CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Relatores de Naciones Unidas sobre derecho a la privacidad y sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a “reconsiderar”  la decisión de eliminar el el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección e Datos Personales (INAI), ya que su desaparición y la de órganos similares en los estados podría “socavar el derecho a la privacidad en el país,

En una comunicación fechada el 28 de agosto, las responsables de las relatorías especiales, Ana Brian Nougreres, sobre derecho a la privacidad, e Irene Khan, sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y de expresión, consideraron que la desaparición de la institución como una situación “especialmente preocupante ya que es notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales”, para robustecer la democracia.

Del análisis de la propuesta presidencial del 5 de febrero pasado, y del dictamen aprobado en Cámara de Diputados, las relatoras coincidieron en que “la supresión del INAI sin establecer mecanismos alternativos integrales y comprehensivos podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”.

En la comunicación las relatoras hacen una solicitud de información al gobierno de López Obrador, para que explique “cómo se garantizará la protección de datos personales”, y así como la manera en que se evitará debilitar “los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia”, en caso de aprobar la reforma “sin un órgano autónomo como el INAI”.

Al cuestionar que mecanismos “se implementarán para asegurar que los ciudadanos sigan teniendo acceso a la información necesaria para participar activamente en la vida pública”, las relatoras preguntaron también sobre cómo es que esta reforma va a atender las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, específicamente en relación con la privacidad y la protección de datos.

De la misma manera, se pidió “proporcionar información sobre qué entidad asumirá la responsabilidad de revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales” y cómo garantizar que “esta entidad sea autónoma y no esté sujeta a influencias políticas”.  

Al recordar que, en su visita oficial de la Relatoría especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, en conjunto con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambas relatorías alentaron a darle carácter autónomo y constitucional al INAI, aplaudiendo sus resultados, las relatoras destacaron los avances del organismo. 

“A través de su actividad desde el 2002, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana”, reconocieron los relatores.

Tras señalar que el INAI “es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales” de los mexicanos, los especialistas hicieron un recuento del dictamen desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales, el pasado 5 de febrero, incluyendo la desaparición del INAI en el proyecto de “simplificación orgánica”, por el que se pretende la reasignación de funciones que ahora corresponden a diversos órganos autónomos.

Del análisis de la propuesta presidencial, las relatorías alertaron que no sólo se pretende eliminar la facultad del Senado para nombrar a los comisionados o la del presidente para vetar los nombramientos, sino que al INAI y a sus contrapartes se les pretende suprimir de la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad y eliminar al INAI del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el plano federal, las relatorías señalaron que “la iniciativa no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI”,  en tanto que apunta que los sujetos obligados se regirán por la ley de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales “en los términos en que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio e este derecho”. 

Para las relatorías, lo anterior significaría que, “por un lado, se responsabilizaría directamente a cada sujeto obligado a ‘promover, respetar, proteger y garantizar’ los dos derechos, y por el otro, a las secretarías de la Función Pública y los órganos internos de control a resolver los recursos que se presenten en ambas materias. Sobre todas las demás funciones del INAI, la iniciativa no se pronuncia”.

La comunicación cuestiona que se transfiera a una institución que no ha sido creada, como lo es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el acceso a la información y protección de datos personales de partidos políticos, en tanto que en casos relacionados con sindicatos, las competencias se traslada a autoridades laborales y a los tribunales federales de conciliación y arbitraje.

Al señalar que “las diversas facultades del INAI se diluirían en varias entidades como consecuencia de la reforma”, entre ellas a la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes en otros poderes, así como en los órganos internos de control y las entidades federativas, en tanto que no hay claridad sobre la protección de datos personales.

Las relatorías de la ONU apuntan que el dictamen genera “incertidumbre”, porque al fragmentar las funciones del INAI,  se merma “la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público”, en tanto que dejar en manos de instituciones dependientes del poder publico garantizar los derechos que defiende el INAI, “nulificaría el potencia que tiene como mecanismo de democratización del poder público”.

Se insiste que “la desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México el 23 de marzo de 1981.

“La fragmentación de las competencias del INAI podría resultar en injerencias arbitrarias o ilegales en la privacidad de los ciudadanos, ya que la falta de un órgano garante autónomo podría llevar a una aplicación inconsistente de estos principios a una debilitación de su implementación”, así como a una “mayor vulnerabilidad de los datos personales y una disminución en la protección de la privacidad de los ciudadanos”, sostienen las relatorías.