CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De cara a la inminente desaparición del Inai y la asignación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muy probablemente al Inegi, el objetivo central debe estar centrado en mantener el derecho de acceso a la información y la transparencia proactiva. Y en el marco, además, de la progresividad de los derechos humanos previstos en el artículo 1º constitucional que implica mantener, garantizar y fortalecer dichas prerrogativas el reto no es en lo absoluto sencillo, pero se pueden poner en marcha medidas remediales preservando la austeridad. Veamos.

Primero.  La transferencia de la PNT debe ser al Inegi, acompañada de reformas legales para garantizar continuidad y calidad en el acceso a la información: El Inegi asumiría la operación de la PNT aprovechando su infraestructura técnica y capacidad en manejo de datos. Se debe asignar un equipo interdisciplinario interno, compuesto por especialistas que podrían ser las mejores expresiones del área de tecnologías del Inai, quienes cuentan con una gran experiencia, a efecto de garantizar que las obligaciones de los sujetos obligados en materia de transparencia se cumplan bajo estándares uniformes. Se puede asignar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) un rol de coordinación temporal acordado en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia, integrándola como espacio interinstitucional con los sujetos obligados distintos al poder Ejecutivo mediante los convenios de colaboración respectivos donde la ascendencia del centro a la periferia es ahora significativa, pero sin afectar un ápice el ámbito de competencias de cada uno de los sujetos obligados mencionados. Podría crearse un ecosistema informativo que, esperemos, minimice el impacto, el tiempo y la calidad del periodo de transición.   

Segundo. En el tema de los recursos de revisión, parece haber consenso dentro de la 4T en que, en lugar de crear un nuevo tribunal o salas especializadas en el Poder Judicial de la Federación, se optaría por otorgar facultades adicionales al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es un organismo constitucional autónomo. Este tribunal asumiría la responsabilidad de resolver, en última instancia, casos relacionados con el acceso a la información y la transparencia, ampliando así su ámbito de competencia. El TFJA, que ya cuenta con un marco operativo consolidado para resolver disputas administrativas, podría integrar las controversias de transparencia como parte de sus funciones actuales. Esta decisión permitiría aprovechar la infraestructura y experiencia institucional ya existente para asegurar un enfoque garantista del ejercicio del derecho a saber. Los magistrados preferentemente de la sala anticorrupción en funciones deberían recibir la capacitación respectiva, la que, como ya lo apunté, debe estar acompañada de las reformas legales necesarias para seguir contando con procedimientos expeditos, accesibles y efectivos, como hoy se cuenta con el INAI y los organismos garantes locales.

Tercero. Con el propósito de honrar el sentido de progresividad (que no afecta un ápice la austeridad) previsto en el artículo 1º constitucional se requiere hacer reformas legales para, entre otros rubros: a) Eliminar la validación automática de inexistencia de información: Es imperativo suprimir lo dispuesto en el artículo 155, fracción V de la LGTAIP que ordena desechar el recurso de revisión cuando se “impugne la veracidad de la información”. Eso es un monumento a la simulación que hay que derogar; b) Se deben introducir multas personales progresivas para quienes incumplan plazos de respuesta, así como la suspensión temporal de recursos presupuestales en caso de reincidencias graves. Estas medidas actuarían como un incentivo para el cumplimiento oportuno de estas obligaciones, c) Debe abordarse de manera prioritaria la eliminación de contradicciones o antinomias normativas que colocan a servidores públicos en la disyuntiva de cumplir con ordenamientos que plantean conductas opuestas. En todo caso, se debe privilegiar la apertura y transparencia sobre el secreto, y d) Deben reducirse los tiempos entre la solicitud y la respuesta, y hacer efectivamente una excepción la figura de la prórroga por parte del sujeto obligado.

Pd. Insisto, la SABG debe tener como una prioridad crear un gran vínculo para la apropiación social del derecho a saber con la Secretaría de Educación Pública a través de los libros de textos gratuito, así como normales y todas las instituciones que dependen de ella, donde el actual personal del INAI podría contribuir de manera significativa en esa labor de formación de quienes después tendrían esa tarea con la niñez y la adolescencia.  

@evillanuevamx

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