CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la reaprehensión de siete militares involucrados en 22 muertes ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció que ello no hubiera ocurrido “sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”.

A través de su cuenta en Twitter, la organización reconoció la relevancia de la reaprehensión de los responsables, pero destacó que aún hay “pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.

El Centro Prodh hizo una cronología de los hechos en que “la Sedena y el entonces gobernador del Estado de México (Eruviel Álvila) celebraron el operativo”, luego de que el 30 de junio de 2014, 22 personas fueran abatidas por el Ejército.

Recordó que sólo después de que investigaciones periodísticas pusieron en duda la versión oficial del enfrentamiento, las instituciones realizaron una investigación. Por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que “habrían sido ejecutadas entre 12 y 15 personas”, mientras que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) “presentó cargos contra siete militares por la ejecución de 8 personas”.

Al resaltar que durante la gestión de Salvador Cienfuegos al frente de la Sedena, la institución “en todo momento negó la existencia de las ejecuciones”, el Centro Prodh agregó que, si bien los militares fueron detenidos y se les dictó un auto de formal prisión, en 2016 un tribunal de segunda instancia revocó esa determinación.

“Familiares de las víctimas presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado”, recalcó la organización, que ha defendido a una de las sobrevivientes del ataque.

“Así el Tribunal tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses”, situación que ya había sido denunciada por el Centro Prodh y ahora cumplida.

La organización insistió que en 2015 descubrió que personal castrense que intervino recibió la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, y exigió que se investigara la cadena de mando, indagatoria que “se intentó cerrar en varias ocasiones y no ha concluido”.

Finalmente, el Centro Prodh advirtió que “Tlatlaya es un caso emblemático de los riesgos de la militarización y de las reticencias del Ejército a rendir cuentas ante instancias civiles”.