La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es grave, y más aún porque con esta reforma, implícitamente, desaparece también la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como la conocemos hoy en día. Esta herramienta concentra la información generada y gestionada por 7 mil 407 sujetos obligados, de los cuales 723 son federales y sólo 270 son autoridades del Poder Ejecutivo federal.

La PNT ha sido un pilar fundamental para garantizar que los mexicanos podamos acceder a la información que de origen nos pertenece y que es indispensable para ejercer derechos sociales, prestacionales y patrimoniales. No es que el INAI haga las preguntas, sino que brinda respaldo a los ciudadanos que no reciben una respuesta y resuelve sus quejas. Solamente en el ámbito federal se encuentran en proceso más de 26 mil 600 solicitudes y 1 mil 184 recursos de revisión en trámite.

Lamentablemente, y pese a múltiples reuniones con actores de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa inició su discusión en la Cámara de Diputados. Estamos a punto de vivir una situación inédita que podría poner en peligro todo lo logrado en derechos humanos, siendo éste el caso de desmantelamiento más profundo en materia de rendición de cuentas.

El INAI también es el responsable nacional de temas delicados como la vulneración de datos personales por particulares y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los ciudadanos. La Agencia de Transformación Digital recientemente creada no tiene el conocimiento para absorber este encargo.

La reforma proyectada en los términos que conocimos ayer en el debate legislativo desmantela los mecanismos que hoy hacen funcional el esquema de transparencia. Sin la PNT se fragmentaría el acceso a la información en miles de ventanillas por cada sujeto obligado y sin un control centralizado, pero, sobre todo, autónomo. En mi experiencia la dispersión y la falta de uniformidad en los criterios de acceso y seguridad no hacen más propiciar la opacidad y la corrupción.

La plataforma es un bien nacional y la mayor base de datos públicos que tenemos en el país. Es una herramienta que ha servido a la ciudadanía por ocho años. Esta plataforma ha logrado centralizar la transparencia de manera eficiente y con altos estándares de seguridad, ya que nunca ha sido hackeada. En lo que va del año se han bloqueado más de 270 millones de intentos de ciberataques a la PNT, lo que demuestra no sólo su importancia sino el valor de la inversión que hemos hecho en ciberseguridad.

Sin el INAI y su estructura, esta valiosa infraestructura se vería obsoleta en poco tiempo y dejaría de alimentarse con información actualizada. Hoy, si queremos acceder a información pública, lo hacemos desde una sola ventanilla, con la confianza de que la información está centralizada, resguardada y disponible. Pero si la reforma avanza, cada sujeto obligado tendría que establecer su propio sistema de seguridad y gestión de la información, sin los recursos ni la infraestructura necesarios para garantizar que esos datos estén debidamente protegidos.

Desmantelar el INAI y su plataforma no sólo sería un retroceso en términos de gestión pública, sino un retroceso en la democracia misma. Nos tocará seguir pendiente del proceso legislativo en el Senado y los gobiernos locales. Mientras, hagamos que nuestro compromiso con los derechos predomine en estos tiempos de transición.

Como responsable de los trabajos de la Plataforma Nacional de Transparencia, veré que cualquier traslado de información se haga en el marco de la legalidad, buscando siempre los “cómos sí” para que siga siendo una herramienta tecnológica que permita a la sociedad ejercer sus derechos.

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@JulietDelrio