CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Compañía de Jesús y el Sistema Universitario Jesuita en México se sumaron a la condena por el espionaje a directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a través del software Pegasus, operado en el país exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de 2019.

Al recordar que en 2017 directivos de la organización civil que pertenece al sistema jesuita de defensa de derechos humanos, fueron espiados a través del mismo software, en pronunciamientos por separado la congregación religiosa y el sistema educativo reconocieron el trabajo en defensa de derechos humanos del Centro Prodh durante 35 años.

Asimismo, reprobaron que el software se utilice para intervenir comunicaciones de más defensores y periodistas, como lo han demostrado los peritajes de Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

La Compañía de Jesús recordó que la organización se ha destacado por “promover los derechos humanos, dar acompañamiento integral a las víctimas y sobrevivientes, defender causas emblemáticas como Tlatlaya, Ayotzinapa y Atenco, y casos recientes como el asesinato de nuestros hermanos (sacerdotes jesuitas)  Joaquín Mora y Javier Campos, en Cerocahui, Chihuahua”.

Al resaltar que el Centro Prodh ha “señalado constantemente los riesgos de la militarización de la seguridad pública en las comunidades más vulnerables y en todo el país”, la Compañía de Jesús exigió garantías de seguridad  e integridad para los integrantes de la organización y que “se informe sobre los avances de las denuncias realizadas en 2017 y se realice una investigación exhaustiva de estos nuevos ataques”.

El Sistema Universitario Jesuita en México consideraron preocupantes las revelaciones de que el usuario del sistema Pegasus es el Ejército y puntualizó que el espionaje a defensores y periodistas “carece de toda justificación en términos de seguridad nacional, más allá de la posible afectación a los intereses de las Fuerzas Armadas.

Apuntó que “los actos ilegales de espionaje además de numerosos abusos a los derechos de las personas, son producto directo de la participación militar en tareas de seguridad pública, entre otras funciones propias del gobierno civil”.

Tras celebrar la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideró inconstitucional la intervención de comunicaciones y la geolocalización por parte de instituciones castrenses en caso de personas civiles, el Sistema Universitario Jesuita resaltó que las evidencias confirman “la necesidad de adoptar medidas específicas para asegurar la excepcionalidad de la participación castrense en tareas ajenas a la seguridad nacional, y restablecer el control civil”.

Las universidades jesuitas consideraron que el espionaje ilegal “genera un efecto negativo en general ya que provocan una pérdida de confianza en las autoridades que impide a las personas expresar libremente sus opiniones políticas, denunciar la comisión de delito o hablar con personas periodistas o defensoras como testigos o víctimas de violaciones a derechos humanos”.

En un acto de solidaridad con el Centro Prodh las universidades jesuitas puntualizaron que “hoy nos corresponde alzar la voz por aquellos y aquellas que defienden nuestros derechos y acercan la justicia a las víctimas”.