El arresto del fundador y director de la red social Telegram en Francia ha sido interpretado como un acto de censura y una pésima noticia para la libertad de expresión en redes sociales.

Es tentador ver a Telegram como un referente de libertad de expresión en plataformas digitales. A diferencia de Facebook o Instagram, la red de Pável Dúrov prácticamente no modera el contenido compartido por sus usuarios. Además, es comúnmente pensado que ofrece un nivel privacidad superior al de sus rivales; una creencia que se refuerza por la total falta de cooperación de su propietario con las autoridades.

La discusión sobre el balance entre libertad de expresión y protección del público es tan importante como compleja. Mientras que países como Estados Unidos suelen darle más énfasis a la primera, recientemente lugares como Reino Unido, y más recientemente Brasil, han buscado adoptar enfoques más equilibrados.

Sería ingenuo pretender resolver este rompecabezas. Lo que me interesa argumentar en este artículo es que, cuando se mira de cerca el caso de Telegram, la idea de que la libertad de expresión le ampara a operar como lo ha hecho cae por su propio peso.

Para ver por qué, empecemos notando dos características relevantes de la red del hombre recién arrestado.

La primera es su estructura. Aunque Telegram ofrece un servicio de mensajería directa entre una persona y sus contactos, uno de sus distintivos ha sido la posibilidad de unirse a grupos de chat o a canales temáticos que pueden albergar hasta 200,000 usuarios. Esta última función le ha distinguido de competidores como WhatsApp, Signal o Imessage.

En los canales y grupos de Telegram se comparte todo tipo de contenido –la mayoría legal–. Sin embargo, también es de sobra conocido que intercambia masivamente contenidos ilegales. Ejemplo de ello son la pornografía infantil, la comunicación abierta de organizaciones terroristas –como Isis– con decenas de miles de personas o grupos criminales.

La segunda es su falta de privacidad. Contrario a lo que se ha comentado en distintos reportes, la mayoría de las comunicaciones en Telegram no están cifradas o encriptadas en un sentido relevante.

Para efectos de privacidad, una comunicación genuinamente cifrada o encriptada es aquella cuyos mensajes no son guardados en los servidores de la empresa y no pueden ser leídos ni siquiera por esa compañía. Por ejemplo, las redes mencionadas arriba encriptan sus comunicaciones de esta manera.

El cifrado de extremo a extremo ha sido combatido ferozmente por distintos gobiernos. No es difícil ver por qué. Cuando un crimen es planeado o cometido en una aplicación encriptada con esta tecnología, las empresas no pueden, aunque así lo quisieran, recuperar la información relevante y compartírsela a las autoridades.

Telegram no utiliza el cifrado de extremo a extremo en sus canales. Ni siquiera lo emplea en las comunicaciones directas entre un usuario y sus contactos. Para habilitar esa función, es necesario utilizar una tercera opción, denominada “chat secreto”.

La privacidad que supuestamente ofrece Telegram a sus usuarios proviene del hecho unipersonal de que su fundador, Pável Dúrov, mantiene una abierta política que no colaborar con gobiernos que buscan información que les ayude a investigar o detener actos criminales.

La combinación de estas dos características ayuda a ver por qué Telegram ha sido acusado de complicidad en los delitos cometidos en sus espacios.

Si bien es cierto que en todas las redes sociales se cometen delitos, muchas pueden lavarse las manos con una excusa bien fundada: les resulta técnicamente imposible saberlo, porque no hay forma de desencriptar las comunicaciones cifradas. En contraste, Telegram puede “ver” en tiempo real los ilícitos que se cometen en su plataforma; es decir, conoce que ocurren y decide ignorarlos.

A ello hay que sumar que cuando un gobierno les pide información, las plataformas suelen cooperar en todo lo que pueden. El problema es, de nueva cuenta, que les es imposible recuperar información compartida por sus usuarios mediante comunicaciones cifradas que no son almacenadas. Telegram, en cambio, puede acceder a mucha información que guarda, pero se niega sistemáticamente a hacerlo cuando se trata de colaborar con las autoridades.

Me parece que es un despropósito pensar que la libertad de expresión debe amparar actos criminales y con impactos reales para miles de seres humanos.

Nadie en su sano juicio puede pensar, por ejemplo, que la libertad de expresión es motivo para que una banda de traficantes de personas anuncie a los seres humanos de carne y hueso como mercancía.

Tampoco puede suponer que la libertad de expresión ampara a quien tiene información de esta red y se la niega a las autoridades que pretenden desmontarla. Es este el contexto en que debe leerse la acusación contra Telegram de complicidad en actos ilegales.

Alguien podría objetar que es un error hacer a las plataformas responsables de los contenidos que en ellas son publicados. Por ejemplo, éste es el enfoque seguido en Estados Unidos desde hace años.

Éste es un asunto crucial que tiene que ser cuidadosamente evaluado. Sin embargo, me parece que el caso de Telegram trasciende esta discusión: recordemos que estamos ante un escenario donde existe una intención explícita de ocultar crímenes a las autoridades.

De lo anterior no se sigue, sin embargo, que el arresto de Pável Dúrov no resulte problemático. Uno de estos aspectos es el hecho de que se proceda directa y personalmente contra el CEO de una red, y no contra la empresa. Este asunto no es trivial. Cada país tiene sus leyes particulares, incluyendo algunos con regímenes autocráticos.

Otro aspecto para considerar es que el arresto de Dúrov podría tener móviles políticos. Es claro que este evento es excepcional y no resuelve el problema de fondo, pues, tras el arresto de su dueño, Telegram podría seguir operando sin cambios significativos en sus políticas.

Para efectos de este análisis, lo importante es que defender a Telegram aludiendo a la delicada tensión entre la libertad de expresión y otros derechos es insostenible. Estamos ante una empresa que claramente cruzó los límites de lo que es aceptable y se negó colaborar con las autoridades en la investigación de delitos graves.

Y es que, aunque la protección de la privacidad es un valor importante, sería un error utilizarla como excusa para amparar actividades criminales que tienen consecuencias devastadoras para miles de seres humanos.

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*Profesor Asociado de Filosofía en la Universidad de Nottingham