CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil exhortó hoy al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a posponer la entrada en vigor de la reforma electoral para concretar los cambios estructurales al sistema electoral después de 2027, año en que se renovarán la mitad de los cargos judiciales, 19 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, así como los cargos de 31 congresos locales y cientos de presidencias municipales.

“Iniciar el proceso electoral más complejo de la historia, con el añadido de las elecciones judiciales simultáneas, en medio de una reestructuración administrativa masiva y con nuevas reglas no probadas, maximiza la probabilidad de errores logísticos graves”, advirtieron las organizaciones, aglutinadas en el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine).

Aunque la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez todavía no da a conocer el texto de la iniciativa de reforma electoral que presentará en las próximas semanas, el Opine expresó sus reservas respecto a algunos de los planteamientos que podría contener el documento, y urgió a que la reforma corrija las fallas de la elección judicial del pasado 1º de junio.

El Opine advirtió por ejemplo que la desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) acarreará retos mayúsculos, pues el nuevo organismo tendrá que organizar las elecciones federales, locales y judiciales y resolver los conflictos poselectorales, lo que despierta un “riesgo de colapso técnico por sobrecarga administrativa”.

Además, las organizaciones que integran el Opine –Laboratorio Electoral, México Evalúa, Disentir y Práctica– recalcaron que la idea de seleccionar a los integrantes del nuevo árbitro electoral mediante voto popular directo introduciría una “variable política en órganos que son eminentemente técnicos”, con consejeros que responderían a “intereses de las maquinarias políticas que movilizaron el voto para su elección”.

“En un escenario donde un solo partido o coalición domina el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, existe un riesgo elevado de captura institucional al convertir al árbitro en un jugador más de la contienda política, lo cual erosiona la confianza de los actores opositores y la legitimidad de los resultados”, se alarmó el Opine, en referencia al control que ejerce Morena en todos los poderes de la Unión.

En el mismo tono, las organizaciones plantearon que la reducción del número de diputados y la eliminación de las plurinominales podrían desembocar en un sistema de sobrerrepresentación, en el cual “el ganador se lleva todo” y las minorías se quedan sin voz, pues un partido que reciba entre 45% y 50% de votos podría controlar entre el 80% y el 100% de los escaños.

Respecto a la elección de jueces y magistrados, que tendrá su segunda fase en 2027 –después de una primera experiencia criticada por observadores nacionales e internacionales–, el OPINE sugirió la implementación de “candados estrictos de inelegibilidad” para prohibir “perfiles con militancia o activismo partidista, y eliminar la insaculación como alternativa de selección, privilegiando la sustentación de exámenes de oposición rigurosos y transparentes”.

A la par de lanzar advertencias sobre posibles riesgos de la reforma electoral, las organizaciones emitieron algunas recomendaciones para agregarlas al dictamen, como el reforzamiento de las sanciones contra la “injerencia gubernamental” en las elecciones, incluyendo la “inelegibilidad futura o suspensión del cargo” de las candidaturas beneficiadas con el aparato del gobierno.