En tanto se ha cumplido el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la violencia contra niñas, niños y adolescentes refleja una crisis estructural que parece no dar tregua en el país. No se trata de ninguna especulación, según cifras oficiales y el último reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se registraron 2 mil 243 homicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 0 y 17 años, lo cual significó un aumento de más del 6% respecto al año anterior. En el rubro de feminicidios de niñas y adolescentes, igualmente se observa un incremento con 73 casos en comparación a 68 en 2023.

Adicionalmente, durante los últimos cinco años Early Institute ha documentado un crecimiento sostenido de casi 65% respecto los índices de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual se suma a un contexto de violencia generalizada a partir de fenómenos latentes como la explotación, trata, movilidad, migración y el reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado.

De todo ello existe evidencia sólida, no hace falta apelar a diagnósticos o datos de escritorio para interpretar esta realidad y concluir que se trata de un problema estructural. Al final, se trata de vidas y familias destrozadas, reflejo de décadas de abandono institucional hacia la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente a la que se desarrolla en entornos vulnerables de pobreza y marginación.

En tal contexto y a un año del inicio este gobierno, surge una pregunta ineludible: ¿por qué esta agenda no ha emergido como un eje prioritario explícito a pesar de la urgencia manifiesta?

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, presentado por el Gobierno de la República en febrero pasado, representa el documento rector que define las prioridades de la administración pública federal. La estructura de este nuevo documento rector se sustenta en cuatro ejes –gobernanza y justicia; desarrollo con bienestar; economía moral y trabajo; desarrollo sustentable– su contenido enfatiza el fortalecimiento del Estado de bienestar, el desarrollo económico inclusivo y la innovación pública. En las páginas 48 y 49 del documento, la mención hacia la niñez y adolescencia dedica únicamente tres párrafos a describir el compromiso del gobierno actual con este grupo, abordando genéricamente temas como el de educación inicial, nutrición, salud y acceso a apoyos para niñas, niños y adolescentes.

En su primer informe de gobierno, hace apenas unas semanas, la presidenta destacó logros como la reducción de homicidios dolosos, la atención a migrantes y la expansión de programas sociales como becas y viviendas. Enfatizó el avance en temas como la prosperidad compartida, el incentivo al empleo, mejoras en salud y educación y la soberanía económica, reflejando –naturalmente– continuidad respecto el sexenio anterior, pero con un sello propio en cuanto a la innovación y el énfasis en materia de equidad de género. 

Sin embargo, en toda esta narrativa de la transformación del país, la niñez no ha figurado en los últimos siete años como un pilar autónomo; se integra transversalmente en secciones sobre bienestar familiar, cuidados y género, pero sin un presupuesto o acciones específicas que la eleven y dignifiquen por encima de otras demandas como lo mandata la Constitución.

Por ejemplo, la violencia contra la infancia a menudo se diluye en categorías más amplias como “violencia de género” o “seguridad pública”, sin un enfoque diferenciado que reconozca su especificidad y permita establecer estrategias propias para reducir la impunidad y los índices de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Desde luego, esta aparente “despriorización” podría explicarse por varios factores políticos o coyunturales. Primero, el arranque de cualquier gobierno enfrenta un cúmulo de urgencias. En el caso de la presidenta Sheinbaum, su gobierno heredó una economía en recuperación postpandemia, tensiones diplomáticas y migratorias tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y un mapa de violencia nacional que exige respuestas inmediatas y un viraje en el eje de seguridad pública.

Segundo, es claro que el estilo de estos gobiernos se centre en la gestión de logros y proyectos cuantificables, como la creación de escuelas o el “Plan México” para inversiones, que prioriza indicadores económicos y sociales visibles, mientras que la protección de la niñez y adolescencia requiere reformas profundas en justicia, educación y salud, áreas en la cuales –dadas las características y funcionamiento de nuestro modelo federal– representarían inversiones en políticas públicas y presupuestos de largo plazo, así como una activa coordinación con los gobiernos estatales.  

No obstante, no todo es ausencia. Hay señales de que esta agenda comienza a cobrar cierta relevancia en forma progresiva dentro de los programas del gobierno. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), impulsado por la presidenta Sheinbaum y algunos gobiernos estatales, posiciona por primera vez a la primera infancia, niñez y adolescencia como prioridad en políticas de apoyo familiar. 

También, en julio de este año, la presidenta anunció una revisión exhaustiva de cifras sobre violencia intrafamiliar y muertes violentas de menores, condenando enérgicamente estos actos y prometiendo acciones contra la impunidad. Además, reformas recientes aprobadas por el partido mayoritario en el Congreso, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores sexuales de niñas y niños, representan pasos históricos contra la violencia estructural.  

En tal contexto, opino que la no priorización explícita de esta agenda revela una tensión clásica en estilo de la gobernanza mexicana: atender lo inmediato respecto a planear transformaciones de largo aliento. Mientras el gobierno invierte en soberanía y prosperidad —necesarios para un país fracturado—, la agenda en materia de niñez paga el costo de esta inercia.

Me parece pues, no se trata de una indiferencia programada sino de decisiones de orientación y distribución de recursos que aún no calibran la magnitud del daño invisible hacia las generaciones por venir. El gobierno actual, con su énfasis en equidad y derechos tiene la oportunidad de elevar esto a prioridad en los próximos cinco años.

Sólo con un compromiso presupuestal y multisectorial —desde la crianza positiva hasta la justicia restaurativa— México podría comenzar a revertir este escenario sombrío hacia la niñez. Esperamos que el nuevo Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna) pendiente de publicarse, refleje una apuesta de acciones concretas y realizables para el beneficio de esta población.

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Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director ejecutivo del Think tank mexicano Early Institute.