Rechazadas en la sociedad patriarcal, sobre todo por grupos de orientación religiosa pero también por algunas feministas, las mujeres trans padecen abandono, acoso, desempleo, persecución y “brutalidad extrema”. Y aunque hay leyes de género que intentan protegerlas, la violencia social acaba por reducirlas a una vida de frustraciones y falta de solidaridad, al grado de que su promedio de vida es considerablemente menor al de otros grupos vulnerables.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un paraje del municipio veracruzano de Martínez de la Torre, en julio de 2018 se encontró el cadáver de Alaska Contreras, una joven trans recién nombrada “Reina de la Belleza” en un certamen gay celebrado en esa calurosa zona costera. Antes de asesinarla con arma de fuego, los criminales la torturaron con saña: le enredaron el cuello con alambre de púas, la golpearon, la desnudaron y le dejaron su chillante peluca al lado del cuerpo para evidenciar que se trataba de un hombre disfrazado de mujer.

La “brutalidad extrema” y la “ridiculización” hacia la víctima fueron las dos características principales de este asesinato, como ocurre en la mayoría de los demás transfeminicidios que en los últimos años se han incrementado en México, al grado de que actualmente uno de cada dos crímenes contra la población LGBTI+ se cometen justamente contra las personas transgénero o transexuales, considerado el sector más vulnerable de esta comunidad.

La altísima discriminación que padece la población trans provoca que tenga una tasa de desempleo de 90%, por lo que se ve empujada al trabajo sexual o en el mejor de los casos al estilismo; sufre además un acoso escolar tres veces mayor al de la población no trans, de ahí su muy bajo nivel educativo; de igual forma, es muy limitado su acceso a la salud y a la procuración de justicia.

Lo anterior ha ocasionado que esta población, calculada en 1 millón de personas, sólo alcance los 38 años como promedio de vida, según revelan las recientes estadísticas.

Por si fuera poco, hasta un sector del movimiento feminista –aliado tradicional de la comunidad lésbico-gay– rechaza tajantemente a las mujeres trans, pues las considera como “hombres vestidos con faldas” o “maricones con tetas” y, por lo tanto, como meros “impostores” que no merecen ser incluidos dentro del movimiento de quienes legítimamente son mujeres porque nacieron con sexo femenino.

Ante tanta exclusión social, la agenda de la comunidad LGBTI+ empieza a darle prioridad a los derechos humanos de las personas trans, logrando por lo pronto que en 20 entidades federativas ya existan leyes de identidad de género, para que en la documentación oficial puedan cambiar su nombre de nacimiento por el de su preferencia de género, pero aún queda mucho por hacer en los terrenos legislativo, cultural, educativo y de la salud, coinciden activistas y expertas en el tema.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2416 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 19 de febrero de 2023.