Durante dos años y medio Irma Eréndira Sandoval fue figura central en el gobierno de la 4T. Como titular de la Secretaría de la Función Pública gozó de las confianzas del presidente López Obrador, quien le encomendó tareas prioritarias, como el combate a la corrupción, la supervisión de las medidas de “austeridad republicana”, la desaparición de los fideicomisos públicos y la supresión de las direcciones generales adjuntas. Pero la semana pasada la estrella de Sandoval declinó y se convirtió en la primera funcionaria despedida. Deja atrás una cauda de asuntos irresueltos e innumerables pifias. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el video donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció con frialdad su “reemplazo” en la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros recordó al mandatario la trayectoria política de su familia, le refrendó su lealtad y presumió sus logros en el combate a la corrupción.

Durante sus dos años y medio al frente de la dependencia, Sandoval anunció ­inhabilitaciones y sanciones millonarias a personajes del primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, hasta la fecha ningún representante destacado del “antiguo régimen” envuelto en escándalos de corrupción durante la “era neoliberal” aparece en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), una plataforma que alimenta y debe actualizar la SFP.

En esta base de datos sólo figuran 19 servidores públicos sancionados entre diciembre de 2018 y abril de 2021, periodo de Sandoval en la SFP; entre ellos no figuran Luis Videgaray Caso ni Rosario Robles Berlanga ni el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ni su amigo Édgar Torres Garrido –multado por cerca de 4 mil millones de pesos por la compra fraudulenta de Grupo Fertinal–, a pesar de que la SFP informó en boletines de prensa las inhabilitaciones y multas en su contra.

El martes 8 de junio, por ejemplo, la dependencia emitió dos comunicados respecto a la sanción contra Videgaray por no reportar cuentas bancarias. Éste –al que Lozoya acusó de operar una red de sobornos y de lavado de dinero con Peña Nieto– reviró que se trataba de tarjetas de crédito que sí reportó en el apartado correspondiente. 

En marzo de 2020 Sandoval presumía ante la Cámara de Diputados que la dependencia había sancionado a 4 mil 700 servidores públicos durante su primer año de gestión –que deberían aparecer en el RSPS–, y presentado 128 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

Exfuncionarios y empresas han presentado impugnaciones en tribunales contra las sanciones de la SFP; su número es desconocido, y la dependencia ha sido opaca al respecto: desde principios de año, Proceso le solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, información sobre el estatus de las sanciones, para saber cuántas habían sido impugnadas, así como su estado actual.

La SFP remitió a la información disponible en su plataforma RSPS, en la cual no figuran las impugnaciones. El pasado 13 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI) le exigió que indicara el número de impugnaciones y su estatus, pero la SFP se negó de nuevo: el 17 de mayo el director general de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, Gregorio González Nava –un hombre del equipo de Sandoval–, indicó que la información “resulta inexistente”.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2330 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de junio de 2021.