Daniel García Rodríguez fue acusado de un homicidio que no cometió, y ante tribunales internacionales emprendió una lucha por haber permanecido 17 años en prisión preventiva oficiosa, una figura duramente impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Durante el litigio por el caso de Daniel García, en el que está involucrado el Poder Judicial del Estado de México, el gobierno de López Obrador ha defendido la prisión preventiva, de manera “muy pasional y sin ningún fundamento técnico”, hermanando su discurso con el de Calderón, denuncian la propia víctima, abogados y expertos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En espera de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México, por haber permanecido en prisión preventiva durante 17 años, Daniel García Rodríguez se vio sorprendido por una resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la que se confirma una sentencia de 35 años de cárcel como autor intelectual del homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en septiembre de 2001.

“Es una venganza”, sostiene en entrevista García Rodríguez, quien ha sido la figura central en el litigio internacional emprendido junto con Reyes Alpízar Ortiz, su compañero, en la causa por eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, así como poner sobre la mesa “la desviación del poder” en México, es decir, “la pérdida de la autonomía de los órganos jurisdiccionales ante las órdenes el Poder Ejecutivo, ya sea federal o en los estados”.

La resolución notificada el 12 de mayo de manera domiciliara toma en cuenta los mismos elementos para procesar a Alpízar Ortiz y García Rodríguez, pero con un resultado diferenciado, absolviendo al primero y ratificando al segundo una sentencia que se había emitido en mayo de 2022 en un juzgado de primera instancia.

“Es una acción consecutiva del gobierno del Estado de México en contra de nosotros conforme hemos ido avanzando en tribunales internacionales, así ocurrió en 2017 cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Detención Arbitraria emitió una resolución en la que exigió al gobierno de México nuestra liberación; en ese momento el tribunal local cerró instrucción unilateralmente y ya no nos dejó seguir aportando pruebas; más tarde, una semana después de que nos convocaron a la CoIDH en mayo de 2022, para acudir a una audiencia en Costa Rica, se dictó la sentencia condenatoria a 35 años, cambiando el escenario por lo que se tuvo que posponer la audiencia hasta el 26 de agosto, en Brasilia, y ahora que estamos esperando que se nos notifique la sentencia de la CoIDH, ratifican la sentencia para mí, y no para Reyes Alpízar”, reflexiona García Rodríguez, tras recordar que desde 2019 vive atado a un brazalete electrónico.

Ante ese nuevo elemento superveniente la defensa de García Rodríguez y Reyes Alpízar enviaron una comunicación a la CoIDH dando cuenta de lo ocurrido, en espera de que esa circunstancia sea tomada en cuenta pese a que el caso ya se había debatido en el seno del tribunal internacional en el 155 Periodo de Sesiones, llevado a cabo del 23 de enero al 7 de febrero de 2023 en San José, Costa Rica.

Fechado el miércoles 22, la comunicación a la CoIDH –a la que Proceso tuvo acceso– alerta que la resolución en días previos a la publicación de la sentencia de la CoIDH es una “represalia” contra Daniel García Rodríguez “por el impulso que ha dado a nivel interamericano, en especial por haber comparecido en la audiencia pública celebrada el 26 de agosto último en Brasilia, Brasil”, mediante una videoconferencia.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2421 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 26 de marzo de 2023.