Desaparecidos
San Miguel Aquila: Derechos y vidas a merced de las mineras
Familiares del líder comunal Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes exigen al gobierno federal que se aceleren las investigaciones sobre el paradero de ambos, desaparecidos el pasado 15 de enero en Aquila, Michoacán.
Familiares del líder comunal Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes exigen al gobierno federal que se aceleren las investigaciones sobre el paradero de ambos, desaparecidos el pasado 15 de enero en Aquila, Michoacán. Ellos se enfrentaban al Poder Judicial de Colima y a la empresa Ternium en una zona donde la lucha por los derechos de las comunidades ante las mineras ha provocado una serie de desapariciones y asesinatos.
REGIÓN COSTA SIERRA, Mich. (Proceso).– El 17 de enero de 2022 el líder comunal Antonio Díaz Valencia y el abogado defensor de los derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca advirtieron sobre los riesgos de un estallido de violencia en la comunidad indígena de Aquila, como efecto de un conflicto agrario atizado por la disputa de las regalías derivadas de la actividad minera, y pidieron la intervención del gobierno federal para resolver el problema.
Al frente de un grupo de comuneros, ambos representantes participaron en la toma simbólica de las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, al que responsabilizaron de contribuir con sus actuaciones a la crispación social en la comunidad, que para entonces ya tenía más de tres años sin órganos de representación.
“Estamos con la preocupación de que en cualquier momento esto acarree una explosión social en la que haya enfrentamientos entre comuneros y derramamiento de sangre; puede haber pérdida de vidas, por eso apelamos al gobierno federal y al de Michoacán a que nos escuchen y esta situación se resuelva”, clamó Díaz Valencia.
También señaló a la empresa minera Ternium de “meter las manos para efecto de dividir a la comunidad y sacar tajada”.
Lagunes Gasca, por su parte, expresó entonces que en la comunidad existía “una indignación muy grande” debido a que el tribunal “sigue reconociendo a un grupo de personas que se han ostentado como comisariados de San Miguel Aquila de manera fraudulenta, de manera ilegal, desde agosto de 2019”.
Estas personas, dijo entonces, “están coludidas con un grupo minoritario de gente que ha interpuesto decenas de demandas en contra de la comunidad para que les hagan pagos de regalías”.
Frente al abuso, la comunidad de San Miguel Aquila “nunca fue debidamente representada, defendida en sus intereses, en sus derechos, y nunca pudo hacer valer de manera adecuada un juicio justo”, evidenció.
El abogado aclaró: “No pedimos ningún capricho ni una ilegalidad, buscamos que la comunidad tenga una debida y adecuada defensa y se están agotando todos los medios legales para que eso ocurra”.
La noche del 15 de enero de 2023, casi un año después de esa movilización y con el conflicto agrario aún irresuelto, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz fueron secuestrados cuando se dirigían hacia la ciudad de Colima, después de participar en una reunión de comuneros en Aquila.
La camioneta en la que viajaban, propiedad del abogado, fue localizada la misma noche a la altura del poblado colimense Cerro de Ortega, con impactos de bala.
Desde entonces los dos defensores se encuentran desaparecidos.
A partir de las horas posteriores, este suceso generó una gran presión nacional e internacional sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además de las reacciones de organizaciones e instancias mexicanas y extranjeras, se vio emplazado a ofrecer resultados de las investigaciones por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el día siguiente de la desaparición de ambos, familiares e integrantes de la comunidad de Aquila, con el apoyo de comuneros de Santa María Ostula, bloquearon el puente Coahuayana en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima, a corta distancia del lugar donde fue abandonada la camioneta en la que viajaban los defensores.
No obstante, las amenazas telefónicas contra algunas de las personas participantes, así como las advertencias anónimas en redes sociales de que el plantón sería levantado por la fuerza, provocaron que los manifestantes se retiraran después de 12 días, al considerar que no existían condiciones de seguridad.
“Aunque no quiera uno, sí da miedo estar aquí. Mis hijos dicen que me expongo mucho, pero yo vengo por agradecimiento al maestro Toñito, que siempre ha luchado por nosotros”, dijo una mujer de la tercera edad la víspera del levantamiento de la protesta, mientras freía frijoles en un sartén colocado en un improvisado fogón de piedras.
El profesor Antonio Díaz Valencia, de 71 años, líder natural de San Miguel Aquila, ha sido alcalde de ese municipio y actualmente preside el Consejo Comunal Indígena.
A sus 41 años, Ricardo Lagunes es maestro en derechos humanos; hizo prácticas profesionales en la CIDH y en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington, y ha defendido comunidades indígenas del sur de México.
En la actualidad atiende diversos casos en el país, entre ellos el de familiares de las víctimas de Acteal, Chiapas, y representa legalmente al Consejo Comunal Indígena de Aquila.
El caso de Lagunes y Díaz se suma a la lista de activistas víctimas de ataques en regiones mineras del país, de acuerdo con la Red Mexicana de Personas Afectadas por la Minería (Rema), que no duda en responsabilizar a la empresa Ternium de la desaparición de los dos defensores y “de la violencia generada en el municipio de Aquila, que ha desatado múltiples asesinatos y otras desapariciones, así como a los tres niveles de gobierno por la falta de justicia en el territorio”.
Defensores en la mira
En entrevista con Proceso, Esperanza Salazar Zenil, enlace de la Coordinación Nacional de Rema, hace un recuento de más de una decena de activistas que en los últimos años sufrieron agresiones en el contexto de su participación en la defensa del territorio frente a empresas mineras en el país:
Desapariciones: Celedonio Monroy Prudencio (2012), en Sierra de Manantlán, Jalisco, y Noemí Elizabeth López (2018), en El Bajío, Sonora.
Asesinatos: Raúl Ibarra de la Paz (2018), José de Jesús Robledo (2016) y María de Jesús Gómez (2016), en El Bajío, Sonora; Bernardo Vázquez (2012) y Bernardo Méndez (2012), en Valles de Ocotlán, Oaxaca; Ismael Osorio (2012) y Manuela Contreras (2012), en Chihuahua; Betty Cariño, fundadora de Rema (2010), en Oaxaca; y Mariano Abarca, fundador de Rema (2009), en Chicomuselo, Chiapas.
Salazar Zenil alerta: “Estamos en una situación muy difícil para las comunidades y para los defensores; lo único que sabemos es el riesgo que corremos, pero no hay justicia, no hay forma de defensa de ninguna manera; todo lo que hay está hecho para la defensa de las empresas mineras nacionales e internacionales”.
Respecto del modus operandi de las empresas mineras detectado por Rema en las comunidades, señala Salazar, la principal estrategia es “la división social, incluso antes de entrar empiezan a ofrecer dinero a algunos, a corromper a la autoridad, y eso rompe la tranquilidad y empieza a desmembrarse la comunidad, a fraccionarse, lo que rompe la cultura y la economía local”.
También, subraya, las mineras “ejercen un poder muy fuerte en todos los niveles del gobierno; hay lugares donde están imponiendo a sus candidatos a cargos municipales, a senadores, a diputados, al ejido, a la comunidad; se vuelve esta masa donde no sabes quién es quién”.
Tras una lucha de varias décadas, en 1980 la comunidad indígena de Aquila obtuvo la dotación de una superficie de 22 mil hectáreas. Al año siguiente, el grupo de comuneros que consiguió la resolución presidencial logró expulsar a la minera Hylsa Las Encinas, del Grupo Monterrey, que extraía hierro de la región desde los cuarenta, comenta la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón, esposa del abogado Ricardo Lagunes.
Luego de casi una década de reacomodos y disputas internas en la comunidad, en 1990 se impuso un grupo favorable a la minería y permitió el retorno de la empresa extractiva, que siguió operando hasta 2007, cuando fue adquirida y ampliada por la trasnacional Ternium, de capital italiano-argentino, que la posee hasta la fecha.
Originaria de Aquila, María de Jesús Ramírez salió desplazada de la comunidad durante su niñez, tras el asesinato en 1989 de su padre, José Ramírez Verduzco, quien era opositor a la minería.
“Mi papá era una persona que les estorbaba para que trabajara la empresa minera; una vez que lo quitaron de en medio, desarticularon la resistencia”, señala Ramírez Magallón.
Hasta antes de 2012, los comuneros recibían mil 400 pesos anuales como beneficio individual del funcionamiento de la mina por la ocupación de los terrenos. Pero luego de un movimiento que paralizó tres meses la extracción, a partir de marzo de ese año se firmó un convenio para el pago de regalías a la comunidad de parte de la empresa de 3.30 dólares por cada tonelada de mineral extraído, lo que ha significado una entrega directa de regalías que han llegado hasta 27 mil pesos mensuales por comunero.
Estas nuevas circunstancias contribuyeron a la agudización de las pugnas internas entre los comuneros durante la última década.
El poder de Ternium
Antes de la desaparición de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, este último había ganado en 2021, en nombre del Consejo Comunal encabezado por el primero, el juicio agrario 449/2019, mediante el cual el TUA 38 desconoció a la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales encabezada por el comunero Juan Carlos Martínez Ramos, por no haber sido electa conforme a los procedimientos legales, y ordenó a la Procuraduría Agraria (PA) la emisión de una nueva convocatoria a asamblea electiva.
Dos años después de su emisión, sin embargo, la sentencia no había causado ejecutoria debido a una serie de recursos presentados ante diversas instancias por los afectados, por lo que la comunidad de Aquila ya había cumplido cuatro años sin representación comunal.
La inconformidad de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes con el TUA se derivó de la consideración de que el órgano jurisdiccional había dado un trato “muy diferenciado” a Martínez Ramos, reconociendo su personalidad como representante de la comunidad para suscribir convenios que afectan a los comuneros, a pesar de que en su propia sentencia ya lo había desconocido.
María de Jesús Ramírez comenta que, en los días previos a su desaparición, su esposo Ricardo Lagunes estaba haciendo gestiones para redistribuir entre todos los comuneros de manera directa los recursos económicos depositados por la empresa en el TUA durante el tiempo que no ha habido mesa directiva reconocida del comisariado de bienes comunales, para evitar que el dinero acumulado sea manejado por una sola persona.
El jueves 19 de enero, en una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana de Ricardo Lagunes, planteó las sospechas que apuntan a la empresa minera con la desaparición del abogado y el líder comunal:
“Queremos señalar a la empresa minera Ternium por la responsabilidad que pueda tener para que aparezcan con vida mi hermano Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz. Ternium es el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente han afectado al medio ambiente, sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. La empresa tiene relación con los distintos actores locales y pensamos que con los posibles perpetradores de la desaparición. Pedimos que se indague por ahí, que la empresa actúe para apoyarnos a encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio”.
Refiere que prácticamente todo lo que promueve la empresa es aceptado, además de que “no hay tampoco un contrapeso, ni siquiera de los comisariados, porque siempre están en esta pugna, y siempre está el bloque que apoya a la minería y el bloque que quiere renegociar un beneficio mayor para los comuneros”.
Ante la desaparición de los defensores, Ternium publicó dos breves comunicados los días 19 y 20 de enero, mediante los cuales expresó “su solidaridad con las familias de los afectados y con la comunidad de Aquila de la que forma parte, y espera el pronto esclarecimiento de estos hechos”.
Se manifestó en contra de cualquier tipo de violencia y rechazó “categóricamente toda especulación y/o difamación que intente relacionarla con cualquier tipo de actividad ilícita”, pues “en Ternium actuamos en todo momento dentro del marco de la ley y con un amplio sentido de responsabilidad social en todas nuestras actividades”.
Refirió que en el municipio de Aquila, Michoacán, su operación minera cuenta con todos los permisos vigentes de las autoridades correspondientes y según convenios con la comunidad de San Miguel Aquila desde hace más de 10 años, que “se han cumplido en tiempo y forma”.
En una visita a Morelia el 27 de enero, el presidente López Obrador fue abordado por Brenda Elena Díaz, hija de Antonio Díaz, quien le entregó un escrito en nombre de las familias de los dos desaparecidos para solicitar su intervención ante instancias federales y locales en Michoacán y Colima “para que agilicen las acciones de investigación y búsqueda de nuestros familiares para encontrarlos con vida a la brevedad, (pues) hasta la fecha no tenemos ninguna noticia sobre su paradero”.
También le pidieron una audiencia. El presidente le respondió que no se preocupara, que atendería el asunto y posteriormente se comunicarían con ella.
María de Jesús Ramírez reafirma su exigencia: “Queremos que regresen nuestros familiares, queremos que sea ya. Sabemos que se están haciendo esfuerzos, sin embargo, también sabemos que el tiempo está pasando. Las vidas de las familias ya no son las mismas con un problema de tal magnitud. Los niños siempre van a preguntar en dónde está su padre, y qué les voy a decir”.
