CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Me imagino que debe ser muy frustrante perder un asunto en el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia con un resultado favorable de siete votos contra cuatro. Me parece que una situación como la anterior da hasta para que se especule sobre el peso que tiene en la orientación de los votos de sus integrantes el origen de sus nombramientos. De ahí a pensar que la Corte se politiza por ello casi nada.

En cuanto a la legitimidad, creo que es más trascendente la que se gana durante el ejercicio, que la que se tiene de inicio. Como sea, la verdad sea dicha, en este sexenio ya se han realizado todos los nombramientos que corresponden, a menos que se presente una situación extraordinaria que imponga la necesidad de elegir a una persona extra para completar en pleno nuestro máximo tribunal constitucional.

Tanto en el sexenio que transcurrirá del 2024 al 2030, como en el del 2030 al 2036 deberán acontecer cinco designaciones de integrantes para la Corte; para el del 2036 al 2042 serán cuatro, y así sucesivamente. Ante este panorama también es cierto que no sería extraño para nuestra clase política querer amarrar a la Corte a base de nombramientos a modo. Con leales al régimen, con cuatro votos se logra.

¿Qué se puede hacer para evitar tentaciones de ese tipo? Seguramente muchas cosas. De inmediato se me ocurren tres: perfiles ideales, mejores procedimientos para las designaciones y cambiar las reglas de votación de los asuntos que se ven en la Suprema Corte. De lo primero ya he escrito antes, y solo debo reiterar que las siguientes dos vacantes las tienen que cubrir mujeres defensoras de derechos.

Respecto de lo segundo me niego a visitar lugares comunes. Claro que importan procedimientos más participativos que permitan a la sociedad influir efectivamente en las decisiones de nuestras autoridades. Que desde la presidencia de la República y el Senado se entienda que las designaciones para la Corte no son parte de su patrimonio político, sino una de las responsabilidades más imparciales.

Pero no me parece suficiente. Creo firmemente que se debe debatir con seriedad una transformación radical: votaciones populares para elegir a quienes integren nuestra Suprema Corte. Obviamente, votaciones desvinculadas de los partidos políticos; solo candidaturas ciudadanas. Que el solo cumplimiento de los requisitos constitucionales baste y que la autoridad electoral nacional se encargue del resto.

Intuyo que una mayoría abrumadora de especialistas tendrá el reflejo de opinar en contra de la anterior propuesta. ¿Tenemos, como sociedad, lo que hace falta para que un proceso democrático así sea posible? Me inclino a pensar que el obstáculo más grande podría ser el número de candidaturas. En mi gremio los egos suelen ser grandes. ¿La exigencia del párrafo final del artículo 95 constitucional bastaría?

No podría ser un tema cuantitativo en materia de respaldos, porque de eso existen antecedentes que ilustran los abusos que pueden generarse con ese sistema. Prefiero soñar con que un día tendremos la seriedad para que el orden de una elección como la que describo esté confiada al honor de sus participantes. Una trayectoria congruente en defensa de la Constitución debería ser lo más preciado.

Mientras tal día llega, para mí lo mejor sería que se cambien las reglas de votación en la Corte. Todos los asuntos deberían poder resolverse con mayorías simples. En su Pleno, seis votos por la inconstitucionalidad de lo que se juzga tendrían que ser suficientes; en sus Salas, tres. Lo mismo para establecer precedentes. No hay razón para que un voto tenga más peso que otro, y que una minoría pueda lo más.

Con estas reglas de votación, en ninguno de los futuros sexenios se podría apostar por nombrar personas leales para que con votaciones minoritarias frenen declaraciones de invalidez de cualesquiera normas generales, políticas públicas o actos concretos que se juzguen. Por eso me resulta evidente que democratizar de esta forma a nuestra Suprema Corte podría blindarla ante intentos para politizarla.