Reforma electoral

Propuestas del INE para la reforma electoral van a contracorriente de la 4T

Mantener las plurinominales y reforzar los “dientes” del INE en materia de fiscalización y la autonomía, entre las propuestas entregadas por consejeros electorales a Pablo Gómez.
lunes, 12 de enero de 2026 · 21:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Algunas de las 241 propuestas que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a Pablo Gómez Álvarez para que las incluya en su iniciativa de reforma electoral van a contracorriente del discurso que emana del gobierno federal y de Morena, los dos impulsores de la reforma: el documento de 69 cuartillas que los consejeros dieron al titular de la comisión presidencial plantean mantener las plurinominales, reforzar los “dientes” del INE en materia de fiscalización, y reforzar la “autonomía, el profesionalismo y el carácter ciudadano de las autoridades electorales”.

Así, en respuesta a los llamados para desaparecer a los plurinominales –una idea que formalizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador–, el INE sugirió “preservar y mejorar” el sistema de representación proporcional, pues advirtió sobre el riesgo de que su eliminación “podría causar mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, afectando a partidos más pequeños”. 

Entre las mejorías posibles al sistema de plurinominales, el INE planteó un sistema de “proporcionalidad pura”, en el cual “cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos a partir de listas de candidaturas abiertas”, ello para evitar que las cúpulas de los partidos se repartan las candidaturas ganadoras.

De la misma manera, en lugar de reducir el financiamiento a los partidos políticos –medida que afectaría principalmente a los partidos minoritarios y aumentaría el riesgo de uso de recursos ilícitos--, el INE sugirió “fortalecer el sistema de fiscalización” o incluso “vincular la fórmula de financiamiento de partidos al grado de descontento ciudadano”, para que el voto nulo o la abstención tengan consecuencias en el otorgamiento de recursos públicos.

Entre las propuestas susceptibles de afectar los intereses de la llamada Cuarta Transformación, el INE propuso corregir el hueco legal que permitió a Morena y sus partidos aliados obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –el fenómeno llamado sobrerrepresentación--, mediante una aplicación más estricta del artículo 54 constitucional que prohíbe a los partidos políticos contar con un número de diputados que exceda en más de ocho puntos porcentuales su porcentaje de votación nacional.

Otra diferencia de fondo con el gobierno federal recae en la autonomía constitucional del INE: los consejeros insistieron en la necesidad de “garantizar expresamente la autonomía del INE” en materia de funcionamiento y de presupuesto, lo que contraviene con la insistencia de López Obrador por desaparecer al instituto e incorporar sus facultades en la Secretaría de Gobernación (Segob), una idea compartida públicamente por Pablo Gómez.

Los consejeros también pidieron que la reforma incluya mejores mecanismos de diálogo entre el instituto y los poderes Ejecutivo y Legislativo, y una mejor transparencia para “contrarrestar narrativas de despilfarro o privilegio”, una frase que parece una crítica apenas velada a los voceros de Morena que denuncian el costo de los organismos autónomos para justificar su desaparición.

Queda por verse si el equipo de Pablo Gómez Álvarez incluirá algunas de las propuestas del INE en el momento de elaborar la iniciativa de reforma electoral; de entrada, en el evento público de entrega-recepción del documento, que tuvo lugar este lunes 12, el militante de izquierda recalcó que el INE debería perder su autonomía y rechazó que su presupuesto esté indexado en el crecimiento del PIB, una idea que buscaba garantizar un financiamiento estable para el instituto.

Más dientes

De las 241 propuestas del INE, 36 tienen que ver con un reforzamiento de las facultades de fiscalización del organismo autónomo, las cuales plantean entre otros un control más estrecho sobre las coaliciones, nuevas facultades para investigar gastos de propaganda en Internet y redes sociales o levantamiento de los secretos “fiduciario, bancario, fiscal y ministerial” en un plazo de 10 días. 

De hecho, entre las propuestas que el INE entregó a Pablo Gómez destaca una que obligaría las autoridades a entregar información al equipo de fiscalización del INE en el marco de investigaciones sobre irregularidades perpetradas por partidos o candidatos durante procesos electorales; una medida que hace eco a las quejas expresadas por varios consejeros –sobre todo Carla Humphrey Jordan– sobre la reticencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en colaborar con el INE durante la gestión del propio Pablo Gómez.

El INE también pidió más facultades del INE para sancionar a los partidos que incurran en irregularidades en el envío de recursos a candidatos en campaña, pero también a las empresas e individuos que incumplan con los requerimientos de la autoridad fiscalizadora.

Contrario al discurso oficialista que sostiene que las elecciones judiciales fueron “todo un éxito”, el INE envió una serie de recomendaciones destinadas a corregir algunos de los problemas más graves que surgieron a lo largo del proceso electoral que culminó con la difusión de “acordeones” que invitaron a votar por las candidaturas ganadoras. En este sentido, los consejeros recomendaron que la reforma prohíba de manera textual la participación de partidos políticos y de “grupos afines” en la promoción, propaganda o financiamiento de candidaturas judiciales.

Entre las disposiciones más inoperantes de la reforma judicial que deberían cambiarse, el INE sugirió definir de mejor manera los eventos de campaña o del marco geográfico, y llamó a “regular las restricciones que tienen las personas servidoras públicas para intervenir en los procesos electorales e influir en la equidad de la competencia electoral”. 

El INE también formalizó su recomendación de separar las elecciones judiciales y el proceso electoral de 2027 –en el que se renovarán 19 gubernaturas, todos los cargos legislativos federales y cientos de cargos en 31 entidades federativas–, ya que de lo contrario derivarían “una serie de complejidades operativas y logísticas”, y urgió a que la reforma impulse el rediseño de las boletas de las elecciones judiciales “para asegurar claridad”.

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