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CDMX: "Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado"
Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados, principalmente, son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables.
Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados, principalmente, son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. En esos actos criminales, reconocen autoridades capitalinas, están implicados notarios públicos y funcionarios de la ciudad, quienes impiden que los legítimos dueños recuperen sus propiedades.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de marzo de 2019, don Arturo Fernández, de 86 años y quien padece cáncer y problemas del corazón, solicitó ayuda para impedir el despojo de la casa de su esposa en la alcaldía Azcapotzalco, a manos de un grupo que dice simpatizar con la Cuarta Transformación y que presume tener protección de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
De nada sirvió escribirle al mandatario federal ni interponer una denuncia penal… Pese a que demostraron la legal propiedad del inmueble, don Arturo y su esposa ahora viven en un asilo, despojados. Nadie les ha hecho justicia.
El caso del señor Fernández es uno entre decenas de denuncias de invasiones y despojo de viviendas contra personas de la tercera edad y grupos vulnerables. De acuerdo con el abogado de don Arturo, en los casos que ya están en la fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, aparecen involucrados policías, agentes de investigación, notarios públicos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organizaciones sociales dedicadas al fraude y el crimen organizado.
En la misiva donde don Arturo le pidió ayuda al presidente López Obrador, denuncia que quien les quitó su casa es el Bloque Urbano Popular, cuyo coordinador nacional es Gabriel Mayorga. También denuncia a los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán. Ellos, de acuerdo con el denunciante, operaron la invasión de su casa ubicada en la avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y también son quienes lo han amenazado de muerte a él, a sus hijos y a su abogado.
Al apelar a la empatía del mandatario federal con los adultos mayores, el denunciante escribió: “Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades”.
“Modus operandi”
El 17 de abril de 2016, alrededor de las 16 horas, don Arturo llegó al inmueble –un edificio de dos plantas y seis departamentos, uno habilitado como garaje– y en la fachada encontró una manta que decía: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular”, y el nombre de Gabriel Mayorga como su coordinador nacional. Al lado estaba el logotipo del entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El adulto mayor regresaba a su casa después de unos días de estar en Querétaro, donde vivía su esposa, pues ella necesitaba atención especial por sus -enfermedades.
“Cuando regresé ya me habían robado todas mis cosas, abrieron mi departamento y me robaron sala, comedor, televisión, todo. ¡Ya no me dejaron entrar!... Me dijeron ‘está prohibido que usted pise aquí’.”
Según la denuncia que su hijo Pablo, apoderado legal de su esposa, interpuso en la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, a cargo de Edmundo Garrido, y de la cual la reportera tiene copia, al día siguiente se encontró con Nájera y Rangel, quienes respectivamente se identificaron como abogado y representante del Bloque en Azcapotzalco, y le dijeron que querían comprar el inmueble.
Le ofrecieron un enganche de 400 mil pesos y, a más tardar, en diciembre de ese año, otro pago de 1 millón 750 mil pesos “con recursos que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) les daría”. Le advirtieron que les convenía vendérselos “porque de cualquier manera ellos ya tenían invadido el inmueble, habiendo roto y cambiado las chapas de la entrada principal y de las puertas interiores, y que ya no iba a haber lugar a negociaciones y ningún pago”.
