CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace algunos años decidí apartarme de la promoción del derecho a saber, en su vertiente de acceso a la información pública y en la relativa al acceso a la información y protección de los datos personales, a pesar de haber dedicado varios años de mi vida a esa tarea porque pensé que era un quehacer en donde ya estaba dicho y hecho prácticamente todo. En días pasados el pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública ( https://www.ichitaip.org/) tuvo la generosidad de invitarme a hablar sobre un nuevo desafío (el derecho a saber en los entornos digitales) en su congreso sobre el tema que me generó un reto intelectual.  

La visita a Chihuahua capital, después de tantos años de no haberla visitado, me trajo grandes recuerdos. Visité el estado primero como parte del equipo de profesores de una licenciatura en periodismo en la Universidad Autónoma de Chihuahua a fines de los 90´s, a invitación del ahora Doctor en Comunicación, José Luis Jáquez, quien organizaba esa iniciativa académica y con quien después generé una sólida amistad. Poco años después, me contactó Osvaldo Rodríguez Borunda, propietario de El Diario de Ciudad Juárez y El Diario de Chihuahua, quien había patrocinado a un grupo de sus reporteros para estudiar una maestría en periodismo de investigación en Estados Unidos, pero resultaba que no había en esa entidad una ley de acceso a la información, como herramienta de trabajo.

De esta suerte, Rodríguez Borunda se convirtió en su principal promotor y yo con él creando sinergias (el entonces director de El Heraldo de Chihuahua, Javier Contreras, por ejemplo, había sido mi alumno en esa licenciatura en periodismo quien se sumó al 100 con el proyecto dejando de lado cualquier celo profesional con su competencia, El Diario)  y elaborando anteproyectos para materializar ese proyecto que dio sus primeros frutos en octubre del 2005 al ser promulgada la primera ley de acceso a la información de Chihuahua.

Quizá no lo saben ellos, pero Karla Fuentes, Selene Prieto y el presidente del Itichaip, Sergio Facio, me permitieron voltear a ver la mirada al derecho a saber desde esta perspectiva que había dejado en pausa, por proponerme abodar un tema de frontera (el derecho a saber y las nuevas tecnologías). De esta visita a Chihuahua extraigo tres lecciones: a) Que el derecho a saber en la era digital reclama una reforma de las normativas de transparencia y de sus órganos garantes que, por un lado, permita fortalecer la apropiación social de este derecho al introducir en la ley atribuciones para crear las asignaturas concernientes al acceso a la información y a la protección de datos personales de las escuelas de formación de profesores en todos sus niveles así como aquellas de la primaria, la secundaria, la preparatoria y la educación superior y, por otro, que establezca atribuciones para dichos órganos a efecto de regular las dos aristas de ese derecho frente a las nuevas tecnologías e Internet, siempre más adelante que el derecho legislado; b) Que al ver un lleno completo del amplísimo salón de la Expo Chihuahua donde se dieron cita servidores públicos de los sujetos obligados, profesores y estudiantes universitarios y platicar con varios de ellos, me sorprendió, el genuino interés de asistentes  por el tema y c) No sabía que iba a asistir a ese Congreso, la comisionada del INAI, Julieta del Río, a quien no conocía personalmente pero la seguía en los medios, siempre muy puntual en sus planteamientos. Debo decir que me dejó una inmejorable impresión. La inteligencia, la sensibilidad política  y la formación de Julieta fueron para mí alicientes para entablar una, creo, excelente relación. Aclaro que no soy de elogios gratuitos y también que, por si hubiera duda, no tengo ninguna relación económica ni con el INAI ni menos con Julieta, a quien tuve el privilegio de conocer la semana pasada.

En particular me gustó cómo Julieta explica el derecho a saber con casos concretos de interés para las personas de a pie, no con enunciados en abstracto academicistas que suelen llamar la atención de casi nadie. Se debe insistir en que el derecho a saber es al mismo tiempo un derecho fundamental y un derecho instrumental que permite el ejercicio de todos los demás derechos establecidos en la Constitución. Seguiré con el tema.

@evillanuevamx

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