CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 de defensores de derechos humanos, del primero de diciembre de 2018 a la fecha, casos en los que “la impunidad es superior a 90 por ciento”, reconoció el encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.

Al señalar que la impunidad “es el gran problema de la agenda nacional de derechos humanos”, el funcionario adscrito a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, precisó que de las víctimas de homicidio “sólo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporadas al Mecanismo” de Protección de Personas Defensoras y Periodistas.

Las entidades más violentas para ejercer el periodismo son Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el 57% de las agresiones a ese gremio, siendo entre 40 y 45% provenientes de “autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”, informó Irazoque en un comunicado. 

En el caso de los activistas, los estados más peligrosos son Chiapas, Chihuahua, Guerrero Oaxaca y Veracruz, donde proviene el 64% de las denuncias por agresiones.

El funcionario detalló que, a la llegada de este gobierno, el Mecanismo “contaba con 758 personas (beneficiarias), a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres),  y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres)”.

El funcionario añadió que tratándose de periodistas, la mayoría de los inscritos al Mecanismo están en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, en tanto que la mayor parte de los defensores inscritos radican en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Tras sostener que durante la actual administración, se han invertido mil 200 millones de pesos en protección de periodistas y defensores, correspondiendo a 2022 una partida de 388 millones, Irazoque lamentó que la respuesta de las autoridades en los estados y municipios no se corresponda con el esfuerzo del gobierno federal.

A diez años de creación del Mecanismo, “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario (en 2012), se convirtió en una ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.

Irazoque Palazuelos resaltó que “desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país”.