(Segunda de tres partes)

Europa se ha convertido en un referente mundial al lograr equilibrar la innovación farmacéutica con el acceso universal a los medicamentos. En contraste con México y otros países latinoamericanos, donde los precios de los fármacos patentados quedan, en gran medida, a merced del mercado, las naciones europeas han tejido una compleja red institucional que regula, negocia y controla los costos de los medicamentos de primera línea. 

El panorama queda patente: Europa asegura el acceso universal a tratamientos innovadores sin entorpecer la investigación científica demostrando que la regulación no funciona como un obstáculo sino como una condición esencial para la sostenibilidad. Todo parte de la firme convicción de que el derecho a la salud debe primar sobre cualquier lógica meramente mercantil. 

A finales del siglo?XX países como Alemania, Francia y Reino Unido pusieron en marcha consejos de evaluación que examinan cada nuevo medicamento y sopesan si el precio propuesto por las farmacéuticas resulta razonable en relación con su valor terapéutico. 

En Alemania, por ejemplo, el sistema AMNOG obliga a que, una vez introducido un fármaco innovador, un comité independiente valore sus beneficios comparativos frente a las terapias ya existentes. Un precio superior sólo se permite cuando realmente brinda una ventaja clínica significativa. De lo contrario, el medicamento se somete a negociación y su coste se alinea con el de los tratamientos ya disponibles (Kaplan et al.,?2013).

Si el fármaco supera el umbral de costo-eficacia, la financiación pública se descarta, salvo en casos excepcionales (Moon et al.,?2011). Así, el mercado británico filtra las innovaciones bajo criterios clínicos y económicos protegiendo tanto la verdadera innovación como la sostenibilidad del sistema.

En la región nórdica la lógica se lleva a un nivel todavía más ambicioso. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia utilizan esquemas de fijación de precios centralizados y ejercen un control extremadamente estricto sobre los márgenes de ganancia. 

En Noruega la normativa obliga a que los precios de los medicamentos de patente de primera línea no superen el promedio de los tres países europeos con los precios más bajos. Suecia, por su parte, delega la decisión a la Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV), que sólo autoriza el reembolso de los fármacos que cumplan rigurosos estándares de efectividad clínica y de costo-eficacia (Correa, 2019). 

En Dinamarca los precios se ponen bajo lupa de manera regular, comparándolos con referencias internacionales y ajustándolos cuando es necesario. Finlandia, con su sólido sistema público, condiciona el reembolso de los medicamentos a evaluaciones periódicas que garantizan que los precios no se disparen. Realizan negociaciones, ponen límites y, si la ocasión lo demanda, se valen de adquisiciones conjuntas entre diversos países europeos para potenciar su capacidad de negociación (Abbott, 2020).Una cuestión esencial en el contexto europeo, y con especial énfasis en los países nórdicos, es que la normativa no sólo ampara a los medicamentos genéricos, sino también a los de patente que la comunidad médica considera de primera línea. Cuando un tratamiento se califica como esencial o insustituible, los Estados intervienen de manera directa para garantizar que su disponibilidad sea posible a precios asequibles. Así ha ocurrido, por ejemplo, con biológicos oncológicos, antivirales de última generación y terapias para enfermedades raras. 

Los gobiernos reconocen que estos fármacos son indispensables, pero no toleran precios abusivos. La innovación farmacéutica en Europa no ha sido truncada por esas prácticas; al contrario, el continente sigue marcando la pauta en la investigación de biológicos, terapias génicas y medicamentos huérfanos. 

Alemania, Suiza y el Reino Unido albergan a varias de las compañías más influyentes del sector; y Francia y España, junto a los países nórdicos, participan activamente en ensayos clínicos de vanguardia. 

Lo que queda claro es que regular los precios no ahuyenta la inversión en ciencia, siempre que existan reglas bien definidas (Kaplan et al.,2013). En el caso de los medicamentos oncológicos, Europa ha sabido equilibrar la innovación con el acceso. Los fármacos antivirales contra la hepatitis?C – entre ellos el sofosbuvir – llegaron al mercado europeo con precios de lista que rozaban la exageración. Sin embargo, en poco tiempo se renegociaron mediante compras centralizadas logrando que el coste por paciente descendiera más del 60 % (Reichman, 2009).

En el ámbito de los fármacos para enfermedades raras los países nórdicos siguen destacándose, ya que los precios tienden a dispararse por la escasa prevalencia de esas patologías. Suecia y Noruega han unido sus esfuerzos mediante políticas regionales que buscan pactar precios razonables evitando que las compañías farmacéuticas se aprovechen de la necesidad vital de pequeños grupos de pacientes. 

El contraste con México es notorio. Mientras en Europa y en los países nórdicos el precio de los fármacos de primera línea se fija tras aplicar rigurosos criterios clínicos y económicos, en México se aceptan tal cual los precios que establece la industria farmacéutica. Como consecuencia, el país termina pagando más que la mayor parte de los estados europeos por los mismos medicamentos, pero sin disponer de un sistema de salud universal que amortigüe esos costos. 

En México casi 40 % de los costos de salud recae directamente en los bolsillos de las familias, mientras que en Europa esa carga apenas supera 20 % en promedio (Correa, 2019). 

En Europa, cuando la comunidad médica reconoce que un medicamento bajo patente es insustituible o, al menos, claramente superior a sus versiones genéricas, el Estado interviene de manera directa para asegurar su acceso y controlar los precios. 

En México, en cambio, los pacientes se topan con la paradoja de que esos mismos fármacos se vuelven prácticamente inaccesibles, quedando al alcance sólo de quienes disponen de seguros privados o recursos propios. En Europa, innovación y salud pública se conciben como dimensiones que se complementan mutuamente. La normativa protege al paciente sin ahuyentar a la industria. En México, la defensa de las patentes ha llegado a ser un dogma, desvinculado de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud. 

El resultado es un mercado desequilibrado, con precios abusivos que se disparan y una cobertura que resulta insuficiente. Europa ha puesto de relieve que controlar los precios no bloquea la innovación; más bien, actúa como catalizador para que la ciencia atienda necesidades palpables.

Por el contrario, los Estados de Europa y los países nórdicos negocian con decisión para que el acceso universal sea factible. México tiene la posibilidad de inspirarse en este modelo, adaptándolo a sus propias circunstancias institucionales y económicas. En síntesis, Europa ha construido un sistema robusto donde la innovación convive con la justicia social. El precio de un medicamento no se reduce a la mera voluntad de una farmacéutica; es, más bien, el resultado de evaluaciones objetivas, negociaciones transparentes y decisiones políticas firmes. 

México, por su parte, sigue pagando los precios más altos de la región sin garantizar un acceso universal. La lección es clara: proteger las patentes por sí solo no basta.