CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos tres mandos del Ejército que fueron ascendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana están vinculados con casos de presunta corrupción, espionaje y violaciones a derechos humanos. Se trata de Francisco Ortega Luna, relacionado con la cadena de mando en la masacre de Tlatlaya, quien fue promovido a general de división, y el general Pedro Almazán Cervantes, acusado de vínculos con las redes de narcotráfico en Guerrero, quien ahora encabeza la Guardia Nacional en Puebla. El tercero es el coronel de arma José Sigifredo Valencia Rodríguez, quien a su paso por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue señalado de haber adquirido el software empleado para espiar a candidatos en la elección de 2018. Esta mañana, López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos a 25 mil 767 elementos de las Fuerzas Armadas, entre los cuales destacó la promoción de siete generales de División (Secretaría de la Defensa Nacional), tres nuevos almirantes (Secretaría de Marina) y tres generales de División piloto aviador (Fuerza Aérea Mexicana). En su discurso, el jefe de las fuerzas armadas dijo que al gobierno federal se le han encomendado nuevas tareas que harán con “orgullo”, porque están encaminadas a la “transformación de México”, y en ello también participan militares. No obstante, en la lista de quienes fueron ascendidos hay tres miembros del Ejército relacionados con escándalos de la pasada administración federal. Francisco Ortega Luna El nuevo general divisionario encabeza actualmente la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, pero antes de obtener ese cargo, con el impulso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, se desempeñó primero como mando adscrito de la XXII Zona Militar, con sede en Rancho Sanabria, Estado de México, y posteriormente como comandante de la VI Zona Militar en Saltillo, Coahuila. Según el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a su paso por la XXII Zona Militar habría sido, por “cadena de mando”, uno de los responsables del 102 Batallón de Infantería que en 2014 recibieron la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, lo que derivó en la masacre de ocho personas dentro de una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El informe del Centro Prodh “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, destaca que el teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los mandos de tropa de la patrulla adscrita al 102 Batallón de Infantería, recibió la la siguiente orden: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”. Tres de las víctimas que sobrevivieron a las masacres, acompañados de Mario Patrón Sánchez, entonces director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron que altos mandos de la Sedena fueran llamados a declarar ante la PGR por la ejecución extrajudicial. Entre ellos el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda; el comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y el adscrito Francisco Ortega Luna, así como el responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y el teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez. Hasta el momento, sólo han recibido sanciones algunos soldados que participaron en el operativo.

Reunión de trabajo con el Gral. de Bgda. D.E.M Francisco Ortega Luna, Dir. Gral. del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, donde trabajaremos en conjunto para lograr de manera #legal el manejo #responsable y seguro de los artificios pirotécnicos.#Trabando pic.twitter.com/mHCenUXyT3

— IMEPI (@IMEPI_Edomex) December 12, 2018

Pedro Almazán Cervantes El nuevo general de brigada se desempeña desde el pasado 15 de octubre como comandante estatal de la Guardia Nacional en el estado de Puebla, y entre el 1 de julio y 30 de septiembre fungió como titular de la Sexta Coordinación Territorial en la misma corporación policial. Cuatro años antes de llegar a ese puesto, el general Almazán fue designado por el entonces gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como secretario de Seguridad Pública, cargo en el que fue ratificado por el hoy gobernador Héctor Astudillo, hasta el 31 de agosto de 2018. Sin renunciar a la Sedena --según el Portal de Obligaciones de Transparencia--, permanecía en activo mientras se desempeñaba al mismo tiempo como jefe de seguridad de Astudillo, y miembros de la policía estatal denunciaron irregularidades durante su gestión. Entre tales anomalías, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), está el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal en 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Además, en mayo de 2017 fueron despedidos 176 policías estatales que protestaron por denunciar presuntos actos de corrupción de Almazán Cervantes. A la fecha el gobierno de Guerrero enfrenta un proceso legal para justificar los despidos o restituir a los inconformes. El último de los escándalos que enfrentó su administración fueron los señalamientos en el gobierno estatal por brindar protección policiaca a familiares de Onésimo Castillo Adame, El Bombón, presunto operador de Los Rojos en Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.

Encabeza el Gobernador Héctor Astudillo Flores, ceremonia para despedir con honores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al General Brigadier D.E.M. Pedro Almazán Cervantes. https://t.co/PRK3xIQTVB pic.twitter.com/Ash4RfN2Lq

— SSP Guerrero (@SSPGro) August 31, 2018

Sigifredo Valencia Rodríguez El nuevo coronel se desempeña como titular de la División de Inteligencia y Comisionado General Interino de la Policía Federal, pero antes de ocupar ese cargo pasó por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se desempeñó como director general de Cuerpo Técnico de Control. Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el periódico Reporte Índigo, del primero de abril de 2018, destaca que la oficina a su cargo adquirió un software de vigilancia por 4 millones 564 mil 252 dólares a la empresa Neolinx, que fue usado “para espiar a todos los candidatos”. El servicio permitía el acceso de 25 operadores simultáneos, con capacidad para 255 mil 500 búsquedas –sin límite de búsquedas diarias–, para teléfonos en redes 2G, 3G y 4G (LTE). El sistema también proporciona búsquedas por número de teléfono público y por número de IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil), así como búsquedas automáticas por geovallas, proximidad entre equipos, entre otros. El contrato fue suscrito con la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V. y firmado por el hoy ascendido coronel Valencia Rodríguez, entonces director general del Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. La vigencia del servicio comprendía del 2 de abril al 31 de diciembre de 2018. El extitular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, y el director general de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo, fueron acusados por el excandidato panista Ricardo Anaya de ser los responsables de la “campaña negra” que se realizó en su contra desde esa dependencia para frenar su victoria en las elecciones de año 2018, en las que resultó electo Andrés Manuel López Obrador.

Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con el Comisario General Sigifredo Valencia Rodríguez, Director de Inteligencia de la Policía Federal, así como con el comisario Félix Peralta, con el fin de coadyuvar con las tareas del @INAMI_mx. pic.twitter.com/3Cp7DA54Ns

— Juanita Guerra Mena (@JuanitaGuerra_M) June 24, 2019