El pasado martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno, que fortalece con claridad los controles contra el acoso sexual, conflicto de intereses, nepotismo y corrupción. Que este código sea más preventivo, con 37 artículos frente a los 24 de la versión anterior, muestra un avance.

El texto detalla 17 conductas específicas que ahora se consideran faltas de hostigamiento o acoso sexual (incluyendo aquellas manifestadas en entornos digitales como mensajes, fotos o videos editados con inteligencia artificial). Además, se declara como falta administrativa grave la actuación bajo conflicto de intereses, lo que obliga a los funcionarios a excusarse por escrito cuando sus intereses personales puedan empañar su imparcialidad.

También se prohíbe el nepotismo en contrataciones públicas, y los servidores públicos deben mantener una integridad ejemplar incluso fuera de la jornada laboral. Por primera vez se regulan además prácticas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en la gestión pública.

El reconocimiento formal de conductas como el acoso digital y el uso indebido de relaciones familiares o de poder puede marcar un cambio con prácticas históricas de impunidad. Sin embargo, como defensora de la rendición de cuentas y los derechos ciudadanos, debo alertar que por sí solo un código no transforma comportamientos. La ética plasmada en un documento cuesta nada si no se acompaña de acciones reales. ¿De qué sirve tipificar más conductas si luego no se investigan, no se denuncian o no se sancionan?

El problema es especialmente agudo en materia de acoso sexual. En efecto, el nuevo código menciona estas faltas, pero fuera del discurso ético sigue existiendo un enorme déficit de justicia para las víctimas, pues según datos del gobierno, en lo que va de 2025 ya se han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual en todo el país. 

También debe acompañarse un cambio institucional profundo. Deben existir sanciones reales, mecanismos confiables de denuncia, protección para denunciantes y capacitación constante para quienes están en posiciones de poder. No basta definir, hay que aplicar. Y no sólo hacia adelante, también es necesario revisar los casos pasados para que, quienes hayan violado las normas éticas respondan por sus acciones.

Si queremos recuperar la confianza ciudadana, no es suficiente con buenas intenciones o documentos. La ética institucional tiene que traducirse en consecuencias y responsabilidad. Un código fuerte es un buen comienzo, pero sólo la acción sostenida puede garantizar que la integridad pública no se quede en palabras.

Celebro que se fortalezca el marco normativo, pero hago un llamado firme a que este código no sea una carta de esperanza, sino el primer paso de un cambio verdadero. Apliquemos sus principios, sancionemos a quienes ya han faltado, y construyamos instituciones que reflejen la ética que prometen. Sólo así la integridad dejará de ser un ideal y se volverá una práctica cotidiana.