Los servidores públicos están sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual establece de manera expresa que el uso de los recursos públicos debe realizarse con estricto apego a la legalidad.

Dentro de este marco normativo los procesos de entrega-recepción resultan fundamentales, ya que permiten el relevo ordenado de responsabilidades y garantizan la continuidad institucional. La ley señala plazos específicos para reportar cualquier observación detectada, misma que debe hacerse del conocimiento de las autoridades competentes de forma oportuna y formal.

Lo que no es aceptable es que al detectarse alguna inconsistencia ésta se oculte o se deje pasar, para posteriormente recurrir con facilidad al micrófono y culpar a quienes ocuparon los cargos con anterioridad.

La verdadera responsabilidad recae en quien, teniendo conocimiento de una irregularidad, no la informó en tiempo y forma, y después utiliza esas omisiones como pretexto para atacar o desacreditar a otros, como si se tratara de un acto automático o sin consecuencias.

La austeridad, por su parte, implica la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros de cualquier institución pública, con el objetivo de garantizar eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Este principio no debe entenderse únicamente como una política de recorte del gasto, sino como una estrategia integral para mejorar la administración de los recursos públicos y maximizar su impacto en beneficio de la sociedad.

No está mal que los servidores públicos tengan una calidad de vida digna, acorde con el trabajo que realizan y los resultados que generan; lo que no se vale es predicar austeridad desde el discurso y, en los hechos, actuar de manera incongruente. La mentira también es una forma de corrupción, y la falta de coherencia entre la palabra y la acción termina por erosionar la confianza ciudadana.

En este contexto, los conceptos de eficiencia y eficacia suelen confundirse, aunque no son equivalentes. La eficiencia se refiere a la manera en que se realizan las actividades, es decir, a la capacidad de obtener resultados utilizando la menor cantidad posible de recursos, como tiempo, dinero, personal o materiales. En otras palabras, implica hacer más con menos. Una institución es eficiente cuando, por ejemplo, logra reducir tiempos de trámite y costos operativos, evitando el desperdicio de recursos.

La eficacia, en cambio, se relaciona con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. Se centra en lo que se logra, independientemente de los recursos empleados. Así, una institución es eficaz cuando cumple con la entrega de apoyos o servicios a la población, aun cuando el proceso haya sido lento o costoso. El ideal de la gestión pública consiste en combinar ambos conceptos: alcanzar los objetivos propuestos mediante el uso óptimo de los recursos disponibles.

Algo similar ocurre con la rendición de cuentas y la transparencia, conceptos que con frecuencia se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. La transparencia se refiere a la obligación de las instituciones públicas de poner a disposición de la ciudadanía información clara, accesible y oportuna sobre su funcionamiento, decisiones y uso de recursos. La rendición de cuentas, en cambio, implica no sólo informar, sino también explicar y justificar las acciones realizadas, así como asumir responsabilidades y consecuencias en caso de irregularidades o incumplimientos.

Hoy escuchamos de manera reiterada discursos que apelan a la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, estos principios, aunque distintos entre sí, suelen quedarse en el plano retórico. En la práctica, deberían traducirse en acciones concretas y permanentes dentro de la administración pública, en todos los órdenes de gobierno, y no limitarse únicamente al discurso político.

En conjunto, la austeridad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales para fortalecer la gestión pública, mejorar la confianza ciudadana y asegurar un ejercicio responsable del poder. Asimismo, el cumplimiento puntual de la ley y de los procesos de entrega-recepción garantiza que las responsabilidades se ejerzan correctamente y evita que omisiones o errores administrativos se utilicen como herramientas de confrontación política. La coherencia entre lo que se predica y lo que se practica no sólo es una cuestión ética, sino un requisito básico para combatir la corrupción: mentir o sostener discursos contrarios a los hechos también es corrupción.