Ricardo Raphael
Las acusaciones de corrupción detrás de la vacuna china
"¿Por qué la Secretaría de Salud tiene opiniones negativas respecto a CanSino? [...] Cabe destacar que CanSino es la vacuna que el gobierno chino utilizó para inocular a centenas de miles de militares en su Ejército y a su personal médico."
Las acusaciones de corrupción se han abaratado a su nivel más bajo, que es cuando se utilizan como mera arma arrojadiza entre políticos cuyo último interés es combatir la corrupción.
El estilo presidencial que señala a los adversarios de corruptos, sin asumir la obligación de probar los dichos, es imitado profusamente dentro de su gabinete. La misma fórmula con la que se descarta y estigmatiza a los adversarios del gobierno, se utiliza para descartar y estigmatizar a los adversarios dentro del gobierno.
La gestión de la pandemia de coronavirus tiene ejemplos de esta fórmula destinada a destruir reputaciones y prestigio, donde igual pagan costos los funcionarios honestos y los que no lo son.
Una de las muchas víctimas de este modus operandi fue en su día José Antonio Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En noviembre del año pasado, este doctor yucateco, respetable y respetado por una larga biografía médica, fue calificado por su jefe, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como incapaz de impedir en su dependencia el ejercicio de esquemas oscuros, discrecionales y persistentes de corrupción.
No fue necesario que el denunciante probara nada. Bastó con esa afirmación para que el presidente López Obrador dispensara un trato distante a Novelo y también a la Cofepris.
Cuando Novelo comenzó a diferir de las opiniones de López-Gatell, se ganó injustamente la etiqueta de cómplice de la deshonestidad.
En esta infamia son particularmente relevantes las razones de la disidencia. En oposición al subsecretario, Novelo había considerado aprobar el registro sanitario de test masivos de coronavirus a bajo costo, similares a las que el resto del planeta ya utilizaba.
Entre otras opciones, el año pasado se le presentó al presidente López Obrador la alternativa de instalar módulos en las principales ciudades del país para que la población pudiera acudir a realizarse pruebas de coronavirus por un precio que no rebasaba los 120 pesos.
Ciertamente, de haberse practicado esas pruebas, ninguna autoridad habría podido manipular los números de la pandemia.
En la misma reunión referida, el subsecretario López-Gatell –frente al presidente López Obrador– preguntó a los defensores de la prueba masiva si tenían algún interés económico inconfesable. Lo hizo con tal tino que inhibió eficazmente la medida.
Este mismo modus operandi fue utilizado más recientemente para descarrilar el suministro de la vacuna chino-canadiense CanSino, cuya fase III de experimentación en México ha sido también puesta en duda por un supuesto acto de corrupción.
¿Por qué la Secretaría de Salud tiene opiniones negativas respecto a CanSino? El jueves 12 de noviembre del año pasado, López-Gatell advirtió públicamente contra el producto de esta compañía, argumentando que podría potenciar la contracción de VIH-sida.
Para razonar su convicción, el subsecretario refirió a una fuente científica de dudosa procedencia en vez de citar un artículo académico que respetara los estándares experimentales del gremio.
Aunque estos ataques retrasaron la fase III de la vacuna CanSino –requisito indispensable para que la Cofepris otorgue registro–, este producto está por fin a punto de cumplir con el protocolo para su aplicación masiva.
Tiene como único defecto que es chino, lo cual toca los prejuicios de una mayoría de mexicanos que suponen como inferior todo lo que venga de China.
Más allá de la manía infundada, cabe destacar que CanSino es la vacuna que el gobierno chino utilizó para inocular a centenas de miles de militares en su Ejército y a su personal médico, entre otros millones de beneficiarios.
Hay evidencia muy robusta de su éxito y también de un nivel de disponibilidad y abasto que no poseen Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Johnson & Johnson. En otras palabras, la adquisición por parte del gobierno mexicano de la vacuna CanSino ayudaría al gobierno para acelerar la velocidad en sus planes de vacunación.
Justo en este escenario se encontraban las cosas cuando, “casualmente”, se filtró a la prensa una supuesta investigación en marcha, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para denunciar actos de corrupción respecto a la fase III de las pruebas de CanSino.
En concreto se acusó a la subsecretaria Marta Delgado –cuya tarea a favor de que México cuente con vacunas en cantidad y calidad suficientes ha sido notable– de haber abusado de su autoridad en favor del personal de la cancillería, para que algunos de sus subordinados fueran vacunados.
La subsecretaria Delgado no tardó en negar categóricamente los hechos imputados en su contra y exigió a la SFP que esclareciera cuanto antes las acusaciones.
Lo obvio aquí es nuevamente el modus operandi: igual que antes sucedió con Novelo, ahora la subsecretaria de Asuntos Multilaterales enfrenta las ingratas consecuencias de disentir, sin que importe en nada la honorabilidad de su labor y su larga trayectoria.
Mientras se averigua este asunto, lo que va muriendo en México es la credibilidad en las acusaciones por corrupción. Se trata de un argumento con límites, una estrategia que se percude de tanto gastarla. “El que a hierro mata…” dice el refrán, y quizá la creencia popular aporte razón.
