia transmitidos y retransmitidos también a personas que no pertenecían al proceso y que no estaban nombrados en el mismo, inclusive a entes civiles y jurídicos que no tenían que ver en el litigio y no tenían conexión con los hechos -comentó Salas Cabrera a Proceso.

“De esta forma, enviaban información confidencial de las actuaciones, acuerdos, comunicados, programaciones de audiencias, observaciones, comentarios, resoluciones, eventos en planeación y demás, para mantenerse avisados e informados en todo momento, sobre los avances y estrategias que se realizaban en el juicio, esto ayudó a tener información de primera mano y en línea de tiempo actualizada, que les ayudó a pulir las acciones estratégicamente para debilitar las resoluciones en el proceso”.

La empresa solicitó a la juez llevar el caso como un juicio sumario, es decir, resolver sin desahogar todas las pruebas confiando que la ley favorece a quien lo solicita.

Inicialmente el tribunal rechazó la petición, pero el 10 de mayo de 2022, mediante una audiencia realizada por videoconferencia, la juez Cox dictó sentencia de juicio sumario en la que falló en contra de Salas Cabrera.

Según el fallo, desde el 25 de julio de 2016 la empresa demandada le envió al ingeniero una propuesta de acuerdo para concluir con el litigio, pero el empresario tampiqueño no la aceptó.

Por lo que la juez no sólo declaró que Salas Cabrera no tenía razón en su argumento de que la empresa extranjera le robó dinero, sino que lo condenó a indemnizarla por los gastos que realizó para enfrentar el litigio.

“(Los demandados) tienen derecho a recuperar una indemnización por honorarios y costos de abogados razonables a partir de la fecha de notificación de la propuesta de acuerdo (26 de julio de 2016) en adelante”, dice el fallo al que Proceso tuvo acceso.

“Como parte vencedora, los demandados tienen derecho a recuperar los costos incurridos por ellos desde el inicio de esta acción”.

En el fallo la juez explicó que la empresa obtuvo este derecho porque la legislación vigente en Florida establece que, si una de las partes ofrece un acuerdo de buena fe para concluir el litigio y éste no es aceptado, si gana el juicio, entonces debe ser indemnizada con lo que se evita que las personas en dicho estado rechacen ofertas de acuerdos supuestamente razonables para mantener vivos litigios que podrían no tener fin.

Abandono

Para calcular el monto de la indemnización la juez consideró el número de horas empleadas por los abogados de la empresa para trazar la defensa, la dificultad del litigio y la habilidad requerida para llevar el asunto.

Al considerar que el despacho que representó a Mahindra Aerospace invirtió 222.3 horas para dar el servicio de defensa por una tarifa de 300 dólares la hora, condenó a Salas Cabrera a pagar 66 mil 690 dólares por los honorarios de los abogados más dos mil 529.42 dólares por lo que pagó la empresa para otros trámites dentro del litigio.

Es decir, un total de 69 mil 219.42 dólares más los intereses que se han generado desde 2022 y hasta la fecha en que Salas Cabrera no ha podido pagar.

Eso, debido a que el mexicano intentó que la SRE interviniera para obligar al tribunal a respetar su derecho al debido proceso, pues mientras que el empresario sí fue interrogado por los abogados de la empresa durante el juicio, él no pudo interrogar a ninguno de los demandados y, al resolver el caso como juicio sumario, prácticamente no pudo desahogar ninguna prueba en su favor.

“Se avisó a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde antes de iniciar, durante y después del proceso judicial sin que tomara una acción al respecto, hubo actos de indiferencia y omisiones de su parte que propiciaron el resultado del indebido proceso en Estados Unidos”, lamentó el empresario mexicano.