CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Cada día que pasa se desactiva la infausta campaña contra Julio Scherer Ibarra, la cual no tiene elemento jurídico alguno que soporte o sugiera alguna conducta al margen de la Constitución y la ley del exconsejero jurídico presidencial. Veamos.

Primero. A estas alturas ha quedado claro que el supuesto intento de Julio por “apropiarse” de la Caja Libertad de Juan Collado fue, en realidad, una estrategia para dinamitar los derechos al honor y a la propia imagen de Julio. La revelación de la carta de Collado al presidente López Obrador (https://acortar.link/HHPoG9) donde pondera las credenciales de Julio para resolver en el marco legal el fondo del asunto y el reconocimiento del propio presidente de la República de privilegiar la reparación del daño (https://acortar.link/tZmfYi) sobre el aspecto esencialmente punitivo. En todo caso, como ha trascendido, la Caja Libertad habría sido uno de los bienes que podrían haber quedado en garantía a sugerencia del imputado y de sus hijos para la reparación de referencia, pero obviamente no como propiedad directa o indirecta de Julio, ni mucho menos, como se buscaba sembrar en el ánimo de la opinión pública. La realidad apunta más bien a una disputa del fiscal Alejandro Gertz Manero contra Julio por dos asuntos que estaba fuera de las posibilidades del ex consejero de poder cumplir.

Segundo. Una de ellas se refiere a la línea editorial de Proceso donde se publicó la existencia de un valioso inmueble de Gertz que no había sido revelado en su declaración patrimonial como servidor público. (https://acortar.link/FTJNTw) De entrada, parecería retórico decir que Julio no tiene capacidad de decisión sobre qué y cómo se publican los mensajes noticiosos en Proceso, ni como accionista importante de la empresa editora de Proceso y menos sin la tenencia de esas acciones. Sé que, en prácticamente todos los medios, la decisión del dueño – o del accionista mayoritario- encarna la línea editorial en la vida real. No es, ni ha sido, el caso de Proceso. Esto le consta no sólo a quienes siguen en la revista, sino aquellos que estuvieron y conocieron de primera mano que los temas, portadas y contenidos fueron resultado de una deliberación estrictamente periodística. Y así sigue siendo por una simple, pero importante razón: esa fue la política editorial creada por su fundador Don Julio Scherer García e internalizada en el equipo de Proceso. Vamos, incluso el propio Julio Scherer Ibarra fue objeto de escrutinio en las propias páginas del semanario en tanto servidor público relacionado con asuntos de la agenda pública. Y como cualquier otro actor político ejerció su derecho de réplica en el propio medio. ¿Alguien cree que en otro medio hubiera sucedido algo mínimamente parecido?

Tercero. Y quien de plano quiso subirse al barco que pretendían que zarpara con destino al destierro de Julio, fue la senadora Olga Sánchez Cordero, quien no tuvo empacho en declarar que: “Legalmente, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tenía la atribución, las facultades y las competencias para la relación con los Poderes: con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, y estas facultades se las había arrogado el señor consejero jurídico” (https://acortar.link/kpSDps) ¿En verdad una persona en su sano juicio podría creer que, como si estuviera en la secundaria, Julio Scherer se auto otorgó atribuciones a plena luz del día sin que el presidente de la República y la propia afectada no dijeran nada? ¿Por qué Sánchez Cordero no denunció estas acciones que considera fuera de la norma y las asumió como actos consentidos? ¿Nunca pasó por la mente de Sánchez Cordero que los artículos 12 y 43, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgan atribuciones expresas al presidente de la República para encomendarle tareas específicas a sus secretarios, incluido el consejero jurídico? ¿Por qué no renunció a esta irregular situación en cuanto tuvo noticia y, en cambio, se esperó tres años para hacerlo público, ya fuera del cargo y justo cuando estaba en proceso una campaña de desprestigio contra Julio? Esto pinta de cuerpo entero a Olga Sánchez Cordero.

Pd. En el universo noticioso de estos días, no tuvo suficiente espacio informativo la toma de postura del Consejo General de la Abogacía Mexicana, el organismo que aglutina a los colegios y asociaciones de abogados profesionales del país, sobre los videos filtrados del fiscal Gertz Manero: “conflicto de interés” “comportamiento no ético” y “posible delito de ejercicio ilícito de servicio público” (https://acortar.link/hdd70o)

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