Comenzará el próximo miércoles 8 en el Palacio de Justicia de París y ya se le conoce como “el Juicio del Siglo”. En este proceso serán juzgados 20 presuntos autores de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, que dejaron un saldo de 130 muertos y 473 heridos... y la Ciudad Luz se blinda para ese trascendental proceso.

PARÍS (proceso).- Juicio del siglo, juicio monumental, capítulo excepcional de la historia judicial de Francia, acontecimiento fundamental para el estado de derecho…

Llueven superlativos en la prensa francesa para calificar el juicio a los 20 imputados por los atentados que sembraron terror y muerte en esta capital la noche del 13 de noviembre de 2015.

Por comenzar el miércoles 8, se prevé que el proceso concluirá el 25 de mayo de 2022. Se suspenderá entre el 11 y el 15 de noviembre para tener un “respiro” el día 13 y luego durante las vacaciones de fin de año y de Semana Santa. Durará en total ocho meses, un “récord absoluto” en los anales de la justicia francesa.

Todo es descomunal en esa tragedia y en sus secuelas judiciales, empezando por el número de víctimas acribilladas en París por tres comandos terroristas del Ejercito Islámico (EI) en los alrededores del estadio de Francia, en terrazas de cafés y en la sala de conciertos el Bataclan.

El saldo de la masacre –la peor matanza de civiles cometida en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial– es de 130 muertos y 473 heridos, según los últimos datos comunicados por la fiscalía antiterrorista.

Seis jueces se dedicaron exclusivamente a instruir el caso a lo largo de cinco años. Las investigaciones que supervisaron desembocaron en un expediente de 1 millón de páginas repartidas en 472 tomos –el de los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo y del supermercado judío, perpetrados en enero de 2015 y cuyo juicio se celebró en 2020, contaba “solamente” con 171 tomos–. La sola lista de acusaciones y cargos suma 348 páginas.

Jean-Louis Péries, que preside la Corte Penal especialmente constituida para ese juicio, dispuso de 18 meses a fin de prepararse para ese “maratón judicial”; los cuatro magistrados que lo acompañan dispusieron de un año entero. Como los jueces instructores, los cinco togados consagraron todo su tiempo a esa labor.

Marean algunas cifras: mil 800 personas físicas y morales se constituyeron en acusación particular; 300 abogados las representan, mientras que los acusados cuentan con 31 defensores; varios centenares de periodistas nacionales e internacionales están acreditados para cubrir el juicio.

No se conoce el número exacto de testigos, expertos de toda índole, policías investigadores y miembros de los servicios de inteligencia o de políticos que la Corte y los abogados de ambas partes invitaron o convocaron a comparecer… se habla de cientos de personas.

Un “lugar de justicia”

Encontrar un sitio suficientemente amplio para albergar este juicio “descomunal” fue un verdadero desafío para las autoridades judiciales y los servicios de inteligencia galos, que debieron respetar la voluntad de las asociaciones de víctimas. Éstas excluyeron categóricamente salas de espectáculos, centros de convenciones o deportivos, que hubieran podido ser acondicionados para acoger una gran concentración de personas. Los consideraron “incompatibles con la dignidad de este proceso” y exigieron que su celebración se diera exclusivamente en un “lugar de justicia”.

El flamante Tribunal Judicial de París –­inaugurado hace tres años y en el que se llevó a cabo el juicio por los atentados de enero de 2015– no cuenta con infraestructura adecuada para recibir a centenares de personas. Por lo tanto no le quedó más remedio al gobierno galo que encomendar la construcción de una gigantesca sala de audiencias provisional –750 metros cuadrados, con un aforo de 550 personas– en el inmenso vestíbulo del histórico Palacio de Justicia, en l’Ile de la Cité, cuna de París.

Las víctimas no podían soñar con un emplazamiento más solemne, pues el imponente edificio es la sede judicial de la Ciudad Luz desde el siglo XIV.

Las obras se iniciaron en enero de 2020, acabaron el pasado junio y costaron 7.5 millones de euros al Estado galo.

En esa sala de audiencias, la más vasta jamás edificada en Francia, se encontrarán además de la Corte, del personal judicial y de los acusados, 50 abogados de las víctimas y los 31 defensores de los acusados, una parte de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas y de los directivos de sus asociaciones y un número reducido de periodistas. Los demás participantes en el juicio, así como los reporteros y el público se reparten en una decena de salas anexas dotadas de grandes pantallas y de conexiones audiovisuales que permiten que los abogados intervengan en los debates.

Al igual que el juicio de los atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado judío, el de los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015 será íntegramente grabado en audio y video. Todas las grabaciones se conservarán en los Archivos de la Nación con el fin de “preservar la memoria de las atrocidades cometidas” y de “demostrar ante la historia cómo una democracia juzgó a terroristas respetando el derecho a un juicio equitativo, el debate contradictorio, el ejercicio de los derechos de la defensa y de las víctimas”, afirman las autoridades judiciales.

El público tendrá acceso a estos archivos dentro de 50 años, pero historiadores y expertos podrán consultarlos con autorizaciones especiales.

Debido a su larguísima duración, el proceso de los atentados del 13 de noviembre planteó un dilema específico que no se presentó en el de enero de 2015.

Es impensable que los mil 800 demandantes oriundos de toda Francia y de otros 23 países –entre ellos México– se instalen durante meses en París para asistir a todo el juicio o partes de él. Sin embargo, tal como lo demostró el caso de Charlie Hebdo y del supermercado judío, estar presente en un proceso de esa índole, por doloroso que sea, puede ayudar a la reconstrucción psíquica de los sobrevivientes o de los familiares de los fallecidos.

Tras meses de discusiones, la institución judicial francesa y las asociaciones de víctimas resolvieron el problema con la creación de una webradio específica a la que sólo podrán conectarse las personas físicas y morales que se constituyeron en acusación particular. De esa forma, estén donde estén, tienen la posibilidad de seguir minuto a minuto cada una de las audiencias, si así lo desean. Pero deben limitarse a escucharlas, ya que la legislación gala prohíbe la difusión de imágenes de juicios, incluso en circuitos restringidos.

Los acusados

Sólo 14 de los 20 acusados estarán presentes en la impresionante sala de audiencias del Palacio de Justicia.

Según los servicios de inteligencia, otros cinco acusados murieron en zonas de guerra de Irak y Siria; pero a falta de pruebas contundentes de su fallecimiento, las autoridades judiciales optaron por juzgarlos en ausencia.

Entre ellos sobresalen los hermanos Fabien y Jean-Michel Clain, considerados importantes cuadros franceses del EI, y Oussama Atar, emir (alto mando militar) de la misma organización.

Todo parece indicar que este belga-marroquí fue el cerebro de los ataques y que los planeó en Raqqa, Siria, excapital del Califato del EI.

El sexto, Ahmed Dahmani, también belga-marroquí, acusado de haber participado activamente en la logística de los atentados, está encarcelado en Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se opuso a su trasladado a Francia.

El “protagonista” del juicio es Salah Abdeslam, único sobreviviente del comando de 10 terroristas que ensangrentó París.

Nacido el 15 de diciembre de 1989 en Molenbeek, municipio pobre de la región Bruselas-Capital, Abdeslam sigue siendo un enigma y es probable que lo será hasta el fin del juicio.

Detenido el 18 de marzo de 2016 en Bélgica, tras cuatro meses de fuga, Abdeslam se limitó a decir a los jueces belgas que había renunciado a participar a los atentados kamikaze contra el Estadio de Francia. Luego calló durante dos años.

Ese ataque –afortunadamente– fracasó. El comando de cuatro terroristas del que formaba parte Abdeslam debía penetrar a como diera lugar en el estadio –donde los equipos de futbol de Francia y Alemania jugaban un partido amistoso– y hacer detonar sus cinturones de explosivos en medio de los espectadores.

Al no lograr entrar al recinto deportivo, Ahmad al-Mohamad y Mohammad Al-Mahmod, ambos con pasaportes sirios, y Bilal Hadfi, francés radicado en Bélgica, se inmolaron en las afueras del recinto deportivo matando a un conductor de autobús.

Se ignora si Salah Abdeslam se echó para atrás, como alega, o si no logró detonar su cinturón de explosivos o si tenía otra misión que cumplir.

Su automóvil fue visto en los alrededores del Bataclan poco antes del asalto lanzado por el segundo comando terrorista y luego se esfumó. Su cinturón de explosivos fue descubierto en un bote de basura.

Después de su traslado a Francia, Abdeslam fue interrogado en varias oportunidades por Christophe Teissier, uno de los seis jueces que instruyeron el caso, y siempre guardó silencio, salvo el 9 de marzo de 2018. Ese día el juez lo encaró con Ali Oulkadi, acusado, entre otros delitos, de haberlo ayudado a esconderse durante su fuga. Abdeslam aseguró que su amigo nada tenía que ver con los atentados y de nuevo se encerró en el silencio.

Fue gracias a ese testimonio que ­Oulkadi, de nacionalidad francesa pero radicado en Bélgica, encarcelado durante dos años, fue liberado y colocado bajo control judicial.

Comparece libre ante la Corte Penal Especial, al igual que Abdel Chouaa y Farid Kharkhach, ambos también bajo control judicial. El primero, de nacionalidad belga e hijo de un imán (responsable religioso) de Molenbeek, es acusado de haber brindado apoyo logístico a los terroristas, mientras que el segundo, belga-marroquí, pertenece a una red de falsificadores que les procuró pasaportes falsos.

Los tres están sentados fuera de las “jaulas” de vidrio antibalas en las que están encerrados Salah Abdeslam y sus 10 coacusados –en su mayoría de nacionalidad belga– ya que fue en Bélgica y en particular en el municipio de Molenbeek, en donde el comando organizó los atentados.

Entre los imputados sobresale Mohamed Abrini, conocido como “el hombre del sombrero” desde que fue captado por cámaras de vigilancia del aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo de 2016. Tenía el rostro tapado por un sombrero y grandes lentes, estaba acompañado por los dos kamikazes del EI que detonaron sus cinturones de explosivos pocos minutos después de haber sido grabados. El saldo del atentado fue de 32 muertos y 340 lesionados.

Abrini y Abdeslam aparecen juntos en imágenes tomadas por una cámara de vigilancia de una gasolinería de los alrededores de París el 11 de septiembre de 2015. Abrini está acusado de haber juntado fondos y armas para los terroristas. Después del juicio francés, será juzgado en Bélgica por su participación en los atentados que enlutaron Bruselas.

El mismo destino espera a Osama Krayem, sueco de origen sirio, sospechoso de haber sido el brazo derecho de Abdelhamid Abaaoud, que encabezaba los comandos yihadistas que cometieron los atentados de París y luego los de Bruselas. Abaaoud fue ultimado por las fuerzas especiales francesas el 18 de noviembre de 2015 en el departamento donde se escondía.

Al cierre de esta edición se seguía sin tener mayor información sobre el dispositivo de seguridad desplegado alrededor del Palacio de Justicia y en toda l’Ile de la Cité. Solo se sabe que después de los desafíos lanzados en Kabul por el EI al Pentágono, la OTAN y los talibanes, los servicios franceses de inteligencia están más que nunca en alerta máxima y lo seguirán estando durante todo el juicio.

Reportaje publicado en la edición 2340 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.