Ecuador
Ecuador: tras la "muerte cruzada", un volátil escenario social y político
Guillermo Lasso optó por disolver por decreto al Parlamento pese a que, con esa decisión, la ley lo obliga a solicitar una convocatoria a nuevas elecciones y abandonar de manera anticipada el cargo. “Fue un suicidio político de un presidente muy impopular", dice un especialista.
Después de decretar la “muerte cruzada” –figura jurídica que le permite disolver el Parlamento, pero lo obliga a convocar elecciones–, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispone de seis meses para gobernar por decreto. En ese periodo tendría la facultad de imponer reformas neoliberales que –a decir de analistas consultados por Proceso– pueden “incendiar las calles” y ahondar la crisis institucional que sacude al país.
BOGOTÁ (Proceso).– Acorralado por el Congreso, que lo tenía sometido a un juicio político que pudo haber culminado con su destitución, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso optó por disolver por decreto al Parlamento pese a que, con esa decisión, la ley lo obliga a solicitar una convocatoria a nuevas elecciones y abandonar de manera anticipada el cargo.
“Fue un suicidio político de un presidente muy impopular, que ha hecho una pésima gestión de gobierno, y que ahora deja a Ecuador a las puertas de una crisis política y social que puede hacer de este país un polvorín”, dice a Proceso el profesor Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Lasso, quien esta semana cumple dos años en el cargo, invocó por primera vez en Ecuador dos artículos de la Constitución promulgada en 2008 por el entonces mandatario Rafael Correa –su principal adversario político–, los cuales se conocen como “muerte cruzada”. Esto, porque si un gobernante disuelve el Congreso, él también deberá dejar el cargo en un plazo máximo de seis meses, mientras se realizan nuevos comicios legislativos y presidenciales.
En un decreto emitido de manera sorpresiva la noche del miércoles 17, el acaudalado banquero de orientación neoliberal justificó su decisión con el argumento de que enfrenta una “grave crisis política y conmoción interna”, lo cual fue refutado por legisladores de todos los partidos de oposición que demandaron ante la Corte Constitucional la nulidad de la medida.
El tribunal, sin embargo, inadmitió el jueves 18 las demandas al señalar que carece de competencia para pronunciase sobre las causas que llevaron al presidente a disolver la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).
Ese mismo día el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio del proceso para realizar en agosto próximo –tentativamente el 20 de ese mes– las elecciones extraordinarias presidenciales y legislativas.
En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga la mayoría absoluta de los sufragios válidos, en octubre próximo se realizaría una segunda vuelta electoral entre los dos más votados en la primera ronda.
Lasso, quien puede ser candidato en los nuevos comicios, tiene un plazo de seis meses, o hasta que sea relevado del cargo, para gobernar por decreto, lo que ha llevado a la oposición y a organizaciones sociales a expresar sus temores de que el mandatario aproveche esa facultad extraordinaria para imponer su agenda neoliberal, entre las que figuran una reforma de flexibilización laboral y una nueva ley para incentivar la inversión privada.
El mismo jueves 18 el mandatario firmó su primer decreto ley, que consiste en una reforma tributaria que amplía el techo de exoneraciones fiscales en función del número de miembros de cada familia. Pero esa no es la más polémica de sus propuestas.
De acuerdo con la ley, todos los decretos que emita el gobernante deben ser aprobados por la Corte Constitucional, aunque este tribunal sólo puede hacer una revisión jurídica de los documentos, no de su contenido.
“El problema –dice Daniel Pontón– es que esas leyes que piensa expedir Lasso por decreto van a causar mucho revuelo político y pueden incendiar las calles. Son muy controversiales, y el problema para Lasso no va a estar en la Corte Constitucional, sino en las calles”.
El sociólogo, maestro en política pública y especialista en seguridad, sostiene que lo que se perfila es una campaña electoral enconada y con un tono “anti-Lasso” muy marcado, en especial si el presidente opta por decretar a como dé lugar leyes que han sido rechazadas de antemano por el muy activo movimiento indígena ecuatoriano, cuyas movilizaciones han provocado en el pasado la caída de varios mandatarios.
La violencia criminal, telón de fondo
Lasso llegó al poder hace dos años tras derrotar en una reñida contienda al candidato del izquierdista movimiento Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz. Desde el principio de su mandato enfrentó una fuerte oposición en la Asamblea Nacional, donde ese partido, del expresidente Rafael Correa, tiene el bloque mayoritario. A Lasso nunca lo ayudó su mala gestión de gobierno.
Uno de los factores que más pesa en el ánimo de los ciudadanos es el estallido de violencia registrado durante el breve mandato del todavía presidente, quien igual que lo hiciera en México en 2006 el entonces mandatario Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. En los hechos, los homicidios aumentaron 82% en 2021 con respecto de 2020, y en 2022 el repunte de ese delito fue de 86% en relación con el año previo.
Los principales responsables de la creciente inseguridad pública son los grupos criminales involucrados en el tráfico internacional y doméstico de drogas y que están relacionados con los cárteles mexicanos, los cuales los abastecen de armamento de alto poder, que los ha envalentonado.
Los Choneros, por ejemplo, son socios del Cártel de Sinaloa, y Los Tiguerones trabajan para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Y esto se traduce, para Ecuador, en un infierno. Durante el gobierno de Lasso los homicidios no sólo se han triplicado, sino que las expresiones de violencia son cada vez más atroces. Han aparecido cadáveres colgando de puentes, se registran atentados con explosivos y han muerto niños en medio de los enfrentamientos entre las bandas ligadas a los cárteles mexicanos.
El juicio político por corrupción al que el Congreso sometió a Lasso se produjo en un contexto de extrema fragilidad para el gobernante conservador. La mayoría de las encuestas indican que más de 80% de ecuatorianos rechaza su labor y que dos tercios aprueban el proceso legislativo en su contra.
Más de 60% de los ciudadanos considera que el principal problema del país es la violencia y 12% considera que el mayor problema es el presidente.
Para Daniel Pontón, el presidente tiene “un grave problema de gestión” que se ha visto reflejado con especial énfasis en el tema de la seguridad. Por un lado, dice, el mandatario declara retóricamente la guerra contra el narcotráfico y, por otro, le reduce el presupuesto a la policía en aras de la estabilidad macroeconómica, y los agentes carecen del equipo táctico y el armamento para combatir a las bandas criminales.
“Esto es algo que indigna mucho a la gente”, señala Pontón, quien ha sido asesor de anteriores gobiernos en materia de seguridad.
La voz de la calle
El presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, consideró la misma noche del miércoles 17 que la disolución del Congreso fue un “autogolpe de Estado” de Lasso para salvarse “de su inminente destitución” por parte del Congreso.
Iza, quien el año pasado lideró masivas protestas contra la política económica de Lasso, que semiparalizaron al país, dijo que Conaie permanecerá “en alerta” frente a las medidas que anuncie el mandatario y rechazará las decisiones que afecten “los derechos y bolsillos del pueblo”.
El dirigente indígena responsabilizó a las Fuerzas Armadas y a la policía de “cualquier atentado” que se pudiera presentar contra la ciudadanía y las organizaciones sociales. El año pasado, las protestas encabezadas por la Conaie fueron reprimidas y dejaron seis muertos.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical de Ecuador, también anunció que convocará a masivas protestas si Lasso emite decretos ley que afecten los intereses de los trabajadores, como la reforma de “flexibilización laboral” que prepara el mandatario.
Luego de que Lasso optara por la “muerte cruzada”, los militares respaldaron la medida a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proano, quien rodeado del alto mando dijo que la decisión del presidente está respaldada en la Constitución y, por tanto, “debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.
Desde el miércoles 17 por la noche, la sede de la Asamblea Nacional permanece rodeada por un cordón de soldados que impide ingresos al recinto.
Franklin Ramírez, doctor en sociología política de la Universidad París VIII, afirma que Lasso puso a los militares “como árbitros del conflicto y como intérpretes constitucionales” y los usa “para emplazar a los órganos institucionales a acatar su resolución”.
De acuerdo con Ramírez, pese a que la Corte Constitucional rechazó las demandas contra la “muerte cruzada” que decretó el presidente, otros tribunales de justicia podrían pronunciarse contra la medida y restituir el mandato de la Asamblea Nacional, lo que pondría al país “en un escenario de choque institucional del más alto nivel”.
Por eso, dice el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, Lasso “conminó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse”.
Para el internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, la crisis ecuatoriana estalló por tres factores: la creciente inseguridad pública ligada al narcotráfico, la insistencia de Lasso en promover reformas impopulares y la imputación por peculado (malversación de fondos públicos) contra el presidente.
La mayoría opositora del Congreso acusa al mandatario de haber mantenido vigente un contrato con la firma de transporte de petróleo Amazon Tanker Pool Company, pese a que las recomendaciones de expertos del gobierno para ponerle fin, por resultar lesivo para las finanzas públicas.
Pese a su impopularidad, Lasso podría optar por presentarse como candidato presidencial en las elecciones extraordinarias, no tanto para aspirar a repetir en el cargo sino para mantener su vigencia política y aspirar a impedir que continúe su juzgamiento por corrupción en el futuro.
En todo caso, Jaramillo Jassir, doctor en ciencia política de la Universidad de Toulouse I, advierte que si el presidente se empeña en imponer su paquete neoliberal en estos meses que le quedan de mandato, Ecuador “se volverá un país ingobernable”.
Lo que viene
El partido más grande de Ecuador es Revolución Ciudadana, del expresidente Correa, quien tiene una condena por corrupción y vive exiliado en Bélgica. Fue el movimiento político más votado en los comicios municipales de febrero pasado y el que más alcaldías obtuvo, con 50, entre ellas las de Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país.
Para el profesor de la Flacso Franklin Ramírez, el partido de Correa es el que luce “mejor parado” en el proceso electoral extraordinario que ya está en marcha, y aunque es difícil que logre una victoria en la primera vuelta presidencial, podría aumentar su número de congresistas.
Estas elecciones, sin embargo, son para completar el mandato presidencial de Lasso y el de los congresistas de la Asamblea Nacional, por lo que los candidatos que resulten electos cumplirán un periodo de sólo dos años en sus cargos, hasta 2025, cuando se volverán a realizar comicios generales.
En esas condiciones, Revolución Ciudadana deberá decidir si su candidato presidencial de 2021, Andrés Arauz, se presenta en esta contienda o si lanza un nuevo rostro con miras a gobernar durante los próximos dos años, en una suerte de periodo de transición.
El segundo partido más votado en Ecuador es el indigenista Pachakutik, que es el brazo político de la Conaie, pero que está debilitado por sus divisiones internas. Una opción de ese movimiento puede ser Yaku Pérez, quien fue su candidato presidencial hace dos años y se ha mantenido al margen del conflicto entre sus copartidarios.
De acuerdo con Ramírez, aunque la derecha está debilitada, los partidos Social Cristiano y CREO –este último de Lasso– podrían aprovechar la nueva coyuntura electoral para recomponerse a través de figuras radicalizadas como Pedro Freile y Fernando Villavicencio, quienes ofrecen mano dura contra la delincuencia en momentos en que el país vive la peor crisis de violencia de su historia moderna.
“Pero por ahora el escenario electoral se vislumbra todavía incierto”, asegura Ramírez.
