CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco periodistas asesinados en México en lo que va del año. La indignación que estos homicidios concita se circunscribe básicamente a los informadores y organizaciones de derechos humanos que los apoyan… y no mucho más.

Unos trescientos colegas se manifestaron frente a una de las puertas de la Secretaría de Gobernación el pasado 25 de enero, dos días después del asesinato en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado; cientos más se manifestaron en una decena de ciudades del país. Pero a esas movilizaciones no se sumaron asociaciones de profesionistas ni de universidades ni de sindicatos ni de organizaciones civiles. A todas luces, en este trance los periodistas estamos solos. A la inacción de las autoridades –denunciada una y otra vez--, se suma el vacío de la sociedad.

¿Por qué los periodistas no reciben el apoyo de la ciudadanía a la que sirven? ¿Por qué ésta mira los asesinatos y agresiones a los periodistas como algo que le es ajeno, como un asunto “de ellos”? ¿Por qué después de 153 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, el homicidio de uno más ya no sorprende? ¿Acaso debemos normalizar el hecho de que México sea el país más peligroso para ejercer este oficio?.

Una de las causas de los reiterados ataques a los periodistas es la impunidad. Se agrede o mata a un periodista porque se puede… sin que ello implique que el responsable sufra consecuencias. La Unesco ha documentado que de 34 asesinatos cometidos contra periodistas de diciembre de 2018 a diciembre pasado, sólo se pudieron resolver tres homicidios, dos en 2019 y uno en 2020; es decir, 90% de los casos se mantienen en la impunidad.

Una segunda causa: la inoperancia de los instrumentos creados por el Estado para defender a los periodistas: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y el Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La primera sólo ha ejercido su facultad de atracción en seis de los 28 homicidios que la organización Artículo 19 ha documentado durante la gestión de López Obrador. El Mecanismo por su parte sufrió la eliminación del fideicomiso que lo dotaba de recursos y su presupuesto para este año –justo cuando han aumentado el ritmo de agresiones y asesinatos— fue de 380 millones de pesos, 100 millones menos de lo proyectado, y la mayoría ya comprometido con deudas del año anterior.

Ante estas falencias desde el Estado, se suma la falta de conciencia en la sociedad sobre por qué importa el periodismo y por qué importan los periodistas.

Ya se ha dicho, pero vale la pena reiterarlo: el periodismo resuelve cotidianamente la necesidad de saber qué pasa en el entorno de un ciudadano para que éste pueda ubicarse y tomar decisiones. En este sentido, el periodismo es necesario para una vida social sana. Sólo una sociedad informada puede conocerse a sí misma y tomar decisiones responsables sobre su futuro.

Más aún: el periodismo es un “ojo fiscalizador” que, en nombre del interés público, está atento a la buena marcha de las instituciones de acuerdo con las normas legales y los valores socialmente aceptados. Dentro de una sociedad que se presume como democrática, se acepta que ese “ojo fiscalizador” tenga el deber y el derecho de denunciar los excesos y los abusos, como la corrupción gubernamental o empresarial o las violaciones de los derechos humanos…Es decir, el periodismo se convierte en una especie de conciencia crítica del poder y de la sociedad.

Es en el ejercicio del periodismo que se aterrizan dos principios básicos de toda democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información. Cierto, el periodismo no es la única actividad que hace esto ni pretende tener el monopolio de estos derechos y libertades, pero su práctica profesional, seria y ética, afinca estos derechos. Y es debido a este aspecto que es muy grave atentar contra los periodistas.

Se parte de la siguiente premisa: cuando un periodista pierde la vida o es agredido por un robo, un crimen pasional o una venganza personal, el trato que debe recibir es similar al del resto de los ciudadanos. Pero si el ataque en su contra es motivado por su trabajo, entonces se atenta contra principios básicos de una democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión. Estos valores éticos subyacen en el ejercicio de este oficio nuestro. 

Pero a la sociedad no parece importarle dicha función social del periodismo… Y en ello poco ayuda la descalificación a medios y periodistas que se hace regularmente desde la máxima representación del poder político: el presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso más reciente y más claro es el de los señalamiento del mandatario mexicano contra la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de “engañar durante mucho tiempo” y de “simular” cuando en realidad estaba “a favor del bloque conservador”.

Cuando un presidente que concentra tanto poder y que es sumamente popular descalifica a un medio o un periodista se desata en sus seguidores (o en bots) una rabiosa andanada en redes sociales en contra de éstos, a quienes se les somete a una presión no basada en la razón y en argumentos, sino en la agresión y el insulto; se intenta deslegitimarlos y desfondarlos de sus audiencias a partir de dañar lo que es clave para un periodista: su prestigio.

Lo que López Obrador concibe como el “buen periodismo” --así lo ha manifestado --  es el que “acompaña los procesos de transformación”; es el que abiertamente se compromete a favor de un proyecto político. “La neutralidad en un proceso de transformación no aplica”, dijo en la mañanera del lunes 7. Y añadió: “Basta de simulación, basta de hipocresía, que cada quien se sitúe en su lugar. Nada de que somos objetivos. ¿Por qué no tomar una decisión?”.

López Obrador usualmente remite como ejemplos del “deber ser” a los periodistas del siglo XIX como Lerdo de Tejada o de principios del siglo XX, como los Flores Magón. Estos hacían, por supuesto, un periodismo abiertamente militante porque su ejercicio se realizaba a partir de causas políticas.

Pero el periodismo no está para trabajar en función de causas políticas, por muy nobles que sean, sino de una función social que –si bien no está ajena a la política— tiene otro objetivo: el interés público.

Contrario a lo que manifiesta AMLO, el periodismo transformador no es el que acompaña al poder “legítimo”, sino el que lo escudriña… Y es que, el periodismo que se somete al poder de cualquier signo, se convierte en un factor del inmovilismo social y político.

Para que el periodismo cumpla esta función de “Watchdog”, de “ojo fiscalizador”, de conciencia crítica del poder y de la sociedad, se requieren ciertas condiciones, porque es una actividad que no se ejerce en el vacío sino en un ecosistema político, social y mediático. ¿Qué condiciones requiere?: en principio, un marco de seguridad, de legalidad, de libertad y de independencia. El presidente apela a un “derecho de réplica ”o lo que él llama un “diálogo circular”: “si ustedes me critican, yo también tengo derecho a criticarlos”. Y por supuesto –en tanto entes públicos--, los medios y los periodistas también deben ser objeto de dicho escrutinio, pero –a diferencia de lo que pregona López Obrador—dicha crítica no debería ejercerse desde el poder, sino desde la sociedad; es está la que debe evaluar y, en su caso, sancionar el actuar de los periodistas.

¿Qué hacer ante la falta de apoyo de la sociedad a los periodistas?

La primera respuesta es obvia: hacer más periodismo y mejor periodismo; es decir, un periodismo que cumpla con los preceptos básicos del oficio: ofrecer información veraz, oportuna, contextualizada, con datos precisos, previamente cotejados y contrastados, con fuentes citables y verificables… Es decir, un periodismo profesional que se eleve sobre la polarización que vive el país y que responda al interés público y no a intereses de gobiernos o de grupos políticos o empresariales.

Una segunda respuesta está de alguna manera en ciernes: la creación de redes de periodistas. En su libro Surviving Mexico (University of Texas Press, 2021), las investigadoras estadunidenses Celeste González de Bustamante y Jeannine E. Relly señalan que, ante la ausencia de instituciones del Estado que los protejan y ante la desconexión de la sociedad que no los reconoce como suyos, los periodistas mexicanos, sobre todo de provincia, se han visto en la necesidad de convertirse en “activistas de sí mismos” y desarrollar estrategias para mantener vivo el oficio y para sobrevivir ellos mismos. Entre esas estrategias destacan la creación de redes con otros colegas y medios –nacionales e internacionales-- para realizar y difundir investigaciones conjuntas; con organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos que defienden a periodistas de ataques y agresiones por parte de agentes del Estado o de la delincuencia organizada; con otras organizaciones, universidades, fundaciones, financiadoras que les permiten obtener recursos para realizar periodismo, pero también para recibir cursos de capacitación profesional o para instrumentar protocolos de seguridad física y digital. 

Estas redes les ha permitido romper el aislamiento, movilizarse en caso de ataques y amenazas, potenciar denuncias, prestar refugio y crear comunidad. Y ello es importante porque como periodistas no tenemos una conciencia de gremio que luche por sus derechos… y estas redes –así sea a nivel local—están procurando un sentido de pertenencia y de solidaridad en un sector individualista y fragmentado; están al mismo tiempo creando vasos comunicantes con otros sectores sociales –universidades, colegios de profesionistas, por ejemplo—que puedan acompañar y arropar a los colegas.

Una tercera respuesta es elemental, pero no ha sido puesta en práctica: lanzar una campaña de concientización sobre la importancia del periodismo y de los periodistas. Se trata de posicionar el mensaje de que no somos ajenos a la sociedad: somos “sus” periodistas, nos debemos a ella, trabajamos para ella; que sin nosotros se impondrían las zonas de silencio, se escamotearía el derecho a saber de las audiencias y se inhibiría la toma de decisiones colectivas; que sin una prensa libre, profesional e independiente, campearía sin freno la manipulación política y empresarial, y sobre la ciudadanía se impondrían sin contrapesos los grupos de poder, sus abusos y sus excesos.