La doctora en derecho Ángela María Buitrago, integrante del GIEI que trabaja en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, afirma en entrevista que más allá del grado de participación del Ejército mexicano en el crimen contra los normalistas, los obstáculos a la investigación provienen de “grupos influyentes” interesados en ocultar que funcionarios de todos los niveles están involucrados con el narcotráfico.

BOGOTÁ (Proceso).– La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela María Buitrago, está convencida de que más allá de la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que “sectores influyentes” de México han tratado de ocultar desde un principio es la implicación de autoridades de todos los niveles en el narcotráfico en Guerrero.

Ese factor, a su juicio, es lo que está detrás “de todo lo que se construyó alrededor del caso Ayotzinapa con base en la mentira y la simulación”.

La duda que tiene la experta en investigaciones de crímenes atroces es “si las influencias que hay hoy son más o menos fuertes” que las del pasado. Eso, agrega, “no lo sé”.

Lo que sí sabe con certeza es que los documentos hackeados por Guacamaya a la Sedena y que han sido divulgados en los últimos días ratifican muchos de los hallazgos de las investigaciones del GIEI.

En entrevista con Proceso, la abogada y exfiscal colombiana se refiere, en particular, a la “intromisión” del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, la cual quedó expuesta en uno de los oficios sustraídos por el colectivo Guacamaya.

Buitrago dice que los documentos del hackeo confirman “lo que ya sabíamos: que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron, que la tienen y la siguen ocultando”, y que los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron “aleccionados” por sus superiores para ajustarse a un guion durante la visita de los padres de los 43 normalistas y los integrantes del GIEI a esas instalaciones en 2015.

“Les prohibieron hablar de lo que un asesor del secretario de la Defensa Nacional (de aquel entonces, general Salvador Cienfuegos) no quería que hablaran”, asegura la experta del GIEI, quien ha investigado el caso Ayotzinapa desde 2015.

–¿Esa misma defensa institucional que ha hecho el Ejército de los militares presuntamente involucrados en el caso -Ayotzinapa desde el sexenio pasado, con el general Cienfuegos, la está viendo el GIEI este sexenio, con el general Sandoval? –se le pregunta a Buitrago.

–Sí, claro –responde–, lo que pasa es que en este sexenio ha habido una flexibilización aparente de la Sedena, y han soltado información de utilidad, pero la postura sigue siendo la misma.

Y agrega: “Se lo dijimos también al presidente, que hay mucha información que (los militares) nunca nos dieron. Lo que está saliendo en los Guacamaya Leaks lo demuestra, y esto nos permite decir que todas esas interferencias, todas esas intromisiones, todos esos aleccionamientos y todas esas prohibiciones, pues tienen una razón clara, y es no dejar saber qué pasó”.

Un acto de fe

Buitrago deslinda de la opacidad de la Sedena a López Obrador. Dice que el presidente “ha sido insistente en que se abran los archivos” y “ha dado órdenes muy fuertes” en ese sentido, lo que hizo que en enero de 2021 la institución militar entregara al GIEI varios archivos del caso.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2397 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.