CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una semana de desacuerdos, descalificaciones y renuncias marcó el intento del PRI, PAN y PRD por construir un proceso de selección de candidatura presidencial. Desde el 5 de junio y hasta lunes 26 desarrollaron la metodología que a pocos dejó satisfechos y con un saldo preliminar negativo.

 Un primer consejo ciudadano renunció antes de que se hiciera oficialmente pública la metodología; al menos seis aspirantes que habían expresado su interés en la nominación abandonaron su causa y hubo una serie de desacuerdos entre las cúpulas partidistas, y de éstas con actores de la sociedad civil inmersos en construir la candidatura opositora.

Los representantes de los tres partidos en la llamada “mesa política”, que es donde se negocian las condiciones de la futura coalición, fijaron el 21 de junio como plazo para concretar el acuerdo, dejando cinco días de conversaciones para llegar al lunes 26 con el trabajo planchado. Sin embargo, la mañana del sábado 24 el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, desnudó las fisuras previas al anuncio.

El mensaje del dirigente panista, pronunciado en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de su partido, precisó un llamado al PRI y al PRD a la unidad, a incluir la participación ciudadana en el procedimiento y a no tomar decisiones sin incluirlos.

En ese contexto la mesa política había alcanzado un acuerdo en el que los partidos conducirían el proceso en oposición a la propuesta ciudadana, presentada el 16 de junio, que proponía crear una asociación civil mediante la cual se realizara la metodología previa al inicio del proceso electoral.

Dicha decisión consideraba que la figura de asociación civil llevaría meses para lograr un registro, además planteaba dificultades sobre el financiamiento y diversos aspectos operativos para una selección de quien más tarde llegaría a conseguir el abanderamiento de la oposición. En su lugar, las dirigencias partidistas consensaron la construcción de otra figura más informal, un frente previo a la coalición electoral que dieron en llamar Frente Amplio por México, donde se incluiría a los tres partidos y a la sociedad civil.

Aparentemente la Mesa Política había convencido a las organizaciones ciudadanas, pero Guadalupe Acosta Naranjo, interlocutor con la sociedad civil, entrampó el acuerdo al incluir el llamado “MiniINE”, un grupo de ciudadanos que no había pasado por el acuerdo de los partidos, según lo explicado por algunos participantes panistas y priistas consultados.

La sorpresa fue grande en el PRI y PAN cuando el exconsejero electoral Leonardo Valdez Zurita empezó a hablar de estar al frente del consejo electoral ciudadano, y el desconcierto fue más cuando el académico Sergio Aguayo anunció que se retiraba, acto seguido por otros participantes.

Los argumentos de su renuncia al consejo –que aún no se había notificado a las dirigencias de los partidos– fue precisamente sobre los aspectos de la toma de control del método y la negativa a formar una asociación civil, así como a la fórmula de selección, que sería una mezcla de recolección de firmas y encuestas, aspecto en el cual se propiciaron las condiciones para el adelgazamiento de la lista de aspirantes a partir del lunes 26.

Desde el 23 de mayo último se detonaron inconformidades cuando el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anticipó que podía establecerse el levantamiento de un millón de formas como un filtro para quienes desearan convertirse en candidatos a la Presidencia.

La primera de ellas fue la senadora Lilly Téllez, quien de ser comunicadora de TV Azteca fue candidata de Morena, pero ya en el Senado renunció a la bancada y se convirtió en una de las críticas más mediáticas contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Padroneros azules

Entre los numerosos cuestionamientos que la legisladora lanzó hubo una que se ha convertido en uno de los reclamos centrales y de la inconformidad de estos días: que la recolección de firmas era una aduana que sólo favorece a los políticos que cuentan con una estructura partidista, por ejemplo: Santiago Creel.

Desde entonces el tema fue también de las organizaciones de la sociedad civil que participan en las conversaciones y desde el pasado jueves 29 en el proceso, de manera que la Mesa Política debió llegar a una serie de acuerdos:

Primero, que en lugar del millón de firmas fueran sólo 150 mil rúbricas electrónicas; segundo, no fuera el único sistema, sino que además se considerara un puntaje que debía combinarse con los resultados de las encuestas: y, tercero, que no pudieran validarse más de 20 mil firmas por estado, de manera que podrían contener así a los padroneros del PAN o a las estructuras activas del PRI.

Los “padroneros” son los liderazgos que han logrado mantener el control del comité nacional del PAN desde 2011; tienen presencia territorial en varios estados y con ellos ha bastado al grupo político de Santiago Creel para conservar no sólo la dirigencia, también las coordinaciones parlamentarias y, naturalmente, el reparto de candidaturas a partir de controlar el padrón de militantes.

Entre quienes son identificados como parte de ese grupo destacan: Jorge Romero, líder capitalino y actual coordinador de los diputados del PAN; Luis Alberto Villarreal, el padronero en Guanajuato; Raúl Gracia, de Nuevo León, y Enrique Vargas, en el Estado de México.

Ya en 2021 los padroneros han dado muestra de sus alcances, pues para reelegir a Marko Cortés al frente del PAN colocaron 110 mil firmas con lo que fue candidato único, toda vez que los militantes Gerardo Priego y Adriana Dávila no alcanzaron el mínimo.

Así que la fórmula creada en el PAN, que esta vez conduce el proceso de selección informal del candidato presidencial por coalición, fue adaptada y, más que las encuestas, motivó el retiro anticipado de quienes aspiraban a la candidatura presidencial.

Inconformidades

Mientras la crisis se detonaba con la renuncia y los mensajes de Sergio Aguayo al “MiniINE”, el domingo 25 de junio, un primer aspirante a la candidatura renunciaba a su participación, como lo fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con un mensaje centrado en concluir su periodo en su estado.

También lo había hecho el senador Germán Martínez Cázares; calderonista de origen, fue secretario de Estado y dirigente nacional del PAN en la primera década del siglo, se retiró de la política unos años y regresó en 2018 como candidato al Senado por Morena. 

Sin embargo, rápido dejó el escaño en 2018 para irse a la Dirección General del IMSS a la que renunció meses después y, como Lilly Téllez, renegaría de la bancada, aunque en su caso se convirtió en miembro del llamado “grupo plural”.

Las críticas de Martínez Cázares fueron a un aspecto que el PAN y sobre todo el PRD han criticado en Morena, como lo es la anticipación de promociones electorales fuera de los tiempos establecidos por la ley; además expuso que no era claro el financiamiento, que no habría fiscalización y denunció la existencia de “cargadas empresariales”.

La alusión de las “cargadas empresariales” es por la presencia de Claudio X González, impulsor de la coalición desde 2021 y quien tiene una estrecha relación con las organizaciones de la sociedad civil inmersas en el presente proceso.

No fue el único que se refirió a eso. Lilly Téllez consideró lo mismo, pero además le puso nombre: la también senadora Xóchitl Gálvez –consideró–era la candidata de los empresarios

Las críticas de Téllez fueron mucho más allá con medio centenar de preguntas impugnando la metodología opositora; ella terminó por retirarse de la contienda el miércoles 28, para no legitimar un proceso que, por no contar con reglas claras y carecer de equidad, podía caer en simulación y violación de la ley electoral.

Claudia Ruiz Massieu también renunció a sus aspiraciones. Descendiente de dos familias otrora poderosas dentro del PRI, la exfuncionaria del peñanietismo y senadora también cuestionó la metodología, aunque su presencia no había sido celebrada ni siquiera en el PRI.

Días después, el 2 de julio, el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat anunció en sus redes sociales que retira sus aspiraciones presidenciales en el actual proceso opositor. Asimismo el líder empresarial Gustavo de Hoyos hizo lo propio; ambos cuestionaron el proceso de selección, pues consideraron que las reglas del juego del frente desfavorecen a los aspirantes externos.

Pese al cúmulo de críticas, los dirigentes de los partidos y las organizaciones civiles integradas en el Frente Amplio por México anunciaron el jueves 29 un consejo que organizará la selección de aspirantes. A éste integraron a reconocidas figuras del sistema electoral y de la academia, como Marco Antonio Baños, Juan Manuel Herrero, Patricia McCarthy, Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales Manzanares y María Teresa González Luna.

Al consejo se integraron dos representantes por partido, entre ellos los miembros de la mesa política: Armando Tejeda Cid y Raymundo Bolaños (PAN); Rubén Moreira y Rolando Zapata (PRI), así como Claudia Castello y Luis Espinosa Cházaro (PRD).

Un total de 13 personas están encargadas de construir el proceso y elegir al candidato, con un procedimiento previsto para unos días antes de que decida Morena, es decir, los primeros días de septiembre, con la esperanza de que se reduzcan los sobresaltos.