Aunque desde 2017 se reveló el primer contrato de la entonces PGR para adquirir el sistemas espía Pegasus en 2014, la FGR anunció apenas el pasado lunes 15 que abrió una investigación contra cuatro exfuncionarios que firmaron la adquisición. No obstante, la tecnología de espionaje ha sido utilizada con impunidad en tres gobiernos, del de Felipe Calderón al de López Obrador, y pese a las múltiples denuncias la FGR sólo ha logrado una vinculación a proceso.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de seis años sin reportar avances significativos en sus investigaciones sobre el uso ilegal del spyware Pegasus, incluido el ejercido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación contra cuatro exfuncionarios involucrados en un contrato que abarcó la adquisición de esa tecnología el sexenio pasado, incluyendo al exfuncionario Tomás Zerón de Lucio.

Sin embargo, el escueto boletín que publicó la dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero el pasado 15 de mayo despierta dudas sobre la calidad de su investigación, pues se limitó a señalar a las personas que firmaron el primer contrato que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) celebró con una empresa intermediaria en 2014, por 460 millones de pesos, el cual fue revelado en el noticiero de Denise Maerker, en Televisa, el 29 de junio ¡de 2017!

La FGR no dijo ni una palabra sobre los funcionarios de la misma PGR que firmaron las renovaciones de licencias en años posteriores, ni sobre los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que también compraron el spyware en el sexenio pasado, y tampoco habló de los militares que han adquirido Pegasus para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2011 hasta la fecha.

Tanto la temporalidad como el contenido del boletín llamaron la atención de Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que ha dado seguimiento puntual al tema de Pegasus en México desde 2017.

El abogado recuerda que la FGR lanzó su comunicado para anunciar que está “en espera” de la celebración de una audiencia inicial por el caso, lo que se equipara a admitir que todavía no ha conseguido ninguna vinculación proceso. “No dice que obtuvo una orden de aprehensión; dice que está integrando una investigación y esperando que el Poder Judicial lo deje presentársela. Esto no es noticia, es extraño que lo hayan sacado en ese momento”, afirma.

En su opinión, el anuncio de la FGR consistiría en realidad en una estrategia de “control de daños” del gobierno federal, ya sea por los numerosos casos de espionaje ilegal que se han documentado durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero también por otros casos que podrían salir en un futuro próximo. “Me parece que buscan revertir esta sensación de impunidad, pero sin ir por responsables de más alto nivel, sin una búsqueda de justicia real”, comenta García en entrevista con Proceso.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2429 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.