CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reprobó el despliegue de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, por ser una corporación militarizada que “reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza”.

En respuesta al incidente del sábado pasado en la Línea 3 del Metro, en el que una estudiante universitaria murió y más de 100 personas resultaron lesionadas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este jueves a partir de las 14:00 horas se desplegarán más de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional por las estaciones del Metro ante “episodios fuera de lo normal”.

Ante ello, en su cuenta de Twitter, el Centro Prodh hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), como parte de los “mecanismos extraordinarios de supervisión”,  para que actúe “en fidelidad a su historia, sea contrapeso frente a la militarización de la Ciudad de México”.

La organización recordó al organismo presidido por Nashieli Ramírez, que sigue sin resolución quejas presentadas por vecinos de las alcaldías Azcapotzalco y Xochimilco “contra la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional”.

El miércoles 11, el Centro Prodh ya había alertado sobre “los riesgos de tener una Guardia Nacional militarizada”, al fijar un posicionamiento sobre la presunta ejecución extrajudicial de dos jóvenes por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Jiménez, Chihuahua, luego de que en redes sociales se viralizara el ataque perpetrado por los elementos castrenses a una camioneta en la que viajaban las víctimas.

“Urgen controles civiles externos que monitoreen el uso de la fuerza de la Guardia Nacional y las instituciones castrenses que hoy realizan funciones de seguridad”, señaló la organización.

Tras solidarizarse con los familiares de los jóvenes acribillados, el Centro Prodh resaltó que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza “no está siendo cumplida”.

Asimismo consideró que “los hechos no deben quedar impunes”, sino que “deben ser investigados por las autoridades civiles”.