El acceso a la justicia para las mujeres  y los menores violentados sexualmente por sus padres u otros familiares está erizado de dificultades: largas esperas, trámites enredados y procedimientos realizados por personal insensible. Y cuando el presunto abusador tiene dinero e influencia política, para jueces y agentes del MP no valen los dictámenes de los especialistas ni los mandatos legales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los bebés permanecen acostados en el suelo; las niñas y niños, sentados junto con sus madres, también en el piso de los pasillos, mientras otros pequeños tratan de sobrellevar horas de espera a fin de ser atendidos en un Centro de Justicia para las Mujeres.

La espera en el edificio público fue precedida de otra de entre dos y tres horas en plena calle, a escasos metros de una comandancia de policía a donde llegan presuntos delincuentes, esposados, algunos con golpes en la cara, que desfilan frente a mujeres e infantes que buscan denunciar las agresiones y abusos de que han sido víctimas.

La visita al lugar debe realizarse con la mayor discreción porque está prohibido el ingreso a personas que no vayan a presentar una denuncia. Ante el temor de alguna represalia contra quien facilita el ingreso, se omite la identificación exacta del Centro de Justicia para Mujeres. 

Se ven lágrimas y miradas perdidas en rostros desencajados de mujeres y menores, mientras llantos de bebés, dentro y fuera de las instalaciones, alertan sobre el calvario en que se convierte el procedimiento para las víctimas de violencia familiar, contra las mujeres y sus hijos, que se animaron a denunciar los abusos. 

Miradas de fastidio y desesperación también se observan en los “licenciados”, agentes del Ministerio Público responsables de tramitar las querellas en cubículos diminutos en los que apenas son visibles los escritorios y las computadoras bajo las torres de papel de los expedientes, muchos de ellos abiertos por abuso sexual infantil.

En esos pequeños espacios se desarrollan entrevistas con víctimas y testigos, en el caso de niñas y niños, y son el escenario de videograbaciones para documentar las denuncias contra sus agresores, con frecuencia sus progenitores o parientes cercanos. 

En los pasillos de tribunales de justicia y en salas de espera de organizaciones civiles, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), algunas madres, hijas e hijos se han hermanado ante el dolor, la angustia, el coraje y la impotencia que experimentan hacia un sistema de justicia penal y familiar que deja indefensos a menores abusados sexualmente. 

Un grupo de familiares de víctimas de sus progenitores, agredidos entre los cero y los cinco años, logró crear una red de apoyo para dar seguimiento a sus casos y otros similares en el ámbito penal y familiar. Sus integrantes buscaron a la reportera para narrar el calvario que significa denunciar los abusos y que la gran mayoría de sus casos sean minimizados y sus recursos legales descartados o bien considerados como “venganzas” de “mujeres dolidas” con sus maridos.

Por miedo, para evitar represalias o porque así lo aconsejaron sus representantes legales, las personas que se acercaron a este medio pidieron que ni ellas ni las víctimas sean identificadas con sus nombres. 

Los temores se derivan de los obstácu­los que han tenido para que los agresores sean vinculados a proceso penal, pues pese a las pruebas que han presentado los familiares de las víctimas, autoridades judiciales han desestimado los casos, poniendo en duda la palabra de niñas y niños abusados sexualmente. 

Raquel –como ha pedido que se le nombre– muestra parte de la carpeta de investigación que se integró, desde diciembre de 2015, por abuso sexual contra su hija Adriana –como ha pedido que se llame a su pequeña–; hasta el momento no ha logrado que el responsable sea impu­­tado y vinculado a proceso. 

Hojas con dibujos que Adriana realizó cuando tenía tres años encendieron los focos rojos para Raquel: falos en distintas posiciones alertaban de que algo no estaba bien con la niña, quien solía ser amorosa y se volvió retraída, presentó cuadros de ansiedad que se manifiestan con manchas rojas en la piel y succiones en los brazos, provocadas por ella misma. 

El expediente se integró con el testimonio de Adriana ante un juez familiar, un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, un reporte psicológico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un informe terapéutico de Adivac, que confirma la agresión por parte del progenitor, así como recetas médicas del tratamiento que ha tenido la menor para aminorar la ansiedad que lleva a Adriana a la autolaceración.

Pese a que en el ámbito familiar Raquel ha logrado que se declare la suspensión de visitas del padre de Adriana por comprobarse el abuso, en el ámbito penal se le ha negado el acceso a la justicia. 

“He dejado mi trabajo, mi vida personal, para dedicarme a defender a mi hija, y con lo que me topo es con funcionarios insensibles con los niños, que todo lo reducen a un pleito de pareja, que se trata de alienación parental, que yo estoy manipulando a mi hija para acusar a su padre”, dice Raquel, quien litiga a través del agente del Ministerio Público y va por el segundo intento de judicializar la carpeta de investigación.

Violencia institucional

Entre los casos de esta red de apoyo creada por 21 familias está el de Y. Ella sufrió violencia de género por parte de su pareja, quien la echó de su domicilio en 2016 junto con su hijo N, entonces de dos años.

En su pelea por la guardia y custodia del menor, Y accede a convivencias de fin de semana de su hijo con su progenitor. Dos años después el menor confiesa que su papá le toca los genitales “como compu­tadora” y “le chupa el pilín”, lo que deriva en una denuncia ante la Fiscalía para Atención de Delitos Sexuales, sin que hasta el momento se haya judicializado el caso ni logrado que se le retire al padre el régimen de convivencias, después de más de una veintena de apelaciones. 

“Ahí empezó el viacrucis para mi niño –relata Y–. Cuando se hizo la denuncia no se videograbó, y le han pedido que repita una y otra vez lo ocurrido, a pesar de que ya hay un dictamen profesional de Adivac que confirma el abuso, pero no le creen, el niño ya no quiere hablar y han desechado el caso argumentando que los indicios no son suficientes, que no hubo lesiones proctológicas ni contagio de enfermedad sexual.”

Con asesoría de una abogada, Y ha interpuesto al menos 10 amparos, pero ha sido multada y amenazada con arresto por oponerse a la convivencia de N con su agresor.

“Quieren que un niño hable como un adulto, solo frente a personas que no conoce, que precise con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de manera natural y espontánea el abuso que mi hijo sufrió hace más de tres años; cada vez que tiene que hablar ante una autoridad me pregunta ‘¿Y este señor sí me va a creer?’ Mi hijo está dañado de por vida, por eso quiero que su padre se pudra en la cárcel”, sostiene Y.

J denuncia la misma experiencia traumática para su hija, quien a los tres años fue abusada por su padre, pero ante autoridades de la Fiscalía en 2020 no pudo verbalizar lo que sufrió.

“No hay sensibilidad para tratar a los niños en la Fiscalía; las médicas legistas querían que mi niña se desvistiera sola, se acostara y mostrara sus partes, como si nada, la pusieron frente al Bosty (un títere animado manejado por una perito psicóloga detrás de la pantalla) pero mi niña se asustó y no me dejaron entrar con ella. La psicóloga se desesperó y me dijo que la llevara el próximo año”, dice J. 

El del señor C es un caso excepcional: un abuelo que da la batalla por su nieta E, quien fue abusada sexualmente por su abuelo y tío paternos en 2018, estando bajo el cuidado de su padre, quien la sustrajo del domicilio familiar con otros dos de sus hermanos.

“Mi hija estaba destrozada, primero porque su marido le quitó a los niños acusándola de falta de cuidados. Yo decidí apoyarla denunciando primero ante el DIF de Morelos, y recuperamos a los niños, después pudimos comprobar lo que le pasó a mi nieta, por lo que denunciamos, pero se nos han puesto muchas trabas y se han cometido una serie de irregularidades sin que hasta el momento se haya detenido a los culpables”, narra el señor C.

Por omisiones de las autoridades la familia de C mantiene una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos contra agentes ministeriales de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por su falta de diligencia para atender el caso. Ahora pretenden cerrar éste porque uno de los agresores falleció. 

Hay casos en los que no sólo se trata de la insensibilidad de los juzgadores para vincular a proceso a los agresores, sino que hay indicios de corrupción y tráfico de influencias. 

Entre estos casos está el de G, cuyo exesposo, un académico del Instituto de Geografía de la UNAM, de nacionalidad india, le ha impedido ver a su hijo, de quien abusó sexualmente, sin que hasta el momento G haya logrado recuperarlo ni lograr que se sancione al agresor.

M, originaria de Durango, es madre de dos niñas, de siete y cinco años, abusadas sexualmente por su progenitor, y es, a su vez, víctima de acoso judicial en su entidad, por lo que ha tenido que recurrir a juzgados federales para proteger a sus hijas. 

La historia de M y sus hijas empieza en noviembre de 2019, cuando ellas (entonces de cuatro y tres años) fueron sustraídas de casa por su padre, quien pese a ser denunciado utilizó sus influencias políticas para obtener una custodia provisional, para después obligar a M a acordar un divorcio en condiciones desventajosas para ella, pero que le permitían estar la mitad de la semana con sus pequeñas y compartir periodos vacacionales con su exmarido. 

Meses después advertiría cambios de conducta de las niñas VGP y EGP. A través de peritajes especializados se confirmó el abuso sexual infantil y violación sexual, identificándose como agresores al padre y al abuelo paterno. Sin embargo, M se enfrenta a la negativa de las autoridades ministeriales a aceptar pruebas del abuso, entre ellas el dictamen de Adivac, organización que tuvo que ampararse ante el ordenamiento de un juez familiar del ámbito local para que dejara de atender a las pequeñas. 

Según M, el agresor ha echado mano de sus influencias políticas con el gobernador duranguense, José Rosas Aispuro, y la entonces fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, para mantener la convivencia con las niñas y arrebatarle a ella la patria potestad, y asiste con policías estatales armados a las audiencias en los juzgados familiares y a las visitas supervisadas. 

Mientras M espera la notificación de dos amparos contra actuaciones de autoridades estatales y el juez de control, que ha negado la vinculación a proceso del agresor, así como contra la actuación de juzgadores en el ámbito familiar, ella, su padre y su hermano fueron demandados por su exesposo, quien se dice afectado por el activismo de M en su exigencia de justicia. 

“Estoy preocupada: si la corrupción trasciende, tres de los pilares más grandes e indispensables para mis niñas terminaremos en la cárcel, quedarían desamparadas, en total estado de indefensión, en riesgo de quedar bajo el cuidado de sus agresores”, denuncia M en una carta abierta dirigida a “servidores públicos que tengan la sensibilidad e interés de defender a dos niñas desamparadas por la autoridad local del estado de Durango”, mientras esperaba la audiencia fijada para el martes 26.   l

Reportaje publicado en el número 2373 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 24 de abril de 2022.