CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-Nuestro fiscal general, el abogado Alejandro Gertz Manero, por razón de las funciones que tiene encomendadas y por algunos milagritos que hizo en su paso por este mundo, tiene mala prensa. No goza de las simpatías de muchos. Últimamente no se había hablado de él. Ahora sabemos la razón: está enfermo.

Se está recuperando, para los medios y para las malas lenguas, de la operación a la que fue sometido en Estados Unidos de América, esto dio mucho de qué hablar. Algunos llegaron a afirmar que había muerto; otros, los menos trágicos, hablaron de que estaría incapacitado mucho tiempo. AMLO se limitó a reconocer que había entrado a reparación; no habló de que hubiera entrado a servicio de mantenimiento o a un simple cambio de aceite. Finalmente se trata de un modelo que ya es clásico: un 39.

Ante su hipotética falta, absoluta o temporal, se apuntaron varios escenarios en torno a lo relativo a su suplencia; incluso se mencionó a sus posibles sustitutos. Circuló una lista de candidatos a sucederlo, supuestamente suscrita por el presidente de la República.

Por tratarse de un ser humano, es de desearse que el señor Gertz Manero se recupere bien y pronto. Se sostiene que, si lo hace, no estará en posibilidad de desempeñar las funciones que son inherentes al cargo que tiene confiado. Se anticipa su renuncia definitiva.

Ante lo incierto de la situación, alguien quiso llevar agua a su molino: elaboró y puso en circulación una lista de 13 candidatos. No tenían idea de lo que se trataba: atribuyó la autoría al presidente de la República; la comunicación estaba dirigida a Pablo Gómez Álvarez, en su carácter de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nada que ver con el procedimiento que establece la Constitución.

Primer error: de acuerdo con ésta (­artículo 102), para que el Senado asuma la función de aprobar una lista de candidatos, se requiere que, efectivamente, haya una falta absoluta del fiscal, que no es el caso.

Segundo error: el responsable de elaborar la lista de los candidatos es el Senado y no el presidente de la República. El Senado en estos días se halla en receso, por lo mismo no podía elaborar y aprobar una lista de candidatos. Tercer error.

El Senado debe aprobar la lista de candidatos por una mayoría especial de las dos terceras partes de los miembros presentes y, hecho lo anterior, la lista debe ser enviada al presidente de la República para que, con base en ella, elabore una terna que debe ser sometida a la consideración del Senado. Es éste quien de esa terna elige a uno.

En estas notas aludo a temas concretos: quiénes no pueden ocupar el cargo y quiénes intervienen en la propuesta y elección.

Como el gobierno y su partido oficial todo lo politizan y lo hacen a su favor, si bien, por mandamiento constitucional la fiscalía debe ser un órgano público autónomo, es previsible que intenten poner en esa posición a alguien incondicional; puestos en esta alternativa, se corre el riesgo de que quien ocupe el cargo sea alguien 99% honrado y 1% conocedor. Ello pudiera significar que si el Senado se descuida, se corre el riesgo de que ocupe esa posición el jefe de ayudantes en turno del presidente de la República. Eso sería muy grave.

En la lista que circuló y en los medios aparece en primer lugar don Arturo Zaldívar, actual ministro de la Suprema Corte; él está impedido para ocupar la titularidad de la fiscalía, en razón a lo dispuesto por el artículo 101, párrafo segundo, en relación con la fracción VI del artículo 95 de la Constitución. Para que esté en posibilidad de ser fiscal se requiere que se retire del cargo de ministro cuando menos con dos años de anticipación a la fecha en que formule la lista de 10 posibles candidatos a que alude el artículo 102.

Ante esa limitante, se habla de confiarle la fiscalía con el carácter de encargado del despacho. Hacerlo sería actuar en fraude a ley y atentar contra el principio jurídico que dispone: Prohibito aliquo, prohibetur itiam id per quod pervenitur ad illud (Cuando se prohíbe una cosa, se entienden prohibidos los medios para ella).

Es previsible que los senadores de Morena, al elaborar la lista de los 10 candidatos, siguiendo indicaciones de AMLO, se sientan tentados a incluir en ella a personas incondicionales a la supuesta 4T o a abogados militares. Vicente Fox tuvo a un procurador de origen militar: Rafael Macedo de la Concha. En las actuales circunstancias, si bien los senadores de la oposición e independientes no están en posibilidad de poner candidatos, sí cuentan con los votos para impedir la inclusión de candidatos indeseables.

Se menciona a Bernardo Bátiz como posible candidato. Bien hacen en proponerlo; es un jurista conocedor, serio, valiente y, sobre todo, independiente. El problema es su edad: anda por los 86 años; si el cargo es por nueve años, aunque no se quiera ser mal pensado, lo cierto es que un fiscal de 95 años como que no funcionaría adecuadamente.

También se menciona a la señora Olga Sánchez Cordero. Es abogada; además, por haber sido notaria, ministra de la Suprema Corte de Justicia, secretaria de Gobernación y actualmente senadora, es de presumirse que sabe derecho. Lo que estará en duda es su imparcialidad: su compromiso con AMLO y con Morena, que es de vieja data, haría dudar de su independencia; sus antecedentes hacen suponer que no sería una fiscal autónoma. Aparte de lo anterior, para ser fiscal no es suficiente con ser abogada, se requiere, sobre todo, que sepa derecho penal y procesal penal. Dudo que una exnotaria tenga la formación que requiere el puesto. Es inadmisible que el cargo sirva para aprender.

Se incluyó en la lista a otras abogadas: de las que echa mano AMLO para rellenar sus ternas: De Gyves y Ríos González. 

Este análisis forma parte del número 2413 de la edición impresa de Proceso, publicado el 29 de enero de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.