CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En México, la mitad del territorio nacional es propiedad social, es decir, de tenencia colectiva de la tierra y bienes naturales. Siendo un tema estratégico, el tema agrario se ubica en los márgenes de nuestra conversación política. El campo, sus difíciles condiciones y los problemas crecientes, son de los temas centrales para nuestro bienestar personal y social, dado que es ahí donde se producen los alimentos necesarios para subsistir y se encuentran los bienes naturales que conforman la biodiversidad del país.

“La tierra es de quien la trabaja” es una idea-legado de la reforma agraria de Zapata. A pesar de ello, no se han podido crear las condiciones para que eso sea una realidad objetiva en nuestro país.

Por el contrario, las condiciones de ejidatarios y comuneros se han venido degradando con el paso del tiempo, y esa vulnerabilidad que hoy caracteriza al sector agrario ha dado pie a que otros actores, con más capacidades e influencia, se aprovechen de la tierra y bienes naturales que a los primeros les corresponde.

Nunca como en los tiempos recientes se ha visto tanta desigualdad de poder en la toma de decisiones sobre el uso de bienes naturales, tanto en nuestro país como en el resto del Sur Global. Los procesos de globalización de la economía han generado las condiciones para que grandes empresas y multinacionales utilicen todo tipo de esquemas e instrumentos para su beneficio exclusivo.

Defender la tierra en la actualidad significa, para sus originales dueños, iniciar largos procesos organizativos donde todo juega en su contra: normas incompletas, incoherentes y no ejecutadas correctamente, cooptación de decisiones judiciales por parte de las empresas, debilidad institucional de los diferentes niveles de gobierno, indiferencia social de otros colectivos o movimientos sociales, entre un largo etcétera.

Por eso es muy complicado encontrar casos en nuestro país donde esas difíciles travesías organizativas hayan generado resultados favorables para quien trabaja la tierra. Nunca son victorias definitivas, porque los actores con poder no cejan su apetito de ganancia, pero dado el escenario desigual de poder en la toma de decisiones, todo logro de las comunidades que se organizan debe valorarse en su justa dimensión.

Un caso que vale la pena visibilizar es el de la comunidad de Unión Hidalgo, en Oaxaca. Ahí reside un colectivo de comuneros zapotecas que han dado ejemplo de tenacidad, valentía y audacia en cuanto a la defensa de su tierra.

Desde 2016 los comuneros han iniciado una disputa con la empresa francesa Électricité de France (EDF) para impedir la instalación de un parque eólico que se suma a las decenas de parques instalados en el Istmo de Tehuantepec por corporaciones multinacionales.

La lista de irregularidades para echar a andar ese proyecto eólico es amplia, pero basta señalar algunos hechos para constatar las prácticas indebidas del sector empresarial que violan la tenencia colectiva de la tierra.

Primero. Con estrategias de engaño y en complicidad con notarios y autoridades, EDF y las empresas eólicas han ignorado la condición comunal de las tierras para firmar contratos individuales. Con ello han pasado por alto la toma de decisiones colectivas sobre el uso y destino de esas tierras, violando las disposiciones de la Ley Agraria.

Segundo. La energía generada por los parques eólicos no beneficia a comunidades y ejidos. En Unión Hidalgo ninguna vivienda se iluminará con la energía generada por EDF. En el Istmo toda la electricidad es vendida y aprovechada, a precios preferenciales, por un grupo reducido de grandes empresas. Siendo Oaxaca una zona de pobreza, necesitada de apoyos de diversa índole, las comunidades son excluidas de lo que sus tierras y vientos generan.

Tercero. La pretensión de construir parques eólicos de grandes dimensiones genera un “impacto acumulativo”; es decir, afecta sustantivamente el proyecto de vida de las comunidades, pues con su intalación éstas quedan cercadas y pierden territorio para su desarrollo y subsistencia, sin poder acceder a la tierra y bienes naturales adyacentes, además de las afectaciones en la salud por las altas vibraciones que los aerogeneradores tan cercanos a las casas producen, así como el aceite que las torres de viento vierten sobre la tierra.

Finalmente, cuando las comunidades y ejidos acuden a defender sus tierras y bienes naturales frente a estas práctias, los tribunales agrarios hacen oídos sordos: desechan demandas, formulan requerimientos imposibles de cumplir, niegan medidas precautorias necesarias para la protección de sus derechos, dese­chan pruebas favorables y dictan sentencias que protegen a las empresas.

Unión Hidalgo demandó en 2013 a la empresa Demex por la suscripción ilegal de contratos individuales sobre propiedad social; nueve años después el Tribunal Agrario de Tuxtepec no ha sido capaz de dictar una sentencia conforme a derecho. A pesar de ello, la comunidad ha logrado reconstituir su Asamblea Comunal y obtener el reconocimiento de sus derehos agrarios. Ahora las y los comuneros se organizan para defender su tierra agraria frente al proyecto y las prácticas irregulares de EDF.

El caso de Unión Hidalgo es un ejemplo de la creciente desigualdad de poder en la toma de decisiones sobre el uso de las tierras y los bienes naturales. En nuestro país y la región latinoamericana hay muchos más casos de comunidades en resistencia.

Sin embargo, el camino para modificar este estado de cosas en lo agrario no debe limitarse a las ejemplares formas de organización comunitaria, sino a cambios sustantivos en las normas y en las prácticas de empresas y gobiernos.

Dadas las difíciles condiciones y problemas crecientes en el agro, es urgente implementar en el país una política pública nacional de rendición de cuentas empresarial que obligue a las empresas a respetar derechos humanos, tales como la propiedad colectiva de la tierra.

Asimismo, el gobierno tiene la obligación de garantizar recursos y capacidades a las autoridades agrarias para cumplir con su labor: lograr la justica social en la tenencia de la tierra.

Con la defensa que la comunidad de Unión Hidalgo inicia contra EDF, esta aspiración puede hacerse efectiva. Estamos seguras que así será.  l

Análisis publicado en la edición 2377 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.