CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aguijón de la lucha contra la corrupción se hinca contra la espalda del cuerpo que la promueve: esa es la última revancha de la honestidad.

Hoy Morena es ese cuerpo y el aguijón lo enterró una de sus fundadoras: la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación del gobierno federal.

La trama de corrupción en la que ella estaría involucrada fue expuesta, por primera vez, durante un debate celebrado hace casi cinco años entre quienes entonces competían por la gubernatura del Estado de México.

La candidata panista, Josefina Vázquez Mota, acusó a Delfina Gómez de haber desviado recursos de la nómina del municipio de Texcoco para financiar ilegalmente a su partido, Morena.

Horas más tarde la aludida dijo que los descuentos aplicados sobre los salarios del personal, durante la época en que ella fue edil de Texcoco, eran cuotas destinadas al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Higinio Martínez Miranda, actual senador de Morena, ofreció una explicación similar en la cual añadió que los descuentos se habrían realizado únicamente sobre la nómina de quienes ocupaban cargos superiores dentro de la administración municipal.

Ambos mintieron: el municipio de Texcoco no tenía convenio con Fonacot y la sustracción fue cometida contra la nómina de 550 personas y no solamente sobre el sueldo de los mandos principales.

Representantes del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante las autoridades electorales cuya investigación, cuatro años después, confirmó la comisión de actos delictivos.

Delfina Gómez, presidenta municipal de Texcoco entre 2013 y 2015, autorizó a la Dirección de Recursos Humanos para que sustrajera quincenalmente 10% del salario de medio millar de personas trabajadoras durante un periodo aproximado de 30 meses.

El monto obtenido por esta operación –más de 12 millones de pesos– fue entregado a María Victoria Anaya Campos, quien entonces era funcionaria del municipio, mediante varios cheques que salieron de la Tesorería municipal a nombre suyo.

Una parte de esos recursos fueron retirados en efectivo de la cuenta personal de Anaya Campos y otra parte fue entregada, vía bancaria, a una organización –Grupo de Acción Política (GAP)– que, a su vez, proveyó financiamiento al partido Morena.

Si bien existe evidencia de que algunas de las personas afectadas firmaron una carta solicitando el descuento, no la hay de que existan 550 autorizaciones, ni de que éstas se hayan obtenido por medios legales.

Tampoco hay pruebas de que quienes sufrieron la merma salarial hayan contado con afiliación al GAP o al partido Morena.

Delfina Gómez confirmó espontáneamente la comisión de diversos delitos cuando, el miércoles 26 de abril de 2017 –en entrevista con la periodista Carmen Aristegui–, reconoció los descuentos, presumió las donaciones a su partido y refirió que Morena no era la única formación política que incurría en este tipo de actos ilegales.

Desde el plano jurídico, la actual secretaria de Educación habría infringido, por lo menos, cuatro ordenamientos: la Ley General de Delitos Electorales (LGDE), la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), el Código Penal del Estado de México (CPEM) y los Estatutos de Morena, partido político nacional.

El artículo 11 (fracción V) de la LGDE dice que se impondrá “prisión de dos a nueve años al servidor público que… solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.

Por su parte, los artículos 53, 54 y 71 de la LGRA tipifican como falta administrativa grave la cometida por toda persona, funcionaria pública, que realice actos tendientes a la apropiación, para sí o para otras personas, de recursos públicos.

En el ámbito local, el Código Penal del Estado de México, en su artículo 137, establece la comisión del delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial cuando las personas servidoras públicas utilicen su cargo para aprovecharse o disponer del sueldo de sus subalternos.

Este mismo ordenamiento prevé una pena de tres a ocho años de prisión, así como una inhabilitación de seis a 16 años para ocupar cargos públicos.

Por último, los estatutos de Morena consideran como falta sancionable por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) incurrir en actos de corrupción y la falta de probidad en el ejercicio de un cargo público.

El viernes 3 de septiembre de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó la existencia de elementos delictivos en la trama de Texcoco (INE/CG1499/2021). Por tal motivo sancionó al partido Morena con una multa de 4.5 millones de pesos. Sin embargo, extrañamente esta autoridad deslindó de responsabilidad a Delfina Gómez, a pesar de que los ilícitos no habrían podido ocurrir sin su participación.

Cuatro meses después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción emitida antes por el INE. Ambas dependencias refirieron que las conductas delictivas de carácter no electoral habrían de ser combatidas por otras autoridades.

Ahora se esperaría que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), se hiciera cargo de las violaciones previstas en la LGDE.

También que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), igualmente adscrita a la FGR, investigara los ilícitos contemplados en la LGRA.

De su lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjedomex) habría de abordar las infracciones cometidas contra el Código Penal local.

Sería mandatorio, finalmente, que la CNHJ de Morena procediera, en función de lo establecido por los estatutos de ese partido político.

Sin embargo, la defensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró a favor de Delfina Gómez el martes 18 de enero hace presumir que ninguna de las instituciones tocará con el pétalo de una investigación a la funcionaria federal.

Tal como el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ese día “esa señora es un ejemplo”. Un ejemplo de que en México los actos de corrupción continúan sin juzgarse en sus propios méritos, sino a partir del fuero político que protege a quien los comete.

En este caso, como en tantos otros, la revancha de la honestidad habrá de esperar. l