CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 17 años de prisión sin sentencia, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, podrían ser puestos en libertad tras una audiencia que comenzó este lunes en el penal de Barrientos, para revisar la medida cautelar a la que han sido sometidos. En un comunicado, el colectivo #PenaSinCulpa alertó sobre el posible cambio de situación jurídica de ambos detenidos, acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, quien fuera regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, en 2001. Al juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Felipe Landeros Herrera, le corresponderá la decisión de cambiar la medida cautelar, luego de los alegatos de la defensa que argumenta “graves violaciones de los derechos humanos” en contra de ellos. Entre las violaciones están “detención arbitraria, tortura, violaciones al debido proceso, a no ser juzgados en un tiempo razonable y, por supuesto, el tiempo excesivo de prisión preventiva”. Considerados como “los dos presos políticos con mayor tiempo sin sentencia en todo el mundo occidental”, #PenaSinCulpa explicó que “la revisión de la medida cautelar excesiva es ordenada por el Tribunal de Alzada”, en apego a tratados internacionales y en respuesta a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias , la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH), el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y Amnistía Internacional. Agregó que dichos organismos han clasificado el caso de García y Alpízar como “excepcional e inédito, considerando que existen graves violaciones a sus derechos humanos”, de ahí que podría ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El colectivo puntualizó que el Poder Judicial estatal podría detener las excesivas violaciones a derechos humanos, de las cuales las víctimas han tenido que soportar 6 mil 379 días de prisión sin sentencia. En la comunicación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU sobre el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, de agosto de 2017, se asienta que después el homicidio de la regidora Tamés, ocurrido el 5 de septiembre de 2001, el primero fue interrogado en cinco ocasiones por agentes del Ministerio Público de la Suprocuraduría de Justicia del Estado de México, en Tlaneplantla, y el 25 de febrero de 2002, sin orden de aprehensión, agentes judiciales le pidieron que los acompañara para realizar una nueva declaración. Después de permanecer varias horas detenido e incomunicado, fue notificado de un arraigo por 30 días, dictado en su contra por el Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Tlanepantla, por lo que fue trasladado a un hotel. De acuerdo al texto, al hotel llegó el titular de la suprocuraduría, quien le indicó que “no tenía nada en contra de él, pero que necesitaba que lo ayudara con una declaración que ya estaba preparada sobre presuntos actos de corrupción del expresidente municipal y el presidente municipal electo para el periodo 2000-2003 en Atizapán de Zaragoza, ambos antiguos jefes del Sr. García”. Los alcaldes presuntamente involucrados eran Juan Antonio Domínguez Zambrano y Salvador Vázquez Herrera, ambos de extracción panista. Tras negarse, fue amenazado de sufrir las consecuencias si no cooperaba, lo que derivó en que, “sin aparente causa judicial y ante la negativa de incriminar a los dirigentes políticos (…) fueron arraigados dos de sus primos, después su padre y, finalmente, se ordenó la aprehensión de dos hermanos y dos primos del Sr. García acusándolos de la comisión de diversos delitos”. En cuanto a Reyes Alpízar Ortiz, el documento del Grupo de Trabajo advierte que fue detenido “sin orden de presentación ni de aprehensión expedida por autoridad judicial” el 25 de octubre de 2002, en Tlalnepantla, cuando esperaba el autobús que lo llevaría a su casa en el estado de Hidalgo, para ser conducido a la Suprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, donde fue retenido durante 12 horas, y después arraigado en un hotel. De acuerdo a la denuncia presentada ante el organismo de la ONU, en el hotel donde fue arraigado, Reyes Alpízar “fue sujeto a múltiples formas de tortura: golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras, inyecciones, entre otras, para obligarlo a firmar documentos sin conocer su contenido, al grado que tuvo que ser solicitada una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo al hospital especializado en traumatología a fin de atenderlo de sus heridas; el Ministerio Público hizo constar que solo fue llevado para medirle la presión sanguínea”. Los documentos firmados correspondían a una confesión prefabricada, en la que Alpízar aceptaba haber acompañado al asesino de la regidora Tamés. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que el arresto de ambos “fue ejecutado sin base legal”, toda vez que no les fue presentada una orden de aprehensión y no fueron llevados de inmediato ante un juez, por el contrario, “fueron incomunicados y colocados fuera de la protección de la ley”. Hace dos años, el Grupo de Trabajo expresaba su preocupación “por los alegatos de tortura, por la detención en régimen de incomunicación, así como por los retrasos en los procesos judiciales en el caso principal que enfrentan los acusados y en el caso de tortura que estos iniciaron”. Para el organismo de la ONU, “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, así como la satisfacción del derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.