CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador propone que los ministros de la Corte, los magistrados y jueces que integran el Poder Judicial sean electos por la ciudadanía, tal como se hacía en el siglo XIX, en observancia del texto original de la Constitución de 1857.

Por lo que se ve, no sabe de lo que está hablando o de lo que está proponiendo. En un sistema auténticamente democrático, todos hubieran tomado la propuesta como una ocurrencia de mal gusto. Porque lo es.

Pero como va en serio, tan pronto lo dijo, muchos se apresuraron a secundar su nueva puntada. Entre otros Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que se muere por ser candidato a gobernador de Puebla.

Pretende alcanzar la candidatura recurriendo al expediente de ponerse de tapete para que lo pisoteen. Él tampoco sabe lo que dice y, mucho menos, está enterado de qué es lo que apoya. Al igual que su jefe, no tiene noción de lo que es el derecho y de cómo se integra el Poder Judicial.

AMLO recurre a ejemplos del pasado cuando le conviene o cuando, de lo que propone, puede sacar algún provecho, eliminar a un adversario o existe la posibilidad de acrecentar su cuota de poder y mejor si ello es en detrimento del Poder Judicial, que se ha mostrado defensor de la Constitución y es considerado insumiso. No propuso, por ejemplo, que desapareciera el Senado; tampoco que el presidente de la República durara cuatro años en el cargo, tal como lo disponía el texto original de la Constitución de 1857.

Los términos de la pregunta que propone AMLO para la consulta ciudadana son los siguientes:

“Quieres que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder judicial ¿Sí o no?”.

El presidente no tuvo quien le advirtiera de lo absurdo e infundado de su propuesta.

El inciso 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, en su parte relativa, dispone:

“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; …”

Cuando se propone que los miembros del Poder Judicial sean electos, se está aludiendo a una materia electoral. Proponerlo es violatorio del precepto transcrito y llevarlo a cabo es algo más que imposible. Me explico.

La pregunta que AMLO propone es de naturaleza electoral, por lo mismo es contraria a la Constitución. Así de sencillo.

Hay un inconveniente adicional. No carece de importancia. Aparte de los once ministros de la Suprema Corte, en el país, en 2023, había aproximadamente mil 706 magistrados y jueces de distrito. Cada año faltan, por jubilación, muerte, retiro o vencimiento del plazo para el que fueron designados, aproximadamente 300 magistrados y jueces de distrito. Eso significaría que anualmente el INE, autoridad responsable de preparar, organizar calificar elecciones, tendía que echar a andar trescientos procesos electorales para elegir a los suplentes.

¿Tienen idea AMLO y el diputado Mier de lo que están proponiendo? Con su propuesta todas las semanas del año, el INE va a tener que organizar elecciones para cubrir las vacantes. Hacerlo pudiera ser tan costoso como todo lo que se ha gastado en construir una refinería de Dos bocas, más un ferrocarril Peninsular, un Puerto Aéreo Felipe Ángeles y varios viajes del general Luis Crescencio Sandoval González, con su familia y comitiva, a Italia.

De seguir adelante el procedimiento, mientras no se reforma el apartado 3 de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, habría un obstáculo insuperable: es la Suprema Corte la única competente para calificar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. En el caso, la Corte no podría ser juez y parte; no habría una autoridad que tenga competencia para hacer la calificación de la pregunta.

Más que buscar consejeros, AMLO se procura quienes funden sus excesos o justifiquen sus errores una vez que ha caído en ellos. Más actúa por impulsos que por un proceso de ponderar pros y contras.

En 1857 el sistema de elección de los ministros de la Corte no se abandonó por que fuera afortunado y derivara en la elección de ministros imparciales y apolíticos. Se prescindió de él por ser un peligro para la administración de justicia. Los defectos de la propuesta ya los había resaltado don Emilio Rabasa en 1912, en su obra La Constitución y la dictadura.

También pronto se eliminó el sistema previsto en el texto original de la Constitución de 1917. En él la propuesta de candidatos la hacían las legislaturas y la elección corría a cargo del Congreso de la Unión, actuando las cámaras que lo integran como colegio electoral y en cámara única.

Somos afortunados, AMLO no invocó como modelo a imitar el establecido en la Constitución de 1824. En ella eran las legislaturas de los estados las que hacían la elección (art. 127).

Como van las cosas, si sale con las suyas, no sería raro que su siguiente propuesta sea, por lo que toca al presidente de la República, que se adopte el sistema de 1857, que permitía la reelección presidencial. No podríamos permitirlo.