Detrás de “las acusaciones falsas” en su contra están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, “cómplices en el afán por manchar” su nombre, afirma Julio Scherer Ibarra. En un testimonio escrito, el exconsejero jurídico de la Presidencia acusa una confabulación entre la exsecretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” –valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar “venganzas personales”– que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga. Y advierte: “La fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ya en el poder, Vicente Fox no pudo o no quiso superar las prácticas priistas que denunció con falsa pasión durante la campaña que lo llevó a escenificar la transición en el poder en el año 2000.

En ese entonces viví en carne propia la persecución política y fue a partir de esa experiencia, días sin luz, que decidí luchar por una fiscalía independiente que no ampare venganzas ni intereses personales al margen de la justicia.

Estoy convencido que nuestro país ha sufrido suficientes abusos cometidos desde el poder y en nombre suyo. En esa certidumbre coincidí y coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador: terminar con las prácticas en las que tantos políticos, desde su ego y su perversidad, no distinguen la línea que separa el uso del abuso del poder.

Hostigado como en tiempos de Fox, me pregunté si debía o no dar cuenta de los episodios vividos ahora con el fiscal Gertz Manero. Dudé muchas veces, en un ir y venir de la conciencia. Pensé en la posibilidad de lastimar un proyecto de Nación en el que creo, pero también consideré que debo atenerme a los principios del mismo y a los propios.

La decisión llegó por sí misma: callada, la verdad pierde el sentido de existir. Este es el origen de los ataques que he tenido que soportar, desde los cargos que ostentan, de Alejandro Gertz Manero en complicidad con Olga Sánchez Cordero.

Olga Sánchez Cordero

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la secretaria de Gobernación. El presidente de la República decidió que el asunto prioritario en la Segob sería el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y por decisión suya se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia.

Como es de dominio público, la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de Seguridad Alfonso Durazo y la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la “supersecretaría” que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, la interlocución con la fiscalía y el Poder Judicial recayó escencialmente en mi persona, en calidad de consejero jurídico de la Presidencia.

La ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales.

En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros.

No es un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con estos despachos: consta en mi currículum vitae. Sin embargo, la exsecretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida.

El calumnioso documento llegó a mis manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a mi oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. En cuanto tuve conocimiento de su existencia yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio. “Son chismes”, dijo.

Alejandro Gertz Manero

Es del dominio público que Alejandro Gertz Manero contó con mi apoyo para ocupar la Fiscalía General de la República. Creí en su probidad y en sus capacidades como abogado. Estaba convencido de que correspondería al proceso de transformación que transita el país –encabezado por el presidente López Obrador– salvaguardando con integridad la procuración de justicia sin distingos.

A finales del último septiembre un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título “La casa secreta de Gertz Manero”, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto.

Tras la publicación nos reunimos con Gertz Manero el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas. 

Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender.

Me acusó también de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia –al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial– cuando fue el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes sociales dicho trascendido. Habían transcurrido dos años de aquel episodio en el que fui yo el único funcionario que lo acompañó a presentar las reformas ante el Senado, donde fuimos duramente criticados.

Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que “sólo un favor” me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz.

Al final de esa reunión, terminó desafiante: “Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.

El Alejandro Gertz que conozco hoy pretende enviarme al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus “enemigos” en blancos de la “justicia”, su justicia.

Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados.

Hoy simplemente me pregunto si podrá el fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su egoísmo y su prepotencia para dejar de utilizar sus atribuciones como instrumento de su megalomanía.

Recuerdo una cita de La Pareja, libro de mi padre en el que relata una conversación entre mi abuela Paz García y mi bisabuelo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Don Julio García:

“Cuando tus hijos sean grandes, diles que es de tal manera abrumador el poder de un presidente de la República que no puede permitirse un solo enemigo personal”. Lo mismo pensaría para un fiscal íntegro.

Caso Juan Collado

Detrás de las acusaciones en mi contra respecto a una supuesta extorsión al abogado Juan Collado están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, cómplices en el afán por manchar mi nombre.

La primera vez que supe del criterio de oportunidad que la defensa de Juan Collado buscaba obtener para sacarlo de la cárcel fue en voz del presidente López Obrador, quien había recibido la propuesta a través de la propia Olga Sánchez Cordero, cercanísima a la familia Collado.

Fue el presidente quien me enteró que Antonio Collado –a través de Sánchez Cordero– ofrecía el 25% de los recursos que su hermano Juan tenía congelados en Andorra (90 millones de euros) para entregarlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como parte de un acuerdo reparatorio.

El presidente rechazó la propuesta pero Sánchez Cordero intermedió con una nueva propuesta: poner a su disposición la trama completa de los llamados “videoescándalos” con los que personajes cercanos a Collado intentaron desprestigiarlo en la época en que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. 

Cuando el presidente me consultó esas dos ofertas, llevadas a la mesa por Olga Sánchez, le comenté que no debería aceptarlo por dos razones: que los videos no estaban relacionados con los delitos imputados a Collado y que dificilmente los recursos congelados en Andorra pertenecían exclusivamente al abogado.

Tiempo después, acompañado por mi mujer en una semana de descanso, caminaba por un centro comercial cuando se me acercó una muchacha que me sorprendió preguntando si yo era Julio Scherer.

–Mi nombre es Mar Collado, soy hija de Juan Collado –se presentó ella.

Me pidió que la recibiera en mi oficina junto a su hermano y accedí. Esta vez ofrecieron entregar el 100% de los 90 millones de euros, más de 2 mil millones de pesos que podrían ir a parar al Indep.

A pesar de mis reservas, yo mismo se lo comenté al presidente. Su postura fue clara: el asunto debía atenderlo la Fiscalía General de la República aunque, en lo personal, él no tenía ningún interés en que las personas que pudieran resarcir sus daños permanecieran en la cárcel.

Así se lo comenté a Mar y a Juan Ramón Collado Dot, con una sugerencia: no recurrir a intermediarios. Les dije que buscaran a Alfredo Higuera Bernal, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que los recibiera.

Los hijos me entregaron una carta firmada por el propio Juan Collado –junto con una Virgen de Guadalupe– dándome las gracias por el apoyo. En ella, el padre solicitaba que su abogado defensor, Javier López, fuera quien se encargara de los trámites a su nombre junto con su hijo Juan Ramón.

Mi única participación en el caso de Juan Collado fue recibir y escuchar a sus hijos, siempre a petición suya y siempre remitiéndolos a la fiscalía.

La verdadera extorsión fue de Sánchez Cordero y del fiscal Gertz al hacer pensar a Collado que lo ayudarían a cambio de mentir por venganzas personales absurdas.

Fue Olga Sánchez Cordero bajo sus propios intereses quien llevó a su amigo Antonio Collado con Alejandro Gertz Manero para ofrecerle un criterio de oportunidad con el que su hermano podría obtener la libertad a cambio de denunciarme.

Desde su posición de poder, Sánchez Cordero y Gertz Manero se valieron de la desesperación de Juan Collado para perseguirme e inventaron una falsa extorsión.

Tiempo después el propio Javier López, quien era el abogado de Juan Collado, me contó de ese acuerdo perverso para perjudicarme del que no quiso ser parte. Desde luego, renunció.

Gómez Mont y Álvarez Puga

Otro caso que han fabricado para dañar mi reputación es el de la pareja de Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Alvarez Puga.

Como en el caso Collado, familiares de la señora Gómez Mont también buscaron un criterio de oportunidad para terminar con la persecución que existe en contra de ella.

Por instrucciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, su mano derecha y subprocurador Juan Ramos se reunió con Felipe Gómez Mont y le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de implicarme –nuevamente– en una supuesta trama de extorsión a esas personas.

Desde la vileza que son capaces, quienes han emprendido esta campaña en mi contra filtraron a un columnista la calumnia de que recibí una casa en Acapulco de parte de una señora a la que jamás he visto y de su marido, con quien no he tenido nunca trato alguno.

Sólo que, esta vez, la integridad de los implicados no hizo posible obsequiar los deseos del fiscal y la exministra: la familia Gómez Mont se negó categóricamente a ser parte de esa infamia.

Caso Cruz Azul

Ángel Martín Junquera desfalcó a la Cooperativa Cruz Azul por mil 600 millones de pesos junto a Guillermo Álvarez Cuevas, por lo que las fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República solicitaron una orden de aprehensión en su contra.

A petición del abogado Javier Quijano, amigo personal de Junquera, Alejandro Gertz Manero recibió a su hijo Ángel Junquera Fernández para sellar un criterio de oportunidad en el que su padre devolviera a la cooperativa los bienes que sustrajo a cambio de su libertad.

Esa fue otra oportunidad que encontró el fiscal para repetir el modus operandi con el que intenta romperme: estaría de acuerdo en ayudar a Junquera siempre y cuando denunciara a los abogados Barradas y García asociándolos con mi persona.

Para dañarme, Gertz y sus aliados han pretendido establecer que un grupo de abogados responden a instrucciones mías como parte de una imaginaria red mafiosa.

En este caso, fue una más de las calumniosas filtraciones de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero el mecanismo con el que se intentó instalar en la opinión pública que yo era responsable de una estrategia ficticia en perjuicio de Cruz Azul.

Lejos de mí, la realidad fue que se regresó a los cooperativistas una empresa que estaba en manos del señor Billy Álvarez y sus socios y que fueron los mismos cooperativistas quienes buscaron al abogado Fabián Aguinaco –hijo del exministro José Vicente Aguinaco– quien los refirió con el abogado José Antonio García Luque, del despacho García Alcocer Abogados.

Si el despacho García González y Barradas se involucró en los asuntos penales del caso Cruz Azul fue porque uno de sus socios, Roberto García, es primo de García Luque, abogado de Cruz Azul antes de que yo fuera consejero jurídico de la Presidencia.

Paulo Genaro Díez Gargari

Como es su costumbre, el abogado Paulo Díez Gargari ha hecho de litigar sus asuntos particulares en medios de comunicación una práctica sistematizada. Desde los micrófonos que le acercan golpea, difama e injuria.

Durante meses ha intentado involucrarme en una concesión concerniente al Viaducto Bicentenario, por supuesta omisión a partir de una controversia constitucional que no me correspondía atender y que el propio Díez presentó ante la Consejería Jurídica de la Presidencia como si fuera él titular del Ejecutivo y yo su abogado.

Lo que Díez Gargari no suele comentar es que son sus propios intereses económicos lo que defiende detrás de sus infundadas denuncias.

Díez Gargari es socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Tecnología Aplicada Infraiber, SA de CV, conocida como Infraiber.  

En marzo de 2011 la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México adjudicó a esa empresa –de manera directa– un contrato que les significaría miles de millones de pesos a partir de la supervisión de peaje de todas las carreteras concesionadas de ese estado, por el que cobrarían 50 centavos por cada cruce de vehículo en las mismas durante 20 años.

El favor gubernamental llegó cuando Infraiber tenía apenas unas cuantas semanas de haber sido constituida –no estaba siquiera inscrita en el Registro Público de Comercio–, tenía un capital de apenas 50 mil pesos y había sido creada por otras dos empresas constituidas el día anterior a ésta por personas sin experiencia alguna en la materia. 

Por ilegal, en marzo de 2013 fue dejado sin efectos el multimillonario contrato de Infraiber y a partir de entonces han promovido más de 30 demandas administrativas, denuncias penales, juicios de amparo y demandas civiles contra Banobras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Gobierno del Estado de México, el SAASCAEM y contra múltiples personas físicas y morales. Ninguna de tantas ha prosperado en nueve años, desestimadas por tribunales federales y locales.

Detrás de la extorsiva campaña mediática de Paulo Díez no hay verdad sino una estrategia repetida durante años para buscar dinero. Los datos aquí expuestos pueden ser cotejados por quienes han decidido quedarse con la palabra de un hombre que vende su voz y su silencio. 

Entre sus fabulaciones, Díez Gargari asegura que fui yo quien eligió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT para resolver que el Viaducto Bicentenarios se mantuviera en control del Edomex, los términos de la concesion y cómo se opera ésta.

A solicitud del presidente de la República, quien me pidió nombrar a los jurídicos de distintas dependencias, lo establecido fue que cada titular de despacho mandara su propuesta y si esta cumplía con el perfil yo los ratificaba. En los casos de la SCT, tanto el secretario Jiménez Espriú como el secretario Jorge Arganis eligieron a los jurídicos de su secretaría.

En el caso del ingeniero Jiménez Espriú recibí la solicitud a través del oficio 382 de la SCT, fechado el 15 de diciembre de 2018 y firmado por él. El secretario Arganis hizo lo propio el 2 de septiembre de 2020 a través del oficio 321 de la misma dependencia. 

Todo convenio concerniente al Viaducto Bicentenario durante la administración actual fue concertado entre la SCT –representada por sus titulares– y el Gobierno del Estado de México. Basta con revisar el Diario Oficial de la Federación para comprobarlo. En nada intervino el presidente y, por lo tanto, tampoco mi persona.

No me sorprende –no podría– que Díez Gargari finalmente acudiera a la fiscalía que controla Alejandro Gertz Manero para presentar una denuncia manipulada en contra mía, de familiares y colegas míos.

En su insidia, Díez Gargari se ha valido de información falsa y tergiversada con la que Sánchez Cordero y Gertz Manero han intentado establecer una falsa red de extorsión y corrupción en la que sólo se reflejan ellos mismos.

Tiempo de hablar

Respeto como a nadie al presidente de la República. Mi lealtad hacia él, hacia su proyecto de Nación y hacia su persona es un valor irrenunciable. No podría atentar contra ello.

Dueño de mis palabras, soy consciente de la dureza de estas líneas que intenté contener hasta que la infamia tocó a mis hijos, el nombre de mi padre, a mi familia entera. Me tocaron en lo más profundo.

Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos. 

Gertz ha pedido información de todo tipo de trámites que yo haya hecho ante todas las dependencias públicas en los últimos 11 años. Eso es una pesquisa ilegal. No me importa porque nada tengo que esconder.

Me aferro a la verdad sin temor. Creo en ella y en la lucha por un país mejor por sobre la diplomacia y la política. 

En mi silencio, muchos decidieron dar por ciertas versiones unilaterales que me relacionaban con los adjetivos más ruines sin resolución jurídica alguna de por medio.

No estoy dispuesto a sobrellevar la marca del infundio por una persona obsesionada y un hombre degradado. Testimonios de sus abusos se suman con las horas.

También he de decir, en medio de esta persecución, que he contado con la solidaridad, el respeto y el respaldo de la mayoría de las personas con las que construí puentes para sumar a la transformación de México.

Perseguido como hace 22 años, estoy convencido de que el país no podrá cambiar del todo mientras la justicia sea rehén de hombres como Gertz Manero.

Los delitos en los que ha incurrido son cada vez más evidentes: el uso de recursos públicos en sus asuntos personales y la persecusión contra quien pueda resultarle un estorbo para resolverlos es una constante.

Su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos.

Más allá del futuro que me aguarde, queda mi testimonio.

Texto publicado en la edición 2368 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.