CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con una investigación del periódico El Universal, difundida hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo de nueva cuenta a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, los cuales habían sido liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) no dieron respuesta el diario, fuentes ministeriales revelaron que los detenidos, uno de ellos capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión del Campo 1-A, en la Ciudad de México.

De ellos, cuatro salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Los otros tres militares que permanecen presos están en el Campo Militar 1-A.

La publicación refiere que, a cinco años de los hechos, en octubre de 2019, el Sexto Tribunal Unitario que dejó en libertad a los militares ordenó reaprehender a siete por el caso Tlatlaya, luego de resolver un recurso de apelación de la FGR en el que consideró que los elementos que formaron parte del 102 Batallón de Infantería deben ser regresados a prisión, para ser enjuiciados por el delito de ejercicio indebido del servicio público y, además, tres de ellos por homicidio calificado.

Inicialmente la versión de la Sedena fue que los 22 civiles murieron en un enfrentamiento en una bodega, lo que luego fue desmentido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su investigación concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

En octubre del año pasado, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, informó que no estaba cerrado el caso Tlatlaya y que la FGR tenía siete órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército pendientes por cumplimentar, que coinciden con el número de militares regresados a la cárcel.