CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tres días después del choque de trenes en la Línea 3, que dejó una persona sin vida y 106 lesionadas, fue presentada la primera denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra siete autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), incluido el director general, Guillermo Calderón.

Cristopher Estupiñán, abogado de más de 20 víctimas del colapso de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, informó que el martes 10 presentó la denuncia en representación de una de las víctimas y advirtió que está “en pláticas” con otras personas afectadas por el hecho ocurrido el sábado 7 entre las estaciones La Raza y Potrero a las 9:16 horas. 

La denuncia está dirigida a la fiscal Ernestina Godoy y acusa a las siguientes autoridades: 

• Guillermo Calderón Aguilera, director general
• Nahum Leal Barroso, subdirector general de Mantenimiento.
• Alberto García, exsubdirector de Operaciones, separado del cargo el domingo 8.
• Omar Moya Rodríguez, director de Instalaciones Fijas. 
• José Alberto González López, director de Mantenimiento de Material Rodante.
• Honorio Jiménez Sámano, gerente de las líneas 1, 3, 4 y 12.
• Concepción Ortega Vargas, gerente de Instalaciones Eléctricas.
• Todos aquellos quienes resulten responsables del hecho.

La acusación es por omisión de sus obligaciones e incumplimiento de sus actividades, según el Nuevo Estatuto Orgánico del STC Metro, “por no haber garantizado la seguridad de los usuarios y por no haber cumplido con su deber de vigilar determinadas fuentes de peligro”.

Ello, agregó, pese a que durante todo el 2022, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC) “alertaron y exigieron” a las autoridades que les dieran las herramientas necesarias para brindar el

servicio de manera eficiente y segura. El abogado ofreció como muestra las fotos de los volantes pegados en los trenes y estaciones de la Línea 3, difundidos en redes sociales.

El litigante argumentó las múltiples fallas que presentaba el sistema de comunicación “TETRA”, usado por conductores de trenes y reguladores del Metro, para evitar incidentes, tales como un choque de trenes.

“Como se trata de omisiones que ponen en riesgo o afectan el derecho a la protección de la vida y a la integridad física, cobran relevancia las funciones y responsabilidades inherentes de las personas que ostentan cargos públicos; pues asumir tal función implica que tienen la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades y funciones que derivan de los encargos públicos”, dijo.

En la denuncia también citó los artículos 15 y 16 del código penal para la Ciudad de México, que se refieren al delito de omisión: “La calidad de garantes de los funcionarios públicos en este lamentable caso empieza desde el momento en que asumieron sus respectivos puestos, toda vez que sus funciones abarcan desde el correcto funcionamiento del sistema de transporte colectivo, hasta el mantenimiento y evitar el riesgo a los usuarios”. 

Luego, Estupiñán comentó que, como ocurrió luego de la tragedia en la Línea 12 del Metro, “se está intentando contener las afectaciones políticas de todo tipo hacia los responsables que forman parte del gobierno en el poder. Ya están empezando a inventar una teoría del caso que sea conveniente y estamos obligados moralmente a asesorar a las víctimas para que esto no pase”.

El sábado 7, cuando aún no habían pasado ni 24 horas del choque de trenes en la Línea 3, el abogado ofreció representar a las víctimas de esta nueva tragedia en el Metro de la CDMX.