CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Colectivo Pena Sin Culpa denunció que la reaprehensión de Daniel García Rodríguez ejecutada la mañana de este lunes, “es un acto completamente injusto e ilegal” y “representa un precedente nefasto ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, toda vez que está considerado como víctima  y testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en vías de emitir una sentencia condenatoria contra México.

En un comunicado firmado por el Colectivo y la familia de García Rodríguez, se informa que el Poder Judicial del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la entidad, cometieron una “arbitrariedad mayúscula” ya que el 22 de marzo pasado, un juez de Distrito concedió una suspensión provisional a favor de Daniel García, quien, junto con Reyes Alpízar Ortiz, estuvieron en prisión preventiva durante 17 años.

El 12 de marzo pasado, un Tribunal de Alzada confirmó una sentencia condenatoria por 35 años en contra de Daniel García y, con los mismos elementos y probanzas, absolvió a Reyes Alpízar. Ambos contaban con un brazalete electrónico como medida cautelar desde 2019.

Agregaron que el 22 de marzo, el Juzgado Octavo de Distrito concedió la suspensión provisional de cualquier acto de posible privación de libertad, al ordenar que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan los quejosos, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz no sean privados de libertad con motivo de las órdenes que reclama y su ejecución, quedando a disposición en este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere”.

En el documento, el colectivo y la familia García recordaron que, en el litigio ante la CoIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que “no existía la posibilidad razonable de una privación de la libertad, como la que ocurrió el día de hoy”.

El colectivo informó que este mismo lunes se envió una comunicación “urgente” al tribunal regional, alertando que “está en riesgo no sólo la libertad, sino la integridad y la vida de Daniel García”, ante la incertidumbre de “hasta qué punto pueden llegar con el encono y ensañamiento que las autoridades tienen en su contra”.

Al responsabilizar a las autoridades del Estado de México de “la vida, integridad, salud de Daniel”, la familia García Pérez y el colectivo insistieron que es un “acto completamente injusto e ilegal”.

“Esta nueva injusticia resulta revictimizante para Daniel García y toda su familia, ya que esta nueva arbitrariedad ha generado incertidumbre y dolor al vivir de nueva cuenta los difíciles momentos de ver a Daniel ingresar a reclusorio por un delito que no cometió”, sostiene la familia García Pérez.

Los firmantes advirtieron que, tras los hechos, cometidos contra “una víctima y testigo clave en la audiencia celebrada ante ese Tribunal”, es de esperarse que en próximos días se emitirá un pronunciamiento de la CoIDH.