CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México la brecha digital es de 28% de la población de seis años o más que no tiene acceso a Internet; la mitad de estos desconectados se encuentran en los entornos rurales. Hacia extender redes, conectar a esos habitantes y transformar la Administración Pública Federal deberían dirigirse los esfuerzos de la nueva Estrategia Digital Nacional del gobierno federal, pero ¿serán suficientes tres años para lograrlo? 

El Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Ante la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones, quien queda como responsable de elaborar la política digital de México es Emiliano Calderón, Coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. 

Esta unidad de apoyo técnico de la Presidencia fue creada en 2013 durante el gobierno de Peña Nieto en el marco de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Desde entonces se advirtió que el diseño institucional no era el más adecuado porque duplicaba funciones con la entonces Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, pero sin recursos suficientes para lograr sus objetivos y desplegar infraestructura de banda ancha. Ahora la Coordinación de la EDN es la única área responsable de la política pública digital. 

El presupuesto para 2021 de esta unidad es de 14.7 millones de pesos. El estudio “Brecha digital en América Latina y el Caribe: Informe Anual del Índice de Desarrollo de Banda Ancha”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que para cerrar la brecha digital en México se requiere una inversión de 11.8 mil millones de dólares, lo cual redundaría en más de 867 mil empleos. El 42.9% de esa inversión tendría que destinarse a zonas rurales. 

Actualmente, las modificadas atribuciones de la Coordinación de la EDN se encuentran en el artículo 36 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República de diciembre de 2019. Emiliano Calderón es un funcionario poderoso en el papel porque tiene la atribución de elaborar, coordinar, implementar y evaluar la Estrategia Digital Nacional, pero en la práctica carece del dinero suficiente para hacerlo. 

También tiene la facultad de sugerir los nombramientos y remociones de los responsables de las áreas TIC de las dependencias de la administración federal, suscribir convenios de colaboración con órganos constitucionales autónomos, gobiernos estatales, con los poderes Legislativo y Judicial, instituciones privadas e internacionales.

Una de sus principales tareas es colaborar y presentar opiniones técnicas para la compra de software y equipos tecnológicos para el gobierno. En suma, es responsable de coordinarse con todas las dependencias oficiales para el cumplimiento de las políticas en materia de informática, gobierno digital y de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La nueva EDN que presenta Calderón tiene dos ejes: Política Digital para transformar mediante las TIC la Administración Pública Federal y Política Social Digital para incrementar la cobertura de Internet y dar cumplimiento al artículo sexto constitucional, según el cual el Estado garantizará el acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet, y la integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento mediante una política de inclusión digital universal.

Tres aspectos le interesan a Calderón plasmados en la EDN: orientar el uso y desarrollo de las TIC al bienestar social del pueblo, la austeridad y el uso o desarrollo nacional de tecnologías de acceso abierto y software libre. 

Los principios de la EDN son la austeridad, el combate a la corrupción, la eficiencia en los procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica. 

Dice que “la EDN orienta sus objetivos hacia la atención de esas carencias y presenta un cambio de perspectiva en las acciones y en las relaciones entre el gobierno, la industria privada, la comunidad científica y tecnológica y la sociedad, privilegiando la autonomía, la soberanía y la independencia tecnológicas del gobierno de México”.

La austeridad siempre necesaria está mal concebida. Una cosa es el uso ineficiente de los recursos tecnológicos y otra muy distinta es no identificar su utilidad y no adquirirlos. Calderón piensa que “existen experiencias gubernamentales negativas que han usado las promesas y alcances potenciales de la moda de la digitalización y de las TIC como pretexto para la dilapidación opaca de recursos públicos”. Considera que se ha justificado la corrupción porque la evolución tecnológica obliga a realizar actualizaciones y compra de equipos y sistemas de manera indiscriminada e injustificada para evitar la obsolescencia.  

Sobre el combate a la corrupción, en este mismo espacio se ha hablado de la utilidad de las tecnologías, al concebir esta mala práctica ya no como un problema cultural sino técnico. 

Sobre la eficiencia en los procesos digitales, para Calderón hay que “erradicar la falsa idea de que todo trámite que se realiza a través de un sistema se encuentra digitalizado y que supone una mejora. Existen procesos que deben ser digitalizados de punta a punta a partir de su simplificación y pertinencia”. Los países más avanzados en su digitalización como Corea del Sur o Estonia iniciaron con políticas de gobierno electrónico. La EDN no planea qué porcentaje de trámites del gobierno federal serán digitalizados a 2024. 

Sobra reiterar la relevancia de la seguridad de la información. El Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ubica a México en la posición de 52 de 194 naciones (en 2017 llegó a estar el sitio 28). Las mayores debilidades de México son las medidas legales y organizativas, en particular la ausencia de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Finalmente, el principio de la soberanía tecnológica es relevante. Se refiere a la atribución única de México para tomar decisiones sin interferencias externas sobre políticas y estrategias digitales y tecnológicas. Este principio se empata con el capítulo 18 sobre telecomunicaciones del T-MEC: “ninguna parte impedirá a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones elegir las tecnologías que desee para el suministro de sus servicios”. Es positivo que ningún país pueda presionar a México para prohibir el uso de alguna tecnología o proveedor. 

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