CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La democracia digital no consiste en parecer moderno y sufragar a través de una urna electrónica, sino de tener una política pública que garantice los derechos político-electorales de los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las herramientas digitales.

El Instituto Nacional Electoral detectó recién el 14 de julio un foro en el mercado negro de Internet dedicado a la venta de información obtenida de manera ilegal, se trata del Padrón Electoral. Según el comunicado del INE, el corte de información podría ser 2018, es decir, una filtración de la información de los votantes mexicanos anterior y no reciente de 2021, equivalente a 93 millones 560 mil 265 ciudadanos registrados. La base de datos se vende en la red en 750 dólares, poco más de 15 mil pesos.

La democracia digital incluye como uno de sus elementos la ciberseguridad de la información. El Padrón Electoral es una de las bases de datos públicas más grandes de México. A estas alturas del desarrollo tecnológico, su filtración al mercado negro de Internet es sencillamente inaceptable. Existen herramientas digitales robustas como nube para almacenar de forma segura, Inteligencia Artificial para detectar intromisiones en tiempo real y prevenir incidentes y blockchain para asegurar las transacciones de datos que preservarían el Padrón Electoral y cualquier otra información digital de los ciberdelincuentes.

Dentro de la estructura orgánica del INE debería de existir un Jefe de Seguridad de la Información (CISO, Chief Information Security Officer), que no es el típico director del área de TIC que compra computadoras, licencias de software y crea cuentas de correo electrónico para los funcionarios, sino un visionario de las tendencias en seguridad cibernética que genera políticas para alinear la ciberseguridad con los objetivos de la institución.

Existen otros roles con los cuales debería contar un INE sofisticado como el Jefe de Tecnología (CTO, Chief Technology Officer), que está al tanto de las innovaciones tecnológicas, sus posibles usos y beneficios sociales y para la institución.

Mejor aún, un Jefe de Transformación Digital, que sería el gran visionario y “arquitecto” que velaría para que los objetivos de organizar las elecciones federales, coordinar las estatales, emitir la credencial para votar, fiscalizar los actores políticos, promover la cultura cívica, procurar la justicia electoral, administrar los recursos y rendir cuentas se digitalicen, se realicen a través de aprovechar el potencial y beneficios de las TIC y evolucionen constantemente con el desarrollo de la tecnología a partir de un liderazgo, visión y política de democracia digital.

Asimismo, los principios rectores del INE de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad pueden fortalecerse y preservarse a través de dicha política digital para la democracia representativa, como si se tratara de servicios a proveer para la ciudadanía.

En 2018 el INE multó de manera ejemplar a Movimiento Ciudadano con 34 millones 158 mil 411.30 pesos (10% de las ministraciones anuales) porque la Lista Nominal de Electores quedó visible y expuesta en un servidor de Amazon. Movimiento Ciudadano no supo defenderse ni atribuirle su responsabilidad al INE por el procedimiento totalmente inseguro como entregaba la base de datos a los partidos.

En su momento, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró que “nunca ha sido vulnerada la base de datos del Padrón Electoral del INE. Todos los casos de filtración de información que históricamente han ocurrido de los datos del Registro Federal de Electores, todos invariablemente, son achacables a agentes externos, nunca a los funcionarios de la autoridad electoral”.

La declaración es imprecisa porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le otorga al INE la atribución de formar y administrar el padrón y la lista de electores. Córdova Vianello dijo que “como consecuencia de esas filtraciones, el INE ha tomado medidas preventivas para que se impida el mal uso de los datos contenidos en el Padrón Electoral”.

Lo anterior quiere decir que hasta ese momento no existía la noción de que el padrón y la lista nominal nunca debieron salir de los sistemas informáticos administrados y controlados por el INE, con soluciones de encriptación y contraseñas robustas para los usuarios (partidos) de esas bases de datos. 

La credencial para votar con fotografía, que con tanto celo defiende el INE por los recursos que obtiene para expedirla y por el poder que implica administrar una gigantesca base de datos de electores, no es una identificación moderna (con chip e infalsificable) y mucho menos una cédula de identidad digital.

La democracia digital es un reflejo de la sociedad que emplea los medios tecnológicos, de información, las plataformas y las redes sociales al servicio de la ciudadanía para fomentar la discusión, la interacción virtual, la creación de ideas, opiniones y decisiones políticas. También para interpelar al ciudadano, consultarlo, mejorar la rendición de cuentas de los actores político-electorales y una mayor interacción directa entre gobernantes y gobernados.

Las TIC, la conectividad e Internet permiten el ejercicio de los derechos políticos. La democracia digital tiene los mismos principios y valores. Pero los derechos, la libertad de expresión, de pensamiento, de información, de discusión, de participación sobre las decisiones públicas se ejercen a través de la red. En última instancia, las tecnologías deben contribuir a consolidar una democracia no sólo representativa sino más participativa.

Con una visión de política para la democracia digital, el INE debería estar preocupado y ser proactivo en las condiciones que permitan que esa forma de gobierno se convierta en un sistema de vida, como reza la Constitución. Promover la expansión e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, la penetración de banda ancha, el acceso universal a las TIC e Internet, el cierre de la brecha de conectividad y la digitalización de la sociedad para lograr equidad, igualdad, pluralidad y participación.

La democracia digital debe entenderse como un servicio de calidad para la ciudadanía. Tan básico, esencial, transparente e invisible como el aire que respiramos y las tecnologías que utilizamos.

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