La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presentaron en la conferencia matutina una iniciativa para formalizar la actividad de personas trabajadoras de plataformas digitales. Pese a su enfoque en la protección laboral, la reforma tiene puntos cuestionables que pondrían en riesgo los beneficios que estas plataformas han traído a miles de personas y la sociedad en general.

La iniciativa modifica la Ley Federal del Trabajo e incluye un capítulo especial para repartidores y choferes de plataformas. Regula su relación laboral y propone la “subordinación discontinua y acotada al tiempo trabajado”, para que mantengan “flexibilidad” en sus horarios y apps donde operan.

Las plataformas deben integrarse a un programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social que garantice la cobertura de salud para quienes superen el salario mínimo. Paradójicamente, la iniciativa obliga la subordinación, pero prohíbe que las plataformas exijan disponibilidad constante. Se supervisará que los mecanismos de control no se gestionen sólo mediante algoritmos, sino con intervención humana. Entonces, para qué sirve la tecnología.

El gobierno ha justificado la iniciativa como una medida para dignificar el trabajo y garantizar derechos como la seguridad social. Detrás de este discurso que se lee muy bonito, se ocultan los costos y los verdaderos impactos tanto a trabajadores como a plataformas.

El principal problema es que la reforma surge de una suposición equivocada: encajar el trabajo en plataformas en un esquema tradicional de empleo subordinado.

La iniciativa dice reconocer la flexibilidad y autonomía del trabajo en plataformas, pero al imponer la subordinación, mina la viabilidad de este modelo de negocio que ha otorgado oportunidades de ingresos a miles de personas, en los momentos más difíciles como la pandemia, y como no lo ha hecho ninguna política laboral. 

Son cerca de 658 mil personas que han encontrado en las plataformas –y no gracias a una política pública del gobierno– una oportunidad para mejorar sus ingresos. La iniciativa es ciega y sorda a las necesidades de las personas, la tecnología y el modelo de negocio.

Una encuesta de Buendía & Márquez reveló que 95% de los conductores y repartidores valora mucho la independencia y flexibilidad para generar ganancias. Estas opiniones de los interesados no son tomadas en cuenta al forzar la subordinación. 

Las plataformas como DiDi, Uber y Rappi han proliferado porque ofrecen un tipo de empleo que escapa a los esquemas laborales tradicionales. La posibilidad de que las personas decidan libremente cuándo, cuánto y cómo trabajar es el principal atractivo para repartidores y choferes; 50% de los repartidores trabaja menos de cuatro horas al día, una jornada que no encuentra cabida en un empleo convencional.

Las plataformas cumplen una importante función social: ayudan a paliar la pobreza. Estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indican que los ingresos que los repartidores y choferes generan en estas plataformas superan los salarios de trabajos tradicionales. 

Al imponer un esquema de seguridad social y subordinación, el gobierno limita la capacidad de estas apps para ofrecer empleo flexible y accesible.

La solución no es la subordinación, sino un esquema de seguridad social universal que no comprometa la flexibilidad del trabajo en plataformas. 

La iniciativa va contra las plataformas que habilitan derechos fundamentales como movilidad o trabajo, pero no regula ni otorga seguridad social a otras modalidades de trabajo como tiendas de autoservicio o farmacias que ofrecen un servicio idéntico, tampoco a los taxistas o los despachadores de las gasolineras de Pemex, quienes tampoco tienen seguridad social, ni seguro contra accidentes ni declaran al fisco, como sí lo hacen quienes utilizan las plataformas de movilidad para generar ingresos adicionales. También hay trabajadores freelance, como profesores o periodistas que trabajan por horas, pero no reciben a cambio una compensación por seguridad social. 

La iniciativa ignora que los repartidores eligen voluntariamente este tipo de trabajo debido a la flexibilidad y la posibilidad de combinarlo con otras actividades. La autoridad no se percata de que el trabajo en plataformas es complementario. Las personas no otorgan exclusividad a una sola plataforma, se conectan a todas buscando la mejor oferta, por lo que no existe un solo “patrón” sino varios. 

En lugar de regular la relación laboral, deben generarse alternativas que ofrezcan seguridad social sin cambiar la naturaleza autónoma del trabajo. En vez de imponer obligaciones que frenarían el uso de plataformas, el gobierno podría apostar por esquemas de contribuciones voluntarias a la seguridad social, donde los trabajadores puedan elegir aportar a su salud y pensión sin perder autonomía. Este enfoque ya ha sido explorado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante programas piloto para trabajadores independientes, demostrando que es posible generar protección social sin necesidad de imponer relaciones laborales tradicionales y subordinadas.

Otra desventaja es que encarecería el modelo de negocio. El gobierno no menciona que la imposición de seguridad social aumentaría significativamente los costos operativos, afectando tanto a empresas como a trabajadores. Las plataformas han funcionado bajo un esquema de costos controlados, como que los medios de transporte pertenecen a las personas. Con la reforma, las plataformas asumirán más costos, derivando en tarifas más altas para usuarios y menores ingresos para repartidores y choferes. 

Sépase que al aportar a la seguridad social (algunos ya lo hacen), los trabajadores tendrán menos ingresos, desvirtuando el esquema complementario de laborar en apps. Hay que decirlo, quienes más sufrirán las consecuencias de esta regulación serán los trabajadores a quienes se intenta proteger, así como los usuarios que pagaremos más por contratar un servicio de movilidad.

La respuesta no está en imponer un marco rígido de seguridad social a las plataformas, sino en crear un sistema de seguridad social universal accesible para todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral. 

Dinamarca y Finlandia han explorado esquemas de seguridad social que no dependen de la relación laboral. Permiten que empleados formales como autónomos y trabajadores de plataformas puedan acceder a servicios de salud y pensión.

El gobierno debería enfocarse en ampliar el acceso a la seguridad social mediante esquemas contributivos auténticamente flexibles, donde los trabajadores de plataformas puedan decidir voluntariamente su nivel de contribución. Esta solución permitiría proteger a los trabajadores sin desvirtuar la naturaleza del trabajo en plataformas.

La reforma laboral para otorgar seguridad social a repartidores y choferes de plataformas es un intento bien intencionado, pero mal diseñado porque esconde el verdadero impacto negativo de la regulación a quienes busca proteger. 

Las plataformas, lejos de ser el enemigo, cumplen una función social que no puede ser ignorada: ofrecen ingresos superiores y flexibles que ayudan a combatir la pobreza, generar oportunidades de ingresos complementarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas en México. La política laboral no lo ha logrado, las plataformas sí. 

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