Diego Legrand

Combatir con fuego la “mexicanización” de Francia será como tratar de apagar un incendio con gasolina

Luego de décadas de haber dado el paso a la legalización en diferentes países, las cifras son formales: descriminalizar las drogas no aumenta su consumo, pero sí trae muchas ventajas. Una de ellas es restar votos a los partidos políticos que se nutren de la violencia.
martes, 19 de noviembre de 2024 · 05:00

Hace un par de semanas, el ministro francés del Interior, el muy derechista Bruno Retailleau, declaró que su país estaba en vías de "mexicanización", luego de que estallaran en diferentes partes del país violencias entre bandas financiadas por el microtráfico. La solución, dijo, tiene que consistir en enfrentar a la criminalidad con mano dura.

En un momento en que el mundo ha llegado a un consenso sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, cabe preguntarse: ¿por qué insistir en una estrategia que ha dado tan pocos réditos? Nuestros países lo saben mejor que nadie: después de haber invertido millones de pesos en material bélico, de haber desplegado a la policía y a los militares en las calles y de haber lamentado cientos de miles de muertes y desapariciones, no sólo no han mermado los cárteles, sino que el negocio del narcotráfico está más floreciente que nunca.

En su respuesta a un derecho de petición enviado por medio del INAI, la Fiscalía General de la Nación informó que en 2022 fueron incautados 22 mil 787.77 kilos de metanfetamina en el país, contra tan sólo 747.37 en 2006 (¡un aumento de casi 3 mil por ciento). Y lo mismo pasó con el fentanilo, del que decomisaron 757.71 kilos en 2022 contra 0.45 en 2013. Es decir que en el caso de estas dos drogas sintéticas —cuyo mercado lidera México—, aumentó tanto la producción que hizo que estallaran las incautaciones a niveles nunca antes vistos. Esto, en respuesta a la demanda creciente de un mercado en el que “el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años”, según señaló la UNODC, la oficina de la ONU contra la droga y el crimen organizado en su informe de 2024.

¿Y qué hemos recibido a cambio? Estados fallidos mermados por la corrupción y la violencia y poco más.

Las ventajas de legalizar

En cuanto a la solución, se está abriendo un consenso sobre la necesidad de legalizar las drogas a medida que se ha ido desbaratando el viejo argumento conservador según el cual eso aumentaría su consumo. Hoy en día puede afirmarse claramente: no es cierto.

En Portugal, por ejemplo, donde se descriminalizó la mayoría de las drogas en 2001 —incluyendo cocaína y heroína— el consumo se mantuvo “por debajo del promedio europeo durante los últimos 20 años”, señaló la muy seria fundación Transform Drug Policy. Y no sólo eso, sino que después de subir ligeramente durante los cinco primeros años, se redujo en 2012 a niveles inferiores a los de 2001.

Pero incluso más cerca de nosotros, en Estados Unidos, de acuerdo con la UNODC, el aumento del consumo de cannabis fue similar en los estados en los que se legalizó de manera recreativa entre 2002 y 2022 —hoy son 24 de 50, casi la mitad del país— al de los estados en los que no se llevó a cabo.

A cambio, la legalización trae una multitud de beneficios. Para empezar, le quita un recurso a las mafias y trae impuestos al Estado. No es por nada que la mafia italoamericana floreció en los años 60 durante la prohibición del alcohol. La ilegalidad no hace desaparecer a los mercados, al contrario, crea poderosos negocios ilegales en los que la mercancía multiplica su valor y va directo a los bolsillos de organizaciones criminales, así como de autoridades, políticos, empresarios, comandantes y generales corruptos que las auspician.

Un kilo de cocaína vendido en alrededor de 2 mil dólares en Colombia puede alcanzar los 35 mil dólares en Estados Unidos, señaló en 2024 la plataforma especializada en crimen organizado Insight Crime. Lo que en 2017 representaba para “los cárteles mexicanos ingresos brutos anuales probablemente muy superiores a los 600.000 millones de pesos”, según indicó en una investigación el académico de la UNAM José Luis Calva. Una cifra que ya debe haber quedado ampliamente rebasada desde entonces. Todo ese dinero podría en su lugar ir a hospitales, a carreteras, a escuelas, a equipar mejor a la policía...

También vaciaría las cárceles y liberaría el sistema de justicia. En cifras absolutas, el narcomenudeo no es un delito que parezca particularmente relevante en el panorama nacional mexicano. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va de 2024, tan sólo se iniciaron 248 carpetas de investigación por narcomenudeo. Pero si se tienen en cuenta los otros delitos relacionados con el control del mercado de drogas —80% de los homicidios lo son, según la organización Semáforo Delictivo, citada por Animal Político— el panorama cambia por completo. En Portugal, la cantidad de prisioneros sentenciados por delitos relacionados con las drogas disminuyó de 40 a 15%, asegura la fundación Transform Drugs Policy.

En un momento en que las cárceles se han convertido en escuelas del crimen sobrepobladas, permitiría a la policía dejar de capturar al marihuanero de la esquina, ya no dejarse sobornar por el narcotraficante, grande o pequeño que necesita adueñarse de una plaza y está dispuesto a matar para eso, para concentrarse en los delitos que realmente afectan a la población: el asesinato, el robo, el secuestro, la extorsión. La legalización no tiene por qué ser una estrategia blandengue: al revés, puede ir de la mano con una mejor focalización del combate al crimen, en un país en el que la cifra negra de delitos no resueltos o no denunciados alcanzó 92,9% en 2023, según el INEGI.

Y eso nos lleva a la tercera ventaja de legalizar las drogas: permitiría controlar mejor el producto que consume la población adicta o la que lo usa de manera recreativa. Se reducirían las sobredosis y su importante peso para el sistema de salud. Permitiría organizar campañas más eficaces para quienes quieran dejar la adicción, con un acceso sencillo a los productos sustitutos.

Porque no hay que confundirse, si el Estado realmente quisiera preservar la salud de sus habitantes no legalizaría el alcohol, el tabaco o las grasas, que matan mucha más gente que la marihuana. En la escala de daños potenciales creada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el alcohol ocupa el tercer lugar, detrás del fentanilo y la heroína, muy por delante del LSD o el cannabis, que se sitúa en el último lugar de la tabla. Lo que define una droga no es su legalidad o su ilegalidad, es el efecto que hace en el cerebro, estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.

Matices

Ahora, no se puede simplemente legalizar así como así. Se tienen que realizar gigantescas campañas de prevención sobre los riesgos de las drogas en los sistemas educativos, y sobre su interés también. Si no fuera agradable, emocionante, nadie lo haría. De nada sirve mentir, lo que hay que hacer es explicarle a los jóvenes los verdaderos problemas que acarrea drogarse: cómo la adicción termina afectando su salud mental y física de diferentes maneras. Incluso la marihuana, que parece inofensiva, puede afectar horarios de sueños y de comida, causar pérdidas de memoria, de capacidad cognitiva, cáncer de pulmón —igual que el tabaco—, dientes amarillos, problemas de garganta, depresión... No es buena, no es mala, simplemente existe y hay que saber qué hace y qué riesgos acarrea para tomar la decisión racional de usarla o dejarla cuando se es adulto.

Quizá el último argumento que existe para prohibir la legalización es moral: consiste en decir que el Estado no puede vender ni autorizar la venta de productos que le hagan daño a su población. Pero ese se cae también por su propio peso. Primero porque de ser el caso no lo haría con el alcohol, el tabaco, las grasas, los azúcares, y luego porque, como quedó demostrado más arriba, los productos ya se venden en mercados ilegales. Si el consumo es similar en países en lo que es legal que en donde es ilegal, significa que la única diferencia es que cuando es ilegal se da ese dinero a mafias criminales en lugar de a un Estado que lo podría redistribuir y cuidar mejor la salud de sus consumidores. No dejemos que nuestros prejuicios maten a otros.

¿Que no se puede dar un paso adelante mientras no lo haga Estados Unidos?, ¿nada puede hacer México solo? He aquí una buena noticia: no estamos solos, Colombia y su presidente Gustavo Petro empujan con todo la legalización de la coca y la marihuana en el escenario internacional. De hecho, ya se logró un gran avance en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde en su discurso de apertura Ghada Fathi, directora ejecutiva de la UNODC, abordó por primera vez en 2024 la necesidad de atacar el problema desde una perspectiva de salud pública al reconocer el fracaso de las políticas de mano dura. A lo que siguió una declaración de 62 países en el mismo sentido, liderada por Colombia y la viceministra Laura Gil, como lo relata el periódico El Espectador

¿Y por qué seguir la estela de Colombia? Porque al igual que nosotros son los que más han sufrido con ese flagelo. Aunque Occidente, que antes sólo se llenaba las narices, está comenzando a vivir en carne propia el flagelo de la violencia incontrolable que aporta este gigantesco mercado ilegal: no sólo el de los consumidores que roban para conseguir su producto, lo que ya no tendría sentido si el sistema funcionara correctamente, sino el de los niños sicarios y los asesinatos con armas largas a plena luz del día.

Legalizar no es una solución perfecta. En los países que han legalizado las drogas sigue existiendo un mercado ilegal, mientras que el consumo puede aumentar durante un tiempo. Además de que si la legalización no favorece el autocultivo puede dar paso a gigantes industrias mortíferas, como la del tabaco o el alcohol, o la de la industria farmacéutica, que propició la venta de opiáceos que provocan ahora —junto con los ilegales— 80% de las defunciones en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero hay que entender una cosa sencilla: si la extrema derecha sigue asegurando que la mano dura es la vía contra el narcomenudeo, a pesar de que ya ha demostrado su fracaso, es porque le trae réditos políticos. Entre más violencia hay, más vota la gente por ella. Aúpan el negocio porque les conviene, así se aseguran mantenerse en el poder. No seamos tan ciegos como para seguir comiendo el cuento que nos sirven, cuando todos los datos científicos nos demuestran lo contrario. En México fue el PAN el que impulsó la guerra contra el narcotráfico, pero no para mejorar las cosas, sino para favorecer al Cártel de Sinaloa. Eso ya quedó demostrado en Estados Unidos con la condena del “ex zar antidrogas” Genaro García Luna.

Mas el tiempo apremia. Hemos visto en México y en Colombia lo poderosos que se vuelven los grupos criminales que inician su trayectoria financiándose con el tráfico de drogas y que después de un rato ya no lo necesitan, porque poseen un control del territorio tal que ya disponen de otras rentas. El tráfico de migrantes —allí también le estamos ofreciendo un gigantesco negocio al narcotráfico al ilegalizar la migración— de fauna y flora, la minería ilegal de oro, la extorsión, los secuestros, etc. Son tantos ingresos a los que puede pretender un grupo que nace como una pequeña banda de tráfico de drogas, después de cierta etapa. Y una vez que los grupos crezcan a cierto nivel, ya no existirá marcha atrás. Lo mismo le pasará a Francia si decide seguir la senda de Bruno Retailleau.

Por eso es también que para legalizar hay que negociar con los ilegales. Sería imposible poner un coffee shop en Caloto, Colombia, o en Badiraguato, México, o en los barrios más calientes de Marsella, Francia, sin el aval de los cárteles que allí operan. La industria del narcotráfico emplea a miles de personas capacitadas en la siembra, química, transporte o uso de las armas que no se pueden dejar sin empleo sin esperar un estallido social o que se dirijan a otras fuentes de ingresos. Se tienen que incorporar las industrias ilegales a lo legal si se quiere pasar la página de la guerra fallida contra las drogas. Eso no significa ofrecerles impunidad, Colombia ha mostrado el camino para negociar una transición con grupos demasiado grandes para ser acabados por las armas. Las negociaciones son obligatorias y permitirían al Estado irse con todo contra los que no entren en ese acuerdo.

Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de que hablen de cosas positivas cuando hablen de la mexicanización de un país, y no sólo de la exportación de un modelo de violencia al que alimentamos ofrecerle un gigantesco mercado ilegal. Es tiempo de legalizar la droga, porque es la mejor solución de la que disponemos en este mundo imperfecto.

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