El día de hoy, 19 de septiembre, se cumplen siete años del sismo de 2017 y 39 años del sismo de 1985, desastres que comparten la misma fecha. Se trata en ambos casos de eventos que han marcado irreparablemente a familias, comunidades, ciudades y, por supuesto, a todo nuestro país.

Esta fecha es un recordatorio de las víctimas, a quienes debemos honrar, pero es importante que cada 19 de septiembre nos ayude a concientizar sobre la relevancia de obedecer y reforzar las medidas que protección civil ha implementado en todo el país. 

Este tema es trascendental, pues impactó directa o indirectamente en todos los mexicanos, ya sea como víctimas, por vivir desplazamientos, por tener familiares o amigos que se vieron afectados en distintos estados del país, o simplemente por compartir la experiencia del miedo, de la incertidumbre y del dolor.

Recordemos que, como lo han reportado distintos trabajos de investigación periodística, entre ellos de la revista Proceso, y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), el sismo de 2017 (el cual dejó 370 personas fallecidas y más de siete mil heridos, según cifras oficiales) destapó una serie de irregularidades y de presuntos actos de corrupción en regulación de usos de suelo, implementación de programas de protección civil, el otorgamiento de permisos de construcción y en los donativos posteriores al sismo, entre otras cuestiones que siguen sin ser aclaradas.

Por ello, el apoyo a los damnificados por desastres naturales –como en un sismo– debe ser no sólo una prioridad, sino una responsabilidad del gobierno que atiende y acompaña a sus ciudadanos en momentos de desastre. 

Las personas, y en especial los damnificados, piden conocer cómo fueron empleados dichos recursos, transparentar el gasto para que la ayuda llegue directamente a los afectados y que este proceso no sirva para ensanchar los bolsillos de unos cuantos.

Se trata de cumplir a cabalidad una responsabilidad con transparencia, con políticas claras e indudablemente con rendición de cuentas.

Desde 2017 el INAI ha invitado a todos los niveles de gobierno a seguir una serie de acciones para fomentar una reconstrucción abierta, apegada siempre al principio de máxima publicidad de la información en beneficio de la sociedad. Por ello, transparentar cada uno de los procesos de contratación relacionados con la reconstrucción es fundamental para cerrar espacios a la opacidad. Además, de manera proactiva la ciudadanía debe contar con esta información, e incluso en datos abiertos, para impulsar propios análisis ciudadanos.

El INAI trabaja para que los recursos se transparenten. Por ejemplo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la ciudadanía puede preguntar a las autoridades correspondientes todo lo relacionado con donativos y características de edificios dañados, entre otras inquietudes.

Al hacer una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia y colocar el término “Sismo 2017”, encontramos 38 mil 939 registros, de los cuales 21 mil 175 corresponden a información pública, 17 mil 719 a solicitudes de información y 45 a quejas de respuestas. Además, la palabra “sismo” en la Plataforma Nacional de Transparencia registra 55 mil 544 coincidencias (32 mil 551 registros de información pública, 22 mil 925 solicitudes de información y 68 quejas de respuestas).

Las personas que buscan información sobre este tema no es sólo para detectar casos de corrupción, muchas veces quieren acceder a apoyos o beneficios; o bien quizá buscan recuperar información que se perdió en el desastre y que requieren para realizar otros trámites.

Para esto es importante la autonomía del INAI, pues de no existir, los ciudadanos quedarían en un abandono y vulneración; pues no habría un árbitro al cual recurrir en caso de que no reciban respuesta.

Por ejemplo, en 2022 a la ponencia a mi cargo le fue turnado un recurso de revisión (RRA 4381/22) contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde una persona requirió obtener información sobre los monumentos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Ante ello, en el pleno del INAI determinamos modificar la respuesta del INAH a efecto de que entregue los nombres de las empresas que están desarrollando los trabajos de restauración, instrucción que fue cumplida por el sujeto obligado.

La transparencia y rendición de cuentas es y será siempre el componente de mayor firmeza y resistencia en la construcción de cualquier política pública. En temas tan delicados, debemos apelar a la institucionalidad y a la humanidad para dar certeza a la sociedad, a través de un ejercicio transparente de los recursos.

X: @JulietDelrio