Hace exactamente un año, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) denunció ante el Órgano Interno de Control del INAI presuntas prácticas de extorsión atribuidas a algunos de sus entonces directivos, vinculadas con volver a imponer nuevas multas derivado de algunos fallos en el sistema piloto denominado “Fan ID”.

La sanción tuvo su origen en la recopilación de datos personales biométricos, incluidos los de menores de edad, sin el consentimiento adecuado y sin las medidas de protección que exige la ley. La multa quedó en firme y, desde entonces, la Femexfut ha demostrado aprendizaje institucional y responsabilidad.

Hoy, el sistema Fan ID opera conforme a la normativa vigente, se encuentra en constante actualización y prioriza la protección de los datos personales de las y los aficionados. La Federación entendió la importancia de trabajar con terceros de manera transparente, cuidadosa y apegada a derecho, evitando riesgos que pudieran afectar tanto a los aficionados como a la confianza pública en la institución.

No obstante, posteriormente se intentó seguir imponiendo multas a la Femexfut de manera injustificada, decisiones de las cuales voté en contra en mi calidad de comisionada.

Fue entonces que la Femexfut interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control del INAI, al señalar que durante 2024 funcionarios del Instituto habrían extorsionado a directivos de la Federación, amenazándolos con el inicio de nuevos procedimientos de verificación y la imposición de posibles sanciones.

El Órgano Interno de Control del INAI remitió el asunto a la Fiscalía General de la República, sin incorporar la totalidad de las pruebas aportadas por la Femexfut, por lo que la FGR determinó el cierre de la investigación.

Sin embargo, cuando el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) recibió el expediente, advirtió que el envío estaba incompleto y remitió posteriormente a la FGR las grabaciones de voz que formaban parte de la denuncia.

Derivado de ello, la FGR reabrió la investigación y solicitó a la Femexfut la ratificación de la denuncia, a fin de continuar con las diligencias correspondientes.

Al día de hoy, continúa abierta la investigación inicial por parte de la Fiscalía General de la República.

El abuso de poder y la extorsión no pueden ni deben tolerarse, y mucho menos quedar impunes. No existe multa económica capaz de reparar el daño moral, institucional y reputacional causado tanto a una Federación como a una institución pública. Por ello, resulta urgente que las investigaciones avancen con celeridad, que se determinen responsabilidades y que los resultados sean del conocimiento público.

Sancionar estas conductas no es un acto de revancha, sino una obligación legal y ética del Estado. Permitir que servidores públicos abusen de su posición debilita a las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y genera precedentes peligrosos. La rendición de cuentas es indispensable para evitar que prácticas indebidas se repitan y para garantizar que la legalidad prevalezca sobre intereses personales, presiones indebidas o abusos de autoridad.

Actualmente las investigaciones continúan y se están realizando los requerimientos necesarios para integrar todos los elementos que permitan una resolución pronta, imparcial y justa del caso. Este proceso cobra especial relevancia ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA, un evento histórico que México vivirá con orgullo y que no debe verse empañado por irregularidades administrativas, actos de corrupción o excesos en el ejercicio del poder público.

No podemos olvidar que el futbol trasciende la cancha. El futbol mexicano, tanto en su rama femenil como varonil, debe seguir existiendo en este país bajo los principios de juego limpio, no sólo en el terreno de juego, sino también en los escritorios donde se toman decisiones. La ética, la legalidad y la transparencia son tan importantes como el respeto a las reglas deportivas.

A un año de distancia, queda claro que la ética y la congruencia deben guiar el actuar de todas las instituciones: sancionar a quienes incumplen la ley, garantizar procesos justos, deslindar responsabilidades y reconocer cuando una institución ha aprendido de sus errores.

Limpiar de malas prácticas el servicio público no es sólo una obligación legal, sino un compromiso con la ciudadanía, con la integridad de nuestras instituciones y con todo lo que México celebra, dentro y fuera de la cancha.