Para el abogado Agustín Acosta la denuncia que Juan Collado hizo contra un grupo de litigantes que presuntamente le ofrecieron el apoyo del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a cambio de obtener beneficios procesales, no acredita el tráfico de influencias debido a que “Scherer no forma parte de la acusación” y no hay, por tanto, “ningún servidor público involucrado”. Acosta –quien defiende a David Gómez Arnau, uno de los imputados– sostiene que cuenta con contratos y correos electrónicos que desmontan las otras acusaciones que pesan sobre su cliente: extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Acreditar la existencia del delito de tráfico de influencias será clave en la causa penal 550/2021 que se sigue contra un grupo de abogados por la supuesta extorsión que denunció el empresario y litigante Juan Ramón Collado Mocelo ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 19 de octubre del 2021.

Para el abogado penalista Agustín Acosta Azcón, defensor de uno de los señalados, el asesor financiero David Gómez Arnau, en la carpeta de investigación no hay ningún funcionario al que se le atribuya la acusación.

En entrevista realizada el pasado viernes 4, el defensor anticipa que en la audiencia inicial del caso –a celebrarse el próximo 8 de marzo a las 13 horas en el Reclusorio Norte– buscará desmontar las imputaciones contra su cliente con pruebas como contratos y correos electrónicos.

Su argumentación es que no se puede acreditar el delito de tráfico de influencias cuando no existe ningún servidor público involucrado o imputado en la carpeta de investigación que la FGR inició luego de que Juan Collado solicitará un criterio de oportunidad a la Fiscalía para tratar de recobrar su libertad.

En la denuncia de Collado se hacen señalamientos contra un grupo de abogados que presuntamente ofrecieron el apoyo de Julio Scherer Ibarra cuando éste era consejero jurídico de la Presidencia, para que el litigante, actualmente preso por una imputación de lavado de dinero y asociación delictuosa, obtuviera beneficios procesales a cambio de revelar nuevos delitos relacionados con las acusaciones en su contra y de la supuesta venta de Caja Libertad a Banca Afirme.

Acosta Azcón advierte que en el expediente de la causa penal no existe ningún funcionario público investigado o imputado por los señalamientos del litigante actualmente preso. Por esa razón, dice que tampoco se podría acusar de tráfico de influencias a su cliente ni a los otros imputados del caso, los penalistas César Omar González Hernández, Juan Antonil Araujo Rivapalacio e Isaac Pérez Rodríguez.

“Como van a hablar de tráfico de influencias si no hay ningún servidor público vinculado a esta carpeta. Aquí quiero decir una cosa: sí, en efecto, el nombre de Julio Scherer se menciona mucho (en la carpeta), pero Julio Scherer no forma parte de la acusación, Julio Scherer no está acusado, Julio Scherer no está investigado y entonces me sorprende que hablen de tráfico de influencias cuando no hay un servidor público involucrado”, sostuvo Agustín Acosta.

Abogado que en enero de 2013 logró la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por el gobierno de Felipe Calderón de secuestro, buscará acreditar que Gómez Arnau no pudo estar involucrado en una supuesta extorsión por la que este grupo de abogados habría cobrado a Collado 1.5 millones de dólares y 10 millones de pesos para lograr su libertad y cancelar una supuesta indagatoria en su contra iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo en ese momento de Santiago Nieto. 

Explica que en la carpeta de investigación relacionada con este tema se puede comprobar que entre su cliente y diversos empleados de Caja Libertad, de la que Collado es el accionista principal, sólo existió una relación comercial.

Acosta también afirma que David Gómez Arnau nunca se ostentó como representante legal de Banca Afirme, como señala la denuncia de Juan Collado; y que, por el contrario, siempre se presentó como director general de su propia compañía, AFIServicios, empresa que firmó un contrato de confidencialidad con Caja Libertad o Libertad Servicios Financieros.

Un documento al que Proceso tuvo acceso señala que el contrato entre ambas compañías se firmó el 27 de julio del 2020 por el representante de AFIServicios, Eduardo Alejandro Solórzano Spangerbeg, y el apoderado legal de Caja Libertad, Omar Ignacio Alejandri Rodríguez.

Para lograr un acuerdo comercial, Gómez Arnau sostuvo al menos un encuentro previo con el secretario general del Consejo de Administración de Caja Libertad, Mauricio de Jesús Gutiérrez Navarro, así como un intercambio de correos electrónicos con Omar Ignacio Alejandri, quien además de apoderado legal de esa misma compañía, fungía como su gerente corporativo, según consta en diversas comunicaciones electrónicas que forman parte de la carpeta de investigación de la que se derivó la causa penal 550/2021.

Un argumento más para evitar que su cliente sea vinculado a proceso luego de la imputación formal que se realizará en la audiencia inicial es que Gómez Arnau jamás recibió o tuvo contacto con dinero proveniente de Caja Libertad o de Juan Collado, por lo que tampoco se puede acreditar que exista el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

De esta manera, de acuerdo con Agustín Acosta, sí la Fiscalía no logra vincular a proceso a su cliente por los delitos de tráfico de influencias, extorsión ni lavado de dinero, tampoco podría hacerlo por el de asociación delictuosa, puesto que al no existir los tres delitos previos, no existe ningún elemento para que se le comience proceso penal por la existencia de una supuesta “asociación o banda”, conformada por tres o más personas, con el propósito de delinquir.

Conversaciones expuestas

En la primera audiencia del caso contra los abogados señalados por extorsión contra Juan Collado, las defensas de Juan Araujo, César Omar González, David Gómez e Isaac Pérez, revelaron que en la carpeta de investigación de este caso existen copias de conversaciones de mensajería electrónica que familiares de Juan Collado y directivos de Caja Libertad sostuvieron con los litigantes imputados.

Las conversaciones fueron aportadas de forma voluntaria por los hijos de Collado, Juan y María del Mar Collado Dot, y mandos de Caja Libertad como Mauricio de Jesús Gutiérrez Navarro (MJGN). En una de esas conversaciones, fechada el 25 de mayo del 2021, Gutiérrez le ofreció a David Gómez Arnau (DGA) una cartera de cuentas por cobrar asociada con las nóminas de maestros que Caja Libertad adquirió por medio de una operación de factoraje; es decir, que compró adeudos que los profesores habían contratado con otra empresa para poder hacer los cobros respectivos a través de sus nóminas de pago.

–Hola David cómo estás? –escribió Gutiérrez al hoy imputado.

–Que tal Mauricio buena tarde, a tus órdenes –le contesta Gómez.

La charla, que se reproduce textual, continúa:

MJGN: Muchas gracias. Perdón, pero he andado en muchas reuniones de urgencia.

MJGN: Quería comentarte qué hay una cartera de descuento de nómina de profesores. La cual adquirimos por factoraje

MJGN: Como estrategia de libertad sería buena opción venderla.

MJGN: Les podría interesar a tus inversionistas?

DGA: Sí por supuesto

DGA: Qué monto es?

MJGN: 145m aprox

DGA: Ya puestos

DGA: Tendrás un resumen de la misma

El abogado penalista explica que este es un dato de prueba más sobre la relación comercial de Gómez Arnau con Juan Collado y Caja Libertad, quienes habrían buscado a su cliente. Además, sostiene que aún cuando Gómez Arnau trabajó con Julio Scherer Ibarra en la década de los noventa, cuando ambos eran parte del Grupo Azucarero Escorpión (Caze) del empresario Enrique Molina, actualmente no tienen un vínculo laboral o comercial.

Incluso, deslindó al empresario Julio Villarreal Guajardo de Banca Afirme y Grupo Villacero, la compañía que pretendía comprar Altos Hornos de México (Ahmsa) al inversionista Alonso Ancira Elizondo como parte del acuerdo reparatorio del caso Agronitrogenados, en el que Pemex acusó un desfalco de 216 millones de dólares por la operación de compra-venta de una planta chatarra con 14 años en desuso.

“David Gómez Arnau no es representante legal de Banca Afirme, eso es una falsedad o una mentira que está en la denuncia de Juan Collado; David Gómez es un consultor independiente, es abogado de formación, pero es un consultor financiero que tiene muchos años de experiencia y lleva muchos años trabajando en temas de inversiones, valuaciones, temas relacionados con finanzas.

“Él tiene una empresa que se llama AFIServicios y lo curioso del caso es que toda la gente de Caja Libertad sabía perfectamente cuál era su función y para quién trabajaba: David Gómez trabaja para sí mismo. Hay una cantidad de comunicaciones electrónicas donde él se comunica con ellos y claramente se ostenta como director General de AFI Servicios. En ninguna de estas comunicaciones se ostenta como representante de Julio Villarreal o representante de Banca Afirme”, dice en la entrevista.

Asegura que su cliente sólo iba a hacer una valuación de los activos y acciones de Caja Libertad para así fijar un valor de venta y que la ganancia de Gómez Arnau estaba condicionada a la venta de la misma, por lo que al no concretarse, el asesor financiero no recibió ningún pago o comisión.

“No hay lavado de dinero y esto lo digo con la siguiente precisión: David Gómez Arnau no tuvo ningún contacto con dinero de Caja Libertad o de Juan Collado. Gómez Arnau firmó un convenio de confidencialidad para obtener información de Caja Libertad necesaria para la valuación de los activos y de las acciones. Eso es lo que firmó y tendría un bono de éxito si lograban concretar, no solo la valuación, sino la venta de Caja Libertad a alguna entidad. Entonces David Gómez no tuvo contacto con dinero”, explica.

En este marco, destaca que en la carpeta de investigación no existe ningún elemento de prueba en el que se acredite que Gómez Arnau es el asesor financiero de Julio Scherer y que la relación entre ambos la conoce por sus propios vínculos con Scherer, con quien colitigó en el pasado los asuntos relacionados con la industria azucarera y Grupo Caze, dato que ni siquiera obra en la carpeta de investigación.

En el pasado, Acosta litigó de manera conjunta con Julio Scherer, pero sin llegar a ser socios formales. Además, fue socio de Juan Antonio Araujo, otro de los imputados en este caso, por cerca de 20 años, aunque posteriormente tomaron caminos diferentes.

Esos vínculos cruzados también tocan al tercer imputado, César Omar González Hernández, quien es socio del despacho Araujo, González, Perimbert, Robledo y Carrancá (AGPRyC).

A pesar de que Araujo y González llevan defensas separadas, sus defensores Diego Madrazo Labardini y Daniel Carrancá de la Mora, también están vinculados a ese mismo despacho; Madrazo en calidad de asociado y Carrancá como socio directo.

Acosta advierte que en su calidad de abogado defensor de Gómez Arnau, sólo puede hablar por él, “pero sí puedo ver que no hay ningún delito”; es decir, que no hubo extorsión ni tráfico de influencias que se pueda derivar de la carpeta de investigación.

“Para que existiera el delito de extorsión tendría que haber un servidor público… Julio Scherer no está acusado, no es ni testigo, ni acusado, ni investigado en este expediente, ni tampoco ha declarado”, explica.

Agrega que tampoco ha declarado ningún funcionario o Ministerio Público de la FGR, instancia encargada de otorgar los criterios de oportunidad. “A mí me llama la atención una cosa, que uno de los imputados, su defensora de oficio pidió la declaración de Juan Ramos (Fiscal de Control Competencial) y dos días después renunció, o le asignaron a otro caso”.

Sobre la audiencia del próximo 8 de marzo, el abogado de Gómez Arnau señala que espera escuchar que la FGR formule “una imputación técnica” contra su cliente y el resto de los imputados.

También solicitó a la FGR que en el debate sobre medidas cautelares no prevalezca “la arbitrariedad de imponer una prisión preventiva justificada. Si estamos hablando de una imputación conforme a derecho, espero que David Gómez ni siquiera quede vinculado a proceso”. Acosta considera que la alusión del juez de control al efecto corruptor de la sentencia que sirvió para librar de la acusación de secuestro a Florence Cassez implica que en este proceso penal se debe privilegiar el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. “Eso es clave para estar en igualdad de armas frente la Fiscalía”, a la que el abogado exige dar a conocer si ya se concretó o no el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen al caso.

Reportaje publicado el 6 de marzo en la edición 2366 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.