CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el marco del arranque del segundo periodo legislativo, organizaciones civiles acusaron que el Congreso de Morelos mantiene una agenda alejada de las demandas ciudadanas al omitir temas críticos como la inseguridad, la rendición de cuentas, la vigilancia de órganos fiscalizadores y la baja productividad legislativa frente al alto presupuesto que ejerce el Poder Legislativo estatal.  

Además, urgieron a diputadas y diputados a construir un plan de trabajo que integre propuestas de la sociedad civil y de diversos sectores sociales. 

Integrantes del Frente Cívico por Morelos señalaron que la agenda parlamentaria debe responder a los problemas prioritarios de la entidad, al considerar que actualmente existe rezago en temas relacionados con seguridad pública, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional. 

El vocero del organismo, Francisco Radilla Corona, recordó que, conforme a la Constitución local, el periodo ordinario inició el 1 de febrero, por lo que insistió en la necesidad de que el Congreso priorice reformas que fortalezcan la vida institucional del estado y establezcan mecanismos efectivos de transparencia. 

El representante ciudadano cuestionó el nivel de gasto del Poder Legislativo frente a sus resultados. Indicó que el Congreso ejercerá este año un presupuesto cercano a los 700 millones de pesos, lo que lo ubica entre los diez congresos locales más costosos del país y en el cuarto lugar nacional en gasto por habitante, con aproximadamente 282 pesos por ciudadano. 

Sin embargo, sostuvo que el rendimiento parlamentario no corresponde a los recursos asignados, al señalar que, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos del INEGI, el Congreso de Morelos se mantiene entre los últimos lugares en productividad, con un promedio cercano a 100 iniciativas presentadas en periodos recientes. 

Además, cuestionó la calidad del trabajo legislativo al señalar que algunas reformas han requerido modificaciones posteriores, como ocurrió con la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial y la Ley del Servicio Civil. 

“Hay diputadas y diputados que ni siquiera leen las iniciativas que aprueban”, acusó Radilla Corona. 

Señalamientos sobre fiscalización y auditorías 

Integrantes de la citada organización, también advirtieron la existencia de presuntas redes de protección dentro del Congreso que obstaculizan la vigilancia del uso de recursos públicos, particularmente en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 

El Frente Cívico manifestó su rechazo a prácticas como el nepotismo, el influyentismo y la simulación legislativa, al considerar que generan esquemas de protección que afectan la función pública. 

En ese contexto, cuestionaron la permanencia del titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, quien enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto conflicto de interés. 

Asimismo, señalaron que el Congreso mantiene rezagos en la revisión de cuentas públicas, lo que ha impedido avanzar en auditorías a exalcaldes y exfuncionarios municipales, situación que —advirtieron— debilita la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. 

El vocero Frente Cívico por Morelos sostuvo que la ESAF debe ser objeto de una reforma que fortalezca sus capacidades técnicas de fiscalización y garantice su independencia, al considerar que actualmente no cumple plenamente con su función de vigilancia del gasto público. 

Exigen mayor control al Ejecutivo en materia de seguridad 

Las organizaciones también pidieron al Congreso ejercer sus facultades de control político para exigir explicaciones a funcionarios del Ejecutivo estatal sobre el aumento de delitos. 

En particular, propusieron que, en el marco del primer informe de gobierno de la titular del Ejecutivo estatal, Margarita González Saravia, el Congreso cite a comparecer al titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano Miguel Ángel Urrutia Lozano para informar sobre el incremento de delitos como la extorsión y el cobro de piso, principalmente en municipios de la zona oriente, como Cuautla. 

Radilla Corona advirtió que el repunte de la inseguridad mantiene en preocupación a la población, aunque reconoció la disposición del gobierno estatal para atender el problema, por lo que insistió en la necesidad de coordinación entre poderes para generar resultados efectivos. 

Finalmente, el Frente Cívico llamó al Congreso local a abrir espacios de diálogo con la sociedad civil e integrar sus propuestas en la agenda legislativa, con el objetivo de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.